El Mar Menor, situado en la Región de Murcia, está peor que nunca. Desde el año pasado, los habitantes de la zona reclaman que la laguna salada tenga derechos propios. El objetivo es evitar el colapso total del ecosistema. ¿Ofrece el reconocimiento de derechos a este ecosistema ventajas con respecto a la legislación medioambiental actual?

El Mar Menor —la mayor laguna de agua salada de Europa— es actualmente noticia por su desastroso estado de conservación. Los ciudadanos de las poblaciones ribereñas pusieron en marcha una ILP para el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor ya en el año 2020. El objetivo es el reconocimiento de los derechos propios del Mar Menor. El ayuntamiento de Los Alcázares, municipio que bordea la laguna, y la Junta Electoral Central aprobaron la iniciativa. Los promotores de la ILP acaban de presentar cerca de 640.000 firmas a la Junta Electoral Central, mucho más de las 500.00 firmas que exige la ley. Ahora se verificará la admisibilidad de las firmas y luego se iniciará el procedimiento parlamentario.

El proyecto de ley, que consta de sólo seis artículos, reconoce, por ejemplo, el derecho de la laguna a existir como ecosistema. La representación del Mar Menor está encomendada a tres grupos. Los representantes legales son: un miembro de la Administración pública responsable junto con un representante de los residentes ‘marmenorenses’. El segundo grupo lo forma una comisión de seguimiento, los guardianes/guardianas de la laguna. El tercer grupo es un comité científico asesor. Además, cualquier persona física o jurídica está facultada para hacer valer los derechos del Mar Menor ante los tribunales en su nombre.

Este modelo de representación combina dos aspectos importantes: cada uno de ellos es responsable de verificar que se respeten los derechos. La designación adicional de representantes específicos garantiza la fiabilidad y la experiencia profesional. Es de esperar que la distribución de la representación en muchos hombros no conduzca a la inactividad en la creencia de que el otro grupo respectivo se sienta responsable.

Este proyecto de ley, que ahora está sobre la mesa, todavía puede ser modificado por el Congreso y los promotores de la ILP en el curso del proceso legislativo.

Los derechos para la naturaleza pueden tener un efecto a nivel legal. Las violaciones de las actuales disposiciones medioambientales no siempre son exigibles ante los tribunales; los derechos de la naturaleza podrían mejorar esta exigibilidad. Por lo demás, si se reconoce el derecho a la existencia del ecosistema, es necesario definir un punto de inflexión a partir del cual su existencia ya no estaría garantizada. Esto no significa en absoluto que las normas de protección medioambiental existentes queden obsoletas. Más bien cabe esperar que surtan efecto antes de que se viole el derecho a la existencia de un ecosistema.

En segundo lugar, los derechos para la naturaleza tienen el potencial de cambiar la relación de las personas y la sociedad con la naturaleza. La naturaleza pasa de ser un objeto subordinado a una contraparte (legal). Así lo demuestra también la iniciativa por los derechos del Mar Menor: la gente de su entorno percibe que algo va mal en el ecosistema, que está ‘enfermo’. El ecosistema se convierte en un sujeto no sólo legal, sino también en la percepción individual y colectiva, que necesita ciertas condiciones para existir; es decir, que tiene necesidades.

Los derechos de la naturaleza ya están reconocidos en más de veinte jurisdicciones de todo el mundo, incluyendo en áreas de Estados Unidos, Ecuador, Uganda, Nueva Zelanda y Bangladesh. Además, existen numerosas iniciativas para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, en el estado alemán de Baviera también se ha anunciado un referéndum a partir de octubre de 2021 con el objetivo de reconocer derechos para la naturaleza. Según una encuesta del instituto de sondeos IPSOS, el 64% de los europeos está a favor del reconocimiento de derechos a la naturaleza.

¿Son los derechos para la naturaleza el hechizo mágico que resolverá los problemas medioambientales del Mar Menor? Por desgracia no es tan sencillo. Los derechos para la naturaleza sólo pueden provocar un cambio si se respetan o, en caso de que no se respeten, si se emprenden acciones legales contra quienes no los cumplan. Igualmente importante es la aplicación de las decisiones judiciales. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos propios para el Mar Menor tiene mucho potencial para mejorar la situación, tanto a nivel legal como a nivel social. Legalmente, se puede regular un ‘umbral mínimo de subsistencia’ para el Mar Menor, cuya garantía sea supervisada por responsables seleccionados y aplicada por todos, así como por los tribunales. A nivel social, se puede iniciar un cambio de perspectiva para considerar a la naturaleza como ‘alguien’, como una contraparte viva en lugar de un mero objeto del que los humanos se sirven.

Frente a estas posibilidades, el riesgo parece pequeño: seis nuevas normas jurídicas que, en el peor de los casos, no se aplicarían.