"Malos tiempos para la lírica", que diría la canción ochentera, pues sí, son ‘malos tiempos’ para ser policía o guardia civil. Son malos tiempos por muchas razones, por la falta de plantillas, de vehículos o de material, por el aumento de la delincuencia y de nuevos delitos cada vez más graves y difíciles de investigar, desde el narcotráfico en el Campo de Gibraltar hasta los delitos tecnológicos, por el aumento de la conflictividad social, desde las manifestaciones independentistas hasta los macrobotellones post-covid. Pero sobre todo ‘malos tiempos’ para ejercer nuestra función y obligaciones con la autoridad debida y consecuentemente con la seguridad necesaria para guardias civiles y policías.
Ahora guardias civiles y policías nos encontramos con el trámite parlamentario de la Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y no porque no sea necesaria u oportuna realizarla, máxime cuando fue tan controvertida su promulgación, sino porque la seguridad ciudadana no debería llevarse al ring del combate político, no debe jugarse con la seguridad de los ciudadanos y de aquellos que deben ejercer su protección, es decir, de policías y guardias civiles.
No seré yo quien diga que las leyes no deben modificarse, claro que sí, toda ley debería estar en constante adaptación a la sociedad a la que pretende servir, pero nunca para empeorarla o retroceder en derechos. Y digo retroceder porque algunos de los artículos que se pretenden reformar perjudican gravemente a la seguridad ciudadana y a los garantes de la misma e incluso los pone en grave peligro.
Si no cómo podemos explicar que se pretenda modificar la Ley admitiendo como legal que cualquier ciudadano pueda grabar imágenes de policías y guardias civiles y publicarlas en redes sociales libremente, una vez mofándose y vejándolos y en otras poniendo en peligro su integridad física o social al desvelar su identidad públicamente y por ende la de su familia. ¿Ya nos hemos olvidado de la lacra etarra que dejó cientos de policías y guardias civiles muertos o heridos? O más recientemente ¿nos hemos olvidado del acoso que hemos sufrido en el llamado proceso catalán, de los macrobotellones violentos post-covid o de los atropellos y linchamientos que sufren nuestros compañeros en el Campo de Gibraltar por narcotraficantes? Si la clase política lo ha olvidado, las organizaciones policiales no lo hemos hecho y advertimos que este tipo de conductas tienen que estar controladas y sancionadas por Ley.
Otra cuestión vital para guardias civiles y policías es haber puesto en entredicho la "presunción de veracidad de los agentes de la autoridad". En pocas palabras podríamos decir que dudar de ello es simplemente dudar de nuestra honorabilidad y profesionalidad. La presunción de veracidad es una herramienta jurídica que nos permite poder denunciar a los infractores y que nuestra denuncia tenga carácter de veraz, lo contrario sería que todas nuestras denuncias caigan en contradicción con el infractor y queden sin efecto. Por supuesto la presunción de veracidad debe estar sujeta a la Ley y por supuesto podrá ser vencida si existen pruebas en contra, no seremos nosotros los que no reconozcamos errores en ocasiones o incluso algún agente corrupto que no actué legalmente, pero esto sería un ínfimo porcentaje en un mar de legalidad y profesionalidad.
Existen otras modificaciones técnicas o burocráticas, que vienen a dificultar la labor policial, como el escaso tiempo para practicar identificaciones, las autorizaciones de facto de cualquier manifestación sin comunicar introduciendo el concepto de ‘espontáneas’ o la obligación de utilizar material antidisturbios no lesivo, que por otra parte es la propia Administración la que incumple al no dotarnos del material antidisturbios adecuado (balas de goma foam, personal suficiente en el control de los disturbios, etc.) Desde luego lo que no parece de recibo es que haya que disolver los disturbios cuerpo a cuerpo, porras y escudos contras cócteles molotov, cohetes o incendios de mobiliarios.
Todo ello nos lleva a algo inevitable: la quiebra del principio de autoridad, quiebra que irremediablemente nos lleva a la falta de respeto y de desobediencia hacia los agentes, lógicamente aupados por la falta de unas leyes que nos permitan denunciar estas conductas, controlarlas y con ello garantizar la seguridad pública del resto de ciudadanos y ciudadanas que si respetan las normas y a los guardias civiles y policías que hacen que se cumplan.
Dejar el Código Penal como única protección legal es un grave error porque por una parte muchas conductas incívicas quedarán impunes y por otra casi con toda seguridad habrá un aumento de las infracciones penales de desobediencia y resistencia a agente de la autoridad como única salida para controlar ciertas infracciones. Incluso podría ser peor, podría llegar un momento en que policías y guardias civiles llevados al extremo del hartazgo desistan de controlar ciertas conductas y muchos infractores ‘campen a sus anchas’.
Romper el equilibrio del binomio seguridad-libertad es muy peligroso; en las dictaduras la seguridad tiene un peso excesivo y pierde la libertad del ciudadano, pero no es menos importante una malentendida libertad, que despoja a las fuerzas de seguridad de las herramientas necesarias. El equilibrio es difícil, pero este es la garantía de los derechos de los ciudadanos en democracia y precisamente esto es lo que estamos defendiendo policías y guardias cMalos tiempos para la lírica», que diría la canción ochentera, pues sí, son ‘malos tiempos’ para ser policía o guardia civil. Son malos tiempos por muchas razones, por la falta de plantillas, de vehículos o de material, por el aumento de la delincuencia y de nuevos delitos cada vez más graves y difíciles de investigar, desde el narcotráfico en el Campo de Gibraltar hasta los delitos tecnológicos, por el aumento de la conflictividad social, desde las manifestaciones independentistas hasta los macrobotellones post-covid. Pero sobre todo ‘malos tiempos’ para ejercer nuestra función y obligaciones con la autoridad debida y consecuentemente con la seguridad necesaria para guardias civiles y policías.
