Todo tiene un límite. Pedro Sánchez ha traspasado una nueva línea roja al atacar y desamparar a quienes se juegan todos los días su vida defendiendo nuestra libertad y nuestra seguridad. Rechazamos tajantemente una modificación de la Ley de Seguridad y Protección Ciudadana que deja vendidos a nuestros agentes de Policía y Guardia Civil frente a los delincuentes, lo que a su vez conlleva, no lo olvidemos, desproteger a las personas de bien.
Sin la labor fundamental, muchas veces heroica, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes de la legalidad, el orden público y los derechos y libertades de todos, no serían concebibles ni la democracia ni el Estado de Derecho. No por casualidad, la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto con las Fuerzas Armadas y la Monarquía, se sitúan entre las instituciones mejor valoradas por los españoles. Y no por azar, son justamente las más denostadas por los socios radicales de Sánchez, tanto comunistas como independentistas, a los que, de esta manera, el inquilino de la Moncloa busca satisfacer una vez más con tal de mantenerse en el poder.
Porque es cierto que esta contrarreforma contra nuestra policía no beneficia solo a unos delincuentes que lo tendrán más fácil para cometer sus fechorías: también a los extremistas que sostienen al Gobierno de Sánchez, y quizá al mismo PSOE, quienes parece ser que dan por perdidas las próximas elecciones generales y están preparando el terreno para tomar las calles mediante la algarada una vez vuelvan a la oposición.
Muy significativamente, este proyecto normativo del Gobierno social-comunista ha concitado el rechazo unánime entre los sindicatos, colectivos profesionales y mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los que seguiremos respaldando y apoyando en todas las manifestaciones y movilizaciones convocadas por sus representantes en contra de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende perpetrar Pedro Sánchez. Porque los cambios que contempla atan de pies y manos a nuestros agentes y dan carta blanca a delincuentes y criminales.
Así por ejemplo, se quiere restar presunción de veracidad a los atestados policiales, y, además, medios de prueba como las grabaciones de los agentes para respaldar su versión van a verse limitadas en casos como las protestas. Para más inri, se pretende eliminar la prohibición de difundir las imágenes de los policías sin contar con autorización, con el peligro que ello puede conllevar, no solo para ellos, sino también para sus familias.
Encima, se pretende convertir a los agentes en una especie de taxistas al obligarles a devolver al detenido al lugar donde se produjo su arresto o la intervención policial. Un auténtico despropósito, ya que, por ejemplo, podemos imaginar las serias consecuencias que puede conllevar devolver a un parque de niños o a la puerta de un colegio a un sospechoso de pederastia que haya sido detenido allí.
Y qué decir del plazo de retención de una persona que se ha negado a ser identificada cuando en ese tiempo puede que sea imposible siquiera su traslado a dependencias policiales, ya que esta reforma pretende que los agentes, tras la detención del sospechoso, tengan que quedarse en la zona para tomar declaraciones. Estamos ante un Gobierno que desconoce absolutamente los procedimientos policiales.
Permitir las concentraciones o marchas ‘espontáneas’, sin comunicarlas previamente ni advertir de sus recorridos, además de ser muy posiblemente inconstitucional, constituye una auténtica irresponsabilidad, pues supone una invitación a radicales y violentos para originar problemas que pueden poner en riesgo, no solo a los propios agentes, a los que se obligaría a intervenir de forma precipitada, sino a las libertades del resto de los ciudadanos, cuya integridad física además podría verse comprometida al no haberse podido preparar un dispositivo policial para hacer frente a posibles incidentes.
Esta es la España que quiere Pedro Sánchez, en la que se castiga a los que velan por nuestra protección y nuestros derechos y libertades y se recompensa al delincuente y al criminal.
Eso sí, si finalmente se llega a aprobar esta desafortunada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que plantea la izquierda, desde el PP la recurriremos ante el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, nos encontramos ante una nueva contrarreforma sanchista con fecha de caducidad, ya que será derogada en cuanto Pablo Casado llegue a la Moncloa.
Sin seguridad no hay libertad. Desde el Partido Popular no vamos a tolerar semejante atropello a la protección de quienes nos protegen.
