Es necesario poner orden en el uso del territorio? Por supuesto, si queremos eficacia en la gestión, competitividad en la economía y una mayor calidad de vida Un territorio no ordenado, como todo sistema descontrolado, tiende por sí solo a una mayor entropía, adquiriendo un comportamiento errático e impredecible que le lleva al caos. Un sistema territorial desordenado y, en consecuencia, caótico, no es eficiente.

Los territorios inteligentes son los territorios ordenados, los que controlan el sistema de usos colocando a cada uno en el lugar donde son más eficaces, donde cada uso interactúa con los demás de forma compatible, aportando al sistema las mayores ventajas y los menores inconvenientes. Y esto se consigue mediante la planificación.

Pero la planificación territorial puede ser determinista o estratégica, la primera pretende determinar cómo será el territorio en un largo plazo, de veinticinco o cincuenta años, mientras que la segunda establece una estrategia a seguir en función de unos objetivos que se deben alcanzar de forma progresiva.

El plan determinista es rígido, no tiene margen para adaptarse a nuevas circunstancias, imprevistos o cambios de paradigma, en cuyo caso sólo cabe la modificación, siguiendo el mismo método y procedimiento que se siguió para su aprobación, lo que lo hace muy poco operativo. Además, es poco realista, su modelo de ordenación para un plazo muy extenso, se basa en el análisis de la situación actual, situación que cambia constantemente y cada vez a mayor velocidad, por lo que sus determinaciones quedan obsoletas en poco tiempo, lo que hace que este tipo de planes sea inoperante, requiriendo de continuas modificaciones de larga tramitación. Porque, como afirmó Yuval Noah Harari, «por primera vez en la historia, la sociedad no sabe cómo va a ser el mundo en los próximos 25 años», es imposible poder proyectar hoy según las necesidades del futuro.

Por el contrario, los planes estratégicos definen la estructura general del territorio y unos objetivos a conseguir mediante acciones concretas, pero sin entrar en el detalle de la ordenación pormenorizada de las distintas partes del territorio, la cual se confía a planes de desarrollo en función de necesidades futuras. Son, por lo tanto, planes flexibles, que parten de una estrategia general y se van completando y definiendo conforme la situación sociocultural y económica lo va requiriendo, dentro del marco de los objetivos establecidos.

La Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956, reformada en 1975, inauguró, con calado general en nuestro país, la planificación urbanística determinista, estableciendo que todo el territorio nacional debía clasificarse, por el planeamiento general municipal, en tres tipos de suelo: el rústico, el de reserva urbana y el urbano; no cabía pensar que pudiera existir ni un solo metro cuadrado de suelo que escapase a esta clasificación. Por lo tanto, el destino del suelo quedaba determinado por el plan a perpetuidad, salvo que, mediante su modificación o revisión, fuera reclasificado.

Con la llegada de las autonomías y la asunción de competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, fueron surgiendo leyes autonómicas que regulaban estas cuestiones en sus propios ámbitos, pero, en su gran mayoría, inspiradas en la anterior legislación nacional.

La Agenda Urbana Española (AUE), iniciada por el anterior gobierno y aprobada en 2019 por el actual, prácticamente sin modificaciones, es un ejemplo de continuidad y de consenso ejemplar, que debería primar en las políticas de interés general de nuestro país. En ella queda establecida la nueva concepción de la política territorial basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030; los que recoge la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea, ambas aprobadas en el año 2016 (Declaración de Quito y Pacto de Ámsterdam, respectivamente).

La AUE declara, sin ningún paliativo, la obsolescencia de los planes deterministas y establece claramente la necesidad de abordar la planificación territorial mediante un marco estratégico y un enfoque integrado de las políticas urbanas, tanto a nivel regional como municipal. Apuesta decididamente por la ciudad que responde al modelo mediterráneo y que es compacta, densa, compleja, de tamaño medio, con mezcla de usos, que dispone de espacios urbanos seguros y de relación que protagonizan la vida en sociedad y que fomentan la diversidad social, todo lo cual facilita el desarrollo y el bienestar comunes.

Si queremos que la Región de Murcia se una a las Comunidades autónomas que ya están a la vanguardia en la utilización de la ordenación territorial estratégica, como herramienta imprescindible para lograr un territorio más resiliente, sostenible, competitivo y atractivo para las inversiones, es preciso apostar decididamente por la planificación estratégica del territorio municipal y regional, que propugna la Agenda Urbana Española, mediante la modificación legislativa que sea necesario promover, con decisión y sin complejos.