El papa Francisco acaba de emitir un Motu proprio sobre la transparencia en los usos del dinero entre los que trabajan en el Vaticano o para él. En él se establecen los criterios éticos que deberán cumplir todas aquellas personas que o bien tengan cargos o bien ocupen puestos en Roma, sean eclesiásticos o no. Lo más significativo es que el papa obliga a cumplir con la Doctrina Social de la Iglesia en lo referente a inversiones o empresas, pues esta Doctrina Social, aunque es el criterio para la conducta política y económica de todo católico, no está recogida en ningún código de obligado cumplimiento. Desde ahora, al menos en quienes estén en el Vaticano, deberá ser de obligado cumplimiento. Por ejemplo, no podrán tener dinero en paraísos fiscales o en países con alto riesgo de evasión fiscal. No podrán invertir en empresas que contradigan la Doctrina Social, como la industria bélica, la que explota recursos sin criterios ecológicos o empresas que no cumplan con criterios de transparencia suficientes. Y no podrán aceptar regalos superiores a cuarenta euros.

Este paso es uno más en la dirección adecuada, la pregunta es para cuándo lo extenderemos a todas las diócesis, parroquias o comunidades católicas, pues a día de hoy, la gestión de todo lo referente al dinero en la Iglesia queda librado al cumplimiento de la ley, como no podía ser de otro modo, y a los criterios propios de cada obispo, párroco o instituto de vida religiosa. Es evidente que el movimiento del papa deberá ser tomado como ejemplo por toda la Iglesia, pero no es de obligado cumplimiento para todos. No puede ser que en algo tan importante como el uso del dinero, los católicos no tengan una orientación clara de cómo actuar, de modo que, por ejemplo, podamos discernir qué tipo de entidad bancaria es más apropiada, rechazando aquellas que financian la industria de armamentos, que tienen filiales en paraísos fiscales o que expulsan de sus casas a familias sin ninguna alternativa de vivienda. O bien, que cualquier institución que quiera llamarse católica cumpla obligatoriamente con la Doctrina Social en materia laboral, de inversiones y de uso de los rendimientos económicos.

Durante demasiado tiempo y con excesivo rigor, la Iglesia ha dictaminado a los creyentes qué debían hacer en la alcoba, dejando en un limbo de fe el comportamiento económico, ceñido únicamente a lo relativo al robo y a la caridad. Un cristiano podía, y puede, llamarse católico y explotar a sus trabajadores mientras observe los preceptos del sexto y noveno mandamientos; podrá ser admitido a la comunión a pesar de hacer ostentosos regalos a distinguidos purpurados, siempre que cumpla escrupulosamente con los días de precepto.

Parece que por fin la transparencia empieza a lucir en la Iglesia, ahora falta que la luz del Evangelio también lo haga en toda su plenitud.