Pasaron los tiempos aquellos en que se ponía de ejemplo al Gobierno de la Generalitat de Cataluña hablando de su seny, de su saber estar, de todo aquello que transmitía el señor Pujol (ahora sabemos que ese no ruido era para que se amortiguara el del 3% que tantos réditos proporcionó a él y a los suyos), en contraposición al estruendo del País Vasco en medio de los tiros y las bombas de ETA.
Afortunadamente, los disparos y el ruido de las bombas cesaron en Euskadi, pero el ruido independentista ha ido acrecentándose en Cataluña. Porque desde el esperpento montado por Puigdemont y los suyos, saltándose a la torera la Constitución en la que no creen (Pujol hizo campaña a favor del sí) se ha ido acrecentando de manera exponencial los síntomas de deterioro de una sociedad, la catalana, absolutamente dividida y en la que, cada vez mas, se perciben síntomas poco democráticos.
Porque no es democrático que los relevos en la cúpula de los Mossos, la policía autonómica catalana, se produzcan en función de las investigaciones que los cesados llevan a cabo, como lo que ha ocurrido con el intendente Toni Rodríguez, destituido como responsable de la Comisaría General de Investigación Criminal. Porque es normal preguntarse si no tiene nada que ver esa destitución con que hace muy poco tiempo Rodríguez dijese en una acto publico que era necesario trabajar en conexión con jueces y fiscales, que era lo que estaba haciendo.
Así es que entendemos perfectamente la preocupación que, al parecer, ha ocasionado en sectores de la judicatura y la fiscalía de Cataluña este relevo, teniendo en cuenta que la unidad que dependía de Rodríguez se había encargado de la investigación de casos de corrupción que afectaban a responsables políticos del Govern, así como a políticos de Junts per Catalunya. Entre otros, a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que está acusada de prevaricación, malversación, falsedad y fraude.
Y, por supuesto, tampoco tiene nada de democrático que se intente eliminar la educación en castellano en los colegios de Cataluña, mediante amenazas a los padres y alumnos, que intentan defender sus derechos a ser educados, también, en esta lengua, como ha ocurrido en una escuela en Canet de Mar (Barcelona), donde unos padres tuvieron la osadía de pedir que su hija, una niña de cinco años de Educación Infantil, recibiese las clases en catalán y en castellano. Pero es que este problema no se da solo en enseñanza primaria, porque hace un tiempo la Plataforma Universitaris per la Convivència, de la que forman parte más de doscientos profesores de todos los campus catalanes, denunciaban lo que consideraban persecución al castellano tras la decisión de la Generalitat de investigar qué profesores no utilizaban el catalán en las aulas.
Que este tema es de capital importancia para el Govern ha quedado reflejado en el mensaje de Navidad de este año de Pere Aragonés, desde el centro educativo donde nació la inmersión lingüística, en Santa Coloma de Gramenet, y desde donde ha dejado muy claro que lo de la aprobación de los presupuestos tiene su precio al demandar que «2022 tiene que ser el año en que la negociación con el Estado avance y comience a dar resultados tangibles», presionando con un llamamiento a «construir alternativas». Y ya sabemos que las ‘alternativas’ de los independentistas suelen estar relacionadas con saltarse a la torera la Constitución. Porque lo ha dejado muy claro en su mensaje, al decir que «la resolución del conflicto pasa por el ejercicio del derecho a la autodeterminación y a la amnistía». Es decir, continua pensando que «el referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña lo organiza el gobierno de Cataluña». Pero yo sigo creyendo en el presidente Sánchez cuando apuntaba aquello de que «lo que sea España, tendremos que decidirlo todos los españoles, no una parte de ellos».
