Recordaran los amables lectores que peinan canas, o ya no peinan nada, cuando en las Cuatro Esquinas de la capital murciana, se apostaba a pares o nones con dos reales. El medio coco que contenía el agitado dado decidía. Si acertabas, te llevabas una peseta de pipas, de lo contrario perdías la moneda del agujero enmedio. Otra versión de pares y nones es cuando en el argot jurídico se dice a un otrosí otro no. Y, por último, y es lo que aquí nos trae hoy, se trata de pares en sentido de igualdad y quien tiene que decidir, dice nones.
Tres de las cuatro asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, no así la de Jueces para la Democracia) se hacen eco de la carta de la vicepresidenta de la Comisión Europea, señora Vêra Jouvá, donde explica que es importante asegurar que cualquier futura reforma del Consejo General del Poder Judicial tenga en cuenta los estándares europeos. Existiendo en particular una recomendación del Consejo de Europa que determina que no menos de la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares. Dicen esas asociaciones judiciales que lejos de acercarse a las recomendaciones de la Unión Europea, las reformas del Gobierno van en dirección contraria, socavando los cimientos del Estado de Derecho, aunque la UE vigile de cerca, según sus propias manifestaciones, las reformas del Gobierno. Y en el mismo sentido se ha manifestado también la mayoría de los actuales miembros del CGPJ.
Frente a todo ello, el Gobierno ha replicado que el Congreso es soberano para legislar, cuando lo primero que se pide tanto por el Consejo como por Europa es que al menos se les oiga, como se hace en otras ocasiones, antes de afrontar unas reformas legales que afectaría como mínimo a la composición del mismo, y como mucho a su independencia y la de los jueces. Sin olvidar la intención de que mientras no se renueve el Consejo no tome ninguna decisión.
El argumento del Gobierno es que de los tres poderes del Estado, el judicial es el que no tiene regulado su funcionamiento cuando se encuentra en funciones. Como si la culpa fuera del propio Consejo, cuando en realidad es por falta de entendimiento entre los partidos políticos. Unos, porque no quieren que entren en el nuevo Consejo miembros designados por Podemos. Otros, mantienen que la reforma es por culpa de ese bloqueo. La realidad es que unos por otros, la casa sin barrer. O lo que es lo mismo, más de dos años hace que el CGPJ debería haber sido renovad, sigue en funciones, sin saber qué pueden y qué no pueden hacer. Y lo que es más grave, se planean reformas legislativas en contra de las recomendaciones de Europa y de lo que piden los propios jueces.
Ni se va a producir la paridad entre los vocales del Consejo que nombran los políticos y los que designan los propios jueces (nótese que ni tampoco se está pidiendo que sean solo los jueces los que los elijan), ni siquiera se les va a oír para saber su opinión sobre las reformas en ciernes.
Lo curioso es que encima, el legislativo pide respeto al judicial. No hay mejor defensa que un buen ataque.
En definitiva, frente a la elección de los miembros del CGPJ por sus pares, el Congreso de los Diputados dice nones. Ni las asociaciones de jueces ni la Comisión Europea consiguen que se produzca un diálogo formal para que se frenen esas expectativas legislativas. Esperemos que no sea preciso que Europa por vía judicial lo imponga. Mientras tanto, seguiré creyendo en la separación de poderes.
