A la hora en que usted lee este artículo sigue sin ser pública oficialmente la lista de los altos cargos del Gobierno regional que se han vacunado haciendo caso omiso del protocolo que ellos mismos tienen la obligación de hacer respetar para el conjunto de los administrados. Apelan desde el primer momento a la protección de datos, anteponiento un derecho de todos al de quienes trasgreden la norma en su beneficio, como si el delito pudiera beneficiarse de la ley.

Tan absurda es esta apelación que, de ser considerada, debiéramos estar en el banquillo quienes hemos dado publicidad a la vacunación del consejero de Salud, pues hemos violentado lo que él y su equipo pretendieron que se mantuviera oculto en el supuesto de que pertenecería a su intimidad. ¿Por qué a la prensa no se le aplica la Ley de Protección de Datos a este respecto? O sea, si constatamos que el concejal Felipe Coello se ha vacunado con triquiñuelas, es posible publicarlo sin reservas, pero quien debería informar al respecto no lo hace oficialmente porque transgredería la Ley de Protección de Datos. ¿Esto es serio? ¿Acaso Manuel Villegas, el primer alto cargo de Salud, no tendría derecho a la protección de datos y, sin embargo, el staff político bajo él sí puede guarecerse en ese subterfugio?

Este tipo de contradicción afecta a otros flecos del caso. Por ejemplo, la delegada de Ciudadanos en Murcia, Ana Martínez Vidal (con evidente buen criterio, subrayo), a la vista de la opacidad de los socios del Ejecutivo al que pertenece, toma la iniciativa de solicitar en la Asamblea una comisión de investigación sobre el ´caso vacunas', pero a la misma vez, su compañera de Gobierno y de partido, la sumergida Beatriz Ballesteros, titulada paradójicamente consejera de Transparencia, da a conocer un informe jurídico que establece limitaciones severas al conocimiento que sobre el asunto puede llegar a la opinión pública. Un pasito palante, María, un pasito patrás.

Por no hablar de la evidente diferencia de tratamiento desde la cúpula de Ciudadanos del ´caso vacunas' en la Comunidad y en el ayuntamiento de Murcia, donde se ha abierto de nuevo una solapada crisis, pues el francotirador Mario Gómez ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para arrearle al popular José Ballesta dos calificaciones tremebundas: una, es un vendehúmos; otra, el alcalde, su socio, es el peor que ha tenido la ciudad de Murcia en el periodo democrático. Cabe preguntarse qué hace Mario Gómez gobernando en comandita con quien dispone de tal perfil, pero también qué hace Ballesta coaligado con quien así lo considera, de todo lo cual cabe deducir que más temprano que tarde podrían salir del gobierno municipal dos por el precio de uno: Coello, que ya está tardando, y Goméz, que se lo está buscando.

En ese contexto, es raro que Martínez Vidal, que tan aguerrida se ha mostrado en el Gobierno al respecto de la vacunación clandestina de altos cargos, no apoye ni deje de apoyar con la misma expresividad al portavoz municipal capitalino de Ciudadanos. Hay quienes aseguran, y es una impresión legítima, que el ´informe Ballesteros' es una reculada, pues de mantenerse la tensión en el interior de la coalición de Gobierno, el futuro político de los actuales dirigentes de Cs, encomendado a la percha del PP, estaría en el alero.

Credibilidad a cero

Hay quienes se preguntan qué necesidad tiene Fernando López Miras de ocultar una información claramente demandada por la sociedad que administra, pues el secretismo impropio está dando lugar a la propagación de todo tipo de supuestos, ninguno de los cuales lo beneficia. Es tal la falta de credibilidad de él y de su Gobierno que hasta corren todo tipo de rumores acerca de la identidad de ciertos comensales del restaurante Salzillo, a cien euros el menú clandestino, entre los que hay incluso testigos supuestamente presenciales que señalan la asistencia intermitente al local de autoridades muy destacadas, incluso hay quienes aseguran haber visto salir corriendo a un alto cargo del Gobierno el mismo día de la intervención policial, y de este modo sería explicable que tal intervención no incluyera la retención para identificar a los detenidos.

Toda esa rumorología pudiera ser falsa, y la lógica indica que debiera serlo, pero está propiciada por el hecho de que la credibilidad de este Gobierno no transmite ningún respeto. Si el esqueleto de la estructura administrativa sanitaria se ha vacunado anticipadamente haciendo ocultación de esa decisión, cualquier cosa es posible que puedan haber hecho. La cosa ha llegado al punto de que hay muchos que tampoco creen a los políticos que afirman que no se han vacunado, pues podrían haberlo hecho por el procedimiento de ´no registrados'. Casi nadie cree lo que dicen, de modo que casi todo lo que se dice puede ser creíble.

Cuando un Gobierno no da la cara, no informa sino de manera sesgada, no toma las decisiones que se esperan, abre con urgencia cortinas de humo para derivar la atención de lo principal y facilita gratuitamente que se eleve el nivel de la sospecha, es fácil deducir que tiene algo que ocultar. Y no es preciso insistir en que si esto fuera grave en cualquier circunstancia, lo es más cuando lo que está en juego es la gestión de una pandemia que se viene cobrando una media de tres decenas de vidas humanas al día, que se dice pronto. En esta hora necesitamos un Gobierno que no sea frívolo.