Ahora guardias civiles y policías nos encontramos con el trámite parlamentario de la Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y no porque no sea necesaria u oportuna realizarla, máxime cuando fue tan controvertida su promulgación, sino porque la seguridad ciudadana no debería llevarse al ring del combate político, no debe jugarse con la seguridad de los ciudadanos y de aquellos que deben ejercer su protección, es decir, de policías y guardias civiles.
No seré yo quien diga que las leyes no deben modificarse, claro que sí, toda ley debería estar en constante adaptación a la sociedad a la que pretende servir, pero nunca para empeorarla o retroceder en derechos. Y digo retroceder porque algunos de los artículos que se pretenden reformar perjudican gravemente a la seguridad ciudadana y a los garantes de la misma e incluso los pone en grave peligro.
Si no cómo podemos explicar que se pretenda modificar la Ley admitiendo como legal que cualquier ciudadano pueda grabar imágenes de policías y guardias civiles y publicarlas en redes sociales libremente, una vez mofándose y vejándolos y en otras poniendo en peligro su integridad física o social al desvelar su identidad públicamente y por ende la de su familia. ¿Ya nos hemos olvidado de la lacra etarra que dejó cientos de policías y guardias civiles muertos o heridos? O más recientemente ¿nos hemos olvidado del acoso que hemos sufrido en el llamado proceso catalán, de los macrobotellones violentos post-covid o de los atropellos y linchamientos que sufren nuestros compañeros en el Campo de Gibraltar por narcotraficantes? Si la clase política lo ha olvidado, las organizaciones policiales no lo hemos hecho y advertimos que este tipo de conductas tienen que estar controladas y sancionadas por Ley.
Otra cuestión vital para guardias civiles y policías es haber puesto en entredicho la «presunción de veracidad de los agentes de la autoridad», en pocas palabras podríamos decir que dudar de ello es simplemente dudar de nuestra honorabilidad y profesionalidad. La presunción de veracidad es una herramienta jurídica que nos permite poder denunciar a los infractores y que nuestra denuncia tenga carácter de veraz, lo contrario sería que todas nuestras denuncias caigan en contradicción con el infractor y queden sin efecto. Por supuesto la presunción de veracidad debe estar sujeta a la Ley y por supuesto podrá ser vencida si existen pruebas en contra, no seremos nosotros los que no reconozcamos errores en ocasiones o incluso algún agente corrupto que no actué legalmente, pero esto sería un ínfimo porcentaje en un mar de legalidad y profesionalidad.
Existen otras modificaciones técnicas o burocráticas, que vienen a dificultar la labor policial, como el escaso tiempo para practicar identificaciones, las autorizaciones de facto de cualquier manifestación sin comunicar introduciendo el concepto de ‘espontáneas’ o la obligación de utilizar material antidisturbios no lesivo, que por otra parte es la propia Administración la que incumple al no dotarnos del material antidisturbios adecuado (balas de goma foam, personal suficiente en el control de los disturbios, etc.) Desde luego lo que no parece de recibo es que haya que disolver los disturbios cuerpo a cuerpo, porras y escudos contras cócteles molotov, cohetes o incendios de mobiliarios.
Todo ello nos lleva a algo inevitable: la quiebra del principio de autoridad, quiebra que irremediablemente nos lleva a la falta de respeto y de desobediencia hacia los agentes, lógicamente aupados por la falta de unas leyes que nos permitan denunciar estas conductas, controlarlas y con ello garantizar la seguridad pública del resto de ciudadanos y ciudadanas que si respetan las normas y a los guardias civiles y policías que hacen que se cumplan.
Dejar el Código Penal como única protección legal es un grave error, porque por una parte muchas conductas incívicas quedarán impunes y por otra casi con toda seguridad habrá un aumento de las infracciones penales de desobediencia y resistencia a agente de la autoridad como única salida para controlar ciertas infracciones. Incluso podría ser peor, podría llegar un momento en que policías y guardias civiles llevados al extremo del hartazgo desistan de controlar ciertas conductas y muchos infractores ‘campen a sus anchas’.
Romper el equilibrio del binomio seguridad-libertad es muy peligroso; en las dictaduras la seguridad tiene un peso excesivo y pierde la libertad del ciudadano, pero no es menos importante una malentendida libertad, que despoja a las fuerzas de seguridad de las herramientas necesarias. El equilibrio es difícil, pero este es la garantía de los derechos de los ciudadanos en democracia y precisamente esto es lo que estamos defendiendo policías y guardias civiles.
Por todo ello, desde la neutralidad política, más de cuarenta organizaciones policiales (entre ellas AUGC) hemos constituido la Plataforma No a la #españa insegura, cuya primera movilización de muchas otras, se realizará el próximo 24 de noviembre en la Delegación de Gobierno de Murcia. Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar, porque no solo defendemos la seguridad y los derechos de policías y guardias civiles sino de toda la ciudadanía.
