La rehabilitación del barrio de La Paz

La historia de los intentos de remodelación de La Paz es la de una serie de decepciones para vecinos y propietarios del barrio y la escenificación de numeritos fantásticos con promesas de paraíso terrenal en la tierra, arquitecto superfamoso incluido, que no esconden sino especulación y ambición desmedida junto a ingenuidad y dejación oficial de funciones.

La experiencia de las dos décadas pasadas con respecto a esa zona de Murcia camino de convertirse en gueto (si no es ya) demuestra que las administraciones públicas, en este caso Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, no pueden dejar en manos privadas la gestión de bienes que afectan a la calidad y a la esperanza de mejora de vida de cientos de vecinos. Máxime si el área en cuestión está habitada por gentes de bajo poder adquisitivo y condiciones vitales de precariedad a todos los niveles.

Los sucesivos gobiernos del alcalde Cámara dejaron en manos del promotor López Rejas la solución, sin que algunos lustros después se atisbe salida alguna. Ha habido promesas a tutiplén, reuniones aclamatorias del benefactor, protestas contra los obstáculos municipales... También compraventa espuria de pisos, acumulación de propiedad horizontal para especular con pingües beneficios del plan auspiciado por el prócer de la construcción. Y, sobre todo, dejación de funciones por el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, responsables de la gestión del común municipal y propietaria de inmuebles, respectivamente.

El resultado a la vista está. El benefactor vuelve a la carga con el beneplácito de unos cuantos vecinos/propietarios que creen la promesa de cambiarles pisos de 40 metros por otros de 90 a coste cero. Por lo menos la Corporación social-centrista actual ha dejado ver esta vez que considera el proyecto ‘especulativo’. Algo se ha avanzado con respecto a la era PP/Cámara, que apoyaba sin ambages la supuesta conversión en paraíso terrenal del barrio, lavándose las manos más o menos descaradamente de cómo se haría.

El problema se plantea ahorita en los mismos términos que cuando se empezó a especular con el asunto hace alrededor de veinte años. Ni el promotor López Rejas está dispuesto a avalar los nueve millones de euros necesarios para hacerse con el control de la Junta de Compensación; ni Ayuntamiento y Consejería de Fomento parecen dispuestos a aunar esfuerzos y apostar por gestionar públicamente el ‘rescate’ del barrio y la población de La Paz.

Parece ser que los cuentos de la lechera ensoñados sobre el barrio no han acabado aún con el tarro roto como mandan los cánones, puesto que, inasequible al desaliento e impasible el ademán, el promotor/benefactor vuelve a insistir en su proyecto después de haberse ausentado y casi desaparecido durante algunos años. El sabrá por qué.

Ni por esas, también parece, que las administraciones públicas concernidas (Ayuntamiento y Comunidad Autónoma) estén dispuestas a reaccionar de una vez mientras la podredumbre se va haciendo endémica en la zona y sus vecinos siguen condenados a irse del barrio si quieren aspirar a vivir mejor. Falta que puedan, por cierto, ya que muchos de ellos están anclados en la cuasi marginalidad si las instituciones no colaboran para sacarlos de ella.

Esa debería ser una de las tareas primordiales del cualquier gestor del municipio de Murcia y de la Comunidad Autónoma: eliminar esa bolsa de deterioro social del mismo centro de la capital de la Región. Aunque solo fuera por los votos. Pero siendo las administraciones de distinto signo la colaboración se antoja imposible. Quizá si el PSOE mantuviera el bastón de mando en La Glorieta la próxima legislatura cambiaría algo. No hay prueba previa de ello, no obstante. En cualquier caso, queda claro que con el PP en el poder cualquier plan que no sea privado está fuera de lugar. A mayor gloria y beneficio de…. Los vecinos no, desde luego.

'Saquen sus sucias manos de ahí', por Pablo Molina

Uno de los barrios más degradados de Murcia puede convertirse en una zona con amplias avenidas, espacios verdes y nuevos edificios capaces de albergar nuevamente a todos los residentes, mejorando además sustancialmente sus condiciones de vida. De tener un apartamento destartalado de 50 metros cuadrados en un edificio sin ascensor, los residentes de la zona pasarán a ser propietarios de viviendas del doble de tamaño, con todas las comodidades que permite la tecnología moderna y en edificios de nueva planta con la garantía de plena accesibilidad para las personas con dificultades de movilidad. ¿Coste de la operación? Cero euros. Ni los habitantes de ese distrito ni los contribuyentes del municipio desembolsarán ni un solo euro para hacer realidad esta intervención urbanística, que pasaría a convertirse en un modelo para que otras muchas ciudades lleven a cabo actuaciones de este tipo en sus zonas más degradadas.

¿Cuál es el problema, entonces? preguntaría el extraterrestre recién aterrizado en Murcia tras conocer la cuestión. Pues los políticos, naturalmente, que se niegan en redondo a que los ciudadanos mejoren sus condiciones de vida sin que ellos participen directamente en la gestión.

Aquí todo tenemos que deberlo a los políticos, para que después sepamos a quién tenemos que votar, y si la gente más necesitada tiene que estar década tras década malviviendo en viviendas mugrientas, ubicadas en entornos nada saludables, pues que estén así hasta que el Ayuntamiento, la Comunidad o el sursum corda decida que hay que hacer algo al respecto.

En la intrusión de los políticos en la vida de los ciudadanos existe una perfecta unión entre todos los partidos, unánimes a la hora de poner trabas burocráticas para que nada pueda escapar de su ámbito de decisión. En el caso de la reforma del Barrio de La Paz es justo aplaudir esa unidad de acción entre PP y PSOE, hermanados en un asunto que ambos rechazan con la misma firmeza. En todos los demás asuntos disputan entre ellos y a veces de manera muy obstinada, pero si se trata de crujir a un sector de la población para impedirle que gestione por sí mismo la solución de sus problemas, ahí están los dos juntos, en plena sintonía, y apoyados en los flancos por la ultraizquierda, siempre dispuesta a defender cualquier medida liberticida.

Lo que sorprende es que casi veinte años después de iniciar esta carrera inmisericorde para poder cambiar el barrio, los vecinos y el promotor sigan firmes tratando de cumplir las condiciones abusivas que impone a cada momento la autoridad municipal.

Hay que tener una gran desvergüenza para decir, como ha hecho el actual alcalde, que no va a permitir que en La Paz haya especulación. Muy bien, haga usted entonces la reforma del barrio entero sin que le cueste un euro a los contribuyentes del municipio. Ah ¿que no puede? Pues entonces cállese y saque sus manos de un asunto que podría estar resuelto hace años si usted y sus antecesores hubieran tenido un mínimo de sensibilidad. De sensibilidad democrática, por cierto, porque el proyecto cuenta con el apoyo de la práctica totalidad de los propietarios del barrio, pero las decisiones del pueblo soberano solo cuentan cuando coinciden con los deseos de los políticos. En caso contrario ni se les pide opinión.

Pero el promotor de la rehabilitación y las víctimas del Ayuntamiento que viven en él están dispuestos a llegar hasta el final, algo que debería suscitar nuestro aplauso. El día en que lo consigan habrá que ponerles un monumento, aunque a este paso tengan que inaugurarlo sus nietos, cuando no sea la siguiente generación.