En las actuales circunstancias, ni siquiera atienden a su propio lema interno, exhibido de manera informal por alguna de sus consejeras: «En política, no se trata de trabajar; se trata de comunicar». Pues bien, comunicar, comunican, pero en el sentido de las llamadas telefónicas frustradas: Piiiii...

Normalizar la anormalidad

En este sentido, el de la comunicación, López Miras tiene grandes admiradores. Y algunos de ellos justifican la opacidad de su Gobierno en lo que sería una estrategia de alta inteligencia política, que se le puede suponer a él o a su Patrocinador externo, el recientemente loado por el senador Francisco Bernabé, Pedro Antonio Sánchez. Se trataría de hacer crecer la espuma de la sospecha sobre la vacunación de altos cargos por dos motivos: primero, para evitar que las informaciones se sumen al momento más crítico de la crisis sanitaria, y aplazar así la consecuencia de la estupefacción general; y segundo, para que cuando se produzca el momento inevitable en que los datos sean conocidos, los nombres más políticamente comprometedores estén ya alejados de sus cargos o no tengan tan elevada resonancia como la supuesta, de manera que se desinfle la expectación. Desinflar la expectación es un truco político que permite hacer pasar elefantes por el ojo de una aguja. Cuando te vienes a dar cuenta, lo que ayer era importante ha sido suplantado por otro asunto, se supone que más manejable. La vacuna para los escándalos políticos consiste en la saturación, es decir, en normalizarlos. Tanta intensidad acaba por establecer, esta vez sí, una ´nueva normalidad', consistente en que nada nos sorprende. Véase el caso Bárcenas: su confesión llega en un momento en que lo que venga a decir ya estaba amortizado, y hasta permite al PP justificar que se trata de una operación de la Fiscalía socialista para interferir en las elecciones catalanas, como si al PSOE le fuera necesario intentar reducir las expectativas del PP en Cataluña, donde éste no tiene ni expectativas. Lo mismo al respecto del ´caso vacunas': cuanto más se infle, con más rapidez se desinflará, una vez que baje la tensión por el acceso de la pandemia, si es que esto llegara a ocurrir, como deseamos.

Lágrimas de cocodrilo

Al mismo tiempo, es preciso reparar en un ´pequeño detalle'. El secretario general de Salud, Andrés Torrente, no se ha vacunado. Así lo atestigua su declaración pública y un certificado médico. ¿Es el único de la cúpula de Salud que ha resistido la tentación? Merece la pena detenerse a considerar el hecho: se trata del hombre de López Miras en Salud, colocado ahí probablemente por su paisano de Puerto Lumbreras Pedro Antonio Sánchez. La lógica indica que, tras la dimisión forzada del consejero Villegas, la cúpula política de la consejería seguirá sus pasos cuando baje la pandemia; esa es al menos la exigencia de la delegada de Cs, Martínez Vidal, y lo que resultaría coherente.

Podemos considerar entonces que tal vez las ´lágrimas' de López Miras al despedir al consejero Manuel Villegas fueran de cocodrilo, y en realidad el ya exconsejero hubiese podido ser víctima de una encerrona de su propio secretario general, a fin de liquidar a una personalidad independiente que avalaba la permanencia al frente del Servicio Murciano de Salud (SMS) de otro gestor todavía más independiente, Asensio López, a quienes en el PP llaman El Socialdemócrata por su defensa de la Sanidad pública, algo que para la clá de López Miras es una extravagancia, pues paradójicamente el presidente, cuyo deber es la gestión de lo público, es partidario de la ´libertad' en Sanidad, tanto como en Educación, y ya sabemos lo que esto significa: la prioridad del interés privado sobre el público so pretexto de una extrema y maquinal concepción del liberalismo ecoómico.

Asensio es una personalidad incómoda para el conjunto del sector sanitario privado en la Región de Murcia. Digamos que hace su trabajo. No habría estado donde está si no lo hubiera decidido y defendido con uñas y dientes el ya exconsejero Villegas. Si me quieres a mí tienes que aceptar a Asensio, habría dicho Villegas de otra manera más sutil a López Miras. Esta situación empezaba a ser insostenible antes incluso de la pandemia, y era predecible que las cabezas de ambos, Villegas y Asensio, pendían de un hilo, sobre todo por el hecho de que el SMS es el crisol de los contratos de gestión externa de la Sanidad, algunos de ellos fabulosos, que giran en torno a empresas a las que el común de los informados supone que presuntamente muestran, por su reiteración acaparadora, una especial generosidad en la financiación del PP. En este contexto, Asensio era un dique a malas penas contenedor de esa tendencia, y por eso lo quería Villegas a su lado: para salvarlo de impulsos políticos que pudieran comprometerlo. Era su escudo.

La paradoja es que ambos tendrán que comparecer ahora en la Fiscalía prolongando una agonía política tan vez inducida por una ´trampa' en la que ingenuamente podían haber caído desde el comisariado político de López Miras en Salud. El ´detalle' de que el secretario general, Torrente, no se haya vacunado y tal vez pudiera haber inducido a que los demás lo hicieran, abunda en esta posibilidad. No es baladí que trescientos profesionales de la medicina murciana hayan firmado una carta de apoyo a la gestión de Villegas, con expresa atención al SMS de Asensio, lo que viene a ser en la práctica una llamada de socorro en defensa de la Sanidad pública.

Se va abriendo la impresión de que Villegas, y lo que traía con él, estorbaba, y se ha aprovechado en su contra la comisión de un error insoportable. Más que probablemente inducido.