Desde el Partido Popular y el Gobierno regional vamos a hacer todo lo posible para evitar o, al menos, mitigar los severos daños que va a producir en nuestro sistema educativo el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Sánchez por el que se eliminan las pruebas de recuperación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y permite pasar de curso independientemente de las materias suspendidas. Haremos uso de todas las herramientas legales, porque se trata de una medida inadmisible, que devalúa gravemente la calidad educativa.

En concreto, este Real Decreto, que no es sino la nefasta consecuencia de una Ley Celaá que desarrolla, establece que el número de suspensos no sea el único criterio para que un estudiante promocione de curso, sino que se basará en una decisión colegiada del equipo docente del centro. De tal forma que la repetición de curso va a ser ahora muy excepcional en las distintas etapas de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP y dejará de estar condicionada por el número de materias superadas, ya que la decisión pasará a recaer enteramente sobre un equipo docente de forma colegiada.

Una disparatada medida que no solo lleva consigo una tremenda inseguridad jurídica, en primer lugar para el propio profesorado, tal y como están ya denunciando distintas asociaciones de profesores y sindicatos de educación. No solo se crearán agravios entre centros educativos debido precisamente a que cada claustro de profesores decide qué hacer con cada alumno, lo que supondrá un ataque a la igualdad de oportunidades. Sobre todo, dejar en el equipo docente, y no en criterios objetivos e iguales para todos basados en principios como el esfuerzo y la superación, la decisión de si un alumno repite o no curso condena a nuestros jóvenes a una educación de segunda y a no ser competitivos cuando deban salir a someterse a los rigores del mercado laboral.

La calidad del sistema educativo ha sido siempre el mejor ascensor social para los que, por ejemplo, vienen de los entornos más desfavorecidos pero se esfuerzan en superar todas las materias y prepararse para afrontar un futuro en mejores condiciones. Pero el socialismo ‘igualitario’ se empeña en degradar la Educación igualando a los alumnos a la baja para que en el futuro estén todos igualados en la mediocridad.

El futuro de nuestros jóvenes no pasa por acabar con el mérito y el esfuerzo en la Educación, sino por todo lo contrario, por fomentar la excelencia y valorar la capacidad de superación. Qué motivación puede encontrar un alumno en esforzarse y superarse en cada etapa cuando se le transmite el mensaje de que no hará falta aprobar un número de asignaturas para pasar de curso. Qué valor van a tener ahora para los estudiantes los conocimientos que les transmita el profesorado, si su mayor o menor asimilación no va a tener la menor importancia. Y cómo van a gestionar y afrontar nuestros jóvenes los fracasos y las contrariedades con las que se encuentren a lo largo de su vida laboral… y personal, si no han aprendido a hacerlo en toda su etapa educativa.

Con esta nueva vuelta de tuerca, no solo se pretende decir adiós al esfuerzo y al mérito y hacer realidad el objetivo último de cualquier socialismo que se precie, que es la mediocridad por norma. Además, el Gobierno de Sánchez intenta maquillar de esta forma los altos índices de fracaso escolar que tenemos en España, que es como resolver un problema negando su existencia. Eso sí, difícilmente podrá ocultar los escandalosos niveles de paro juvenil en nuestro país, que ahora se sitúa nada menos que en un 40%, porcentaje que por desgracia se quedará incluso corto si esta funesta contrarreforma educativa se asienta. Aunque ya sabemos que este PSOE de Sánchez no tiene entre sus prioridades crear las condiciones para que los jóvenes puedan labrarse por sí solos su prosperidad y su futuro, sino comprarles su voto.

El Gobierno regional ya ha tenido que tomar medidas para proteger a la educación concertada y a la libertad educativa de los ataques del Gobierno social-comunista. En la Región de Murcia el decreto de admisión ha permitido que el 95 por ciento de las familias murcianas hayan elegido el modelo educativo y el centro de sus hijos con total libertad, invalidando de esta forma aspectos de la Ley Celaá. Pues bien, seguiremos utilizando todos los recursos que la legalidad permita para continuar defendiendo un sistema educativo de calidad que garantice el futuro de nuestros jóvenes.