La violencia contra las mujeres

El consumo temprano de pornografía entre los adolescentes está formando a generaciones enteras en un concepto machista, violento y misógino de las relaciones sexuales

En el año 2014, y como vicesecretaria general del PSOE (entonces en la oposición), me dirigí por carta a la secretaria general del PP, Ana Mato, para proponerle la construcción de un gran pacto de Estado contra la violencia de género. La realidad de esa violencia exigía, desde nuestro punto de vista, un trabajo impulsado, acordado y coordinado por todos los poderes públicos y todas las fuerzas políticas. 

Nuestra iniciativa partía de la base de que el Estado tenía la obligación de proteger a las mujeres amenazadas por sus parejas o exparejas y que vivían situaciones de verdadero terror en sus casas siendo sus hijos, muchas veces también, víctimas de las agresiones y del miedo cotidiano. 

Pensábamos que los grupos políticos eran los principales responsables de elaborar ese gran pacto enviando así un mensaje contundente a los maltratadores: no importa quién gobierne; el combate contra la violencia de género es un compromiso de Estado.

Entonces, y desgraciadamente, la iniciativa del PSOE fue ignorada por el Gobierno del PP, pero, en el año 2017, finalmente vio la luz el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que aborda esta en todos los niveles de la sociedad y que ha resultado enormemente útil en la lucha contra el marco de violencia en el que viven tantas mujeres.

Aun así, y en lo que va de año, tenemos que lamentar el asesinato de 37 mujeres y cinco menores a manos del machismo criminal, y que 24 niños y niñas hayan quedado huérfanos por esa causa.  

Esta brutal realidad ni siquiera refleja muchos otros aspectos de la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas, y que también requieren de atención urgente. El consumo muy temprano de pornografía entre nuestros adolescentes, por ejemplo, está formando a generaciones enteras en un concepto machista, violento y misógino de las relaciones sexuales con consecuencias realmente peligrosas para las niñas.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género debe actualizarse en 2022. Tras cinco años de vigencia, seguro que es posible mejorarlo. Las administraciones públicas conocen bien las virtudes y también las limitaciones de ese marco de trabajo y la necesidad de consolidarlo y de dotarlo de mayores recursos.

España es un país reconocido a nivel internacional por su amplio compromiso a favor de la igualdad y contra la violencia que sufren las mujeres. El alto grado de consenso político en torno a estos objetivos es nuestra principal fortaleza para el largo camino que aún nos queda por recorrer.  

La violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas no puede formar parte de la contienda política de unos contra otros. Esperamos que los grupos parlamentarios y los partidos levanten la vista, estén a la altura de la urgencia que este compromiso necesita y sepan, a través de un diálogo riguroso y sereno, resolver sus diferencias. 

Las mujeres y las niñas, y el conjunto de la sociedad agradecerán, estoy segura, la unanimidad política contra la violencia de género. Sería un gran mensaje.  

Unidad y compromiso, por Susana Camarero

Un pacto que necesita ser implementado, que ha estado ralentizado, frenado en los últimos años por una ministra que no lo apoyó y no lo considera propio. Un pacto cuya vigencia termina en unos meses pero que es necesario renovar, blindar y garantizar, tanto su financiación como sus medidas

El 25 de noviembre celebramos el Día Internacional contra la Violencia de Género y debemos seguir recordando que esta es la cara más cruel de la desigualdad, de un machismo que sigue maltratando y asesinando a mujeres por el hecho de serlo. Una violencia con distintas formas: la que se ceba con los más inocentes para matar en vida a sus madres; la violencia sexual que no deja de crecer, que se multiplica y ensaña con las más jóvenes, una violencia cada vez más numerosa y más cruel; la violencia digital que requiere una respuesta urgente; la múltiple violencia que sufren las mujeres con discapacidad; sin olvidar la trata, que requiere una legislación inaplazable.

Una violencia que, lejos de disminuir, sigue creciendo, convirtiéndose en un riesgo vital durante la pandemia para miles de víctimas que han tenido que convivir con su agresor durante todo este tiempo sin interrupción, sin salida, sin refugio, sin escapatoria. Sus hogares, los que las protegían de la violencia del virus, se convertían en su cárcel contra un virus más potente, más letal y silencioso llamado violencia de género.

Por eso, son días para recordar a las 37 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, a los cinco menores que perdieron la vida a manos der sus propios padres, y a los 24 menores huérfanos de esta sinrazón. Pero también son días para reconocer que España es uno de los países más avanzados en cuanto a legislación, y que, durante años, el consenso ha imperado en una lucha que nos incumbe a todos, administraciones, partidos políticos, asociaciones y la sociedad en su conjunto. 

En 2004, Rodríguez Zapatero promovió la Ley Integral aprobada por unanimidad; en 2017, Rajoy impulsó el Pacto de Estado respaldado por todos los partidos, con la excepción de Podemos, y ahora es el momento de seguir reclamando unidad, altura de miras y esfuerzo conjunto para vencer el maltrato.

Porque hay que seguir dando respuestas y soluciones a las mujeres y a los menores que sufren en su casa el horror de la violencia. Porque hay que ofrecer a las víctimas la protección, asistencia y recuperación que necesitan, porque los maltratadores deben sentir el rechazo de toda la sociedad y recibir el castigo que merecen.

Contamos con un Pacto de Estado que es un hito histórico, pero también la mejor hoja de ruta para combatir esta violencia, con medidas transversales que nacen del trabajo y compromiso de las fuerzas políticas, administraciones y asociaciones que trabajan con las víctimas.

Un pacto que necesita ser implementado, que ha estado ralentizado, frenado en los últimos años por una ministra que no lo apoyó y no lo considera propio. Un pacto cuya vigencia termina en unos meses pero que es necesario renovar, blindar y garantizar, tanto su financiación como sus medidas. No es el momento de cambiar la ley, ni de abrir debates estériles para adjudicarse la titularidad de un pacto que es del conjunto de la sociedad. Un pacto que hay que reeditar porque las víctimas merecen unidad, consenso y compromiso. 

Solo juntos y juntas, hombres y mujeres, fuerzas políticas, administraciones y sociedad civil lograremos acabar con la violencia de género.