Con la Ley, denominada LOMLOE, que se ha aprobado en el Congreso por un solo voto, y apoyándose en la ´mayoría Frankenstein´, la ministra Celaá pasa a la historia por derribar, además sin consenso alguno, las bases que todavía quedaban en pie en el sistema educativo de nuestro país. La desaparición del español como lengua vehicular, el golpe mortal a la libertad de elección educativa, a la concertada y la especial llevarán por siempre su nombre y el de Pedro Sánchez.
Porque la tristemente conocida como ´Ley Celaá´ es un ataque frontal a la libertad de educación y a un modelo educativo, por cierto, plenamente implantado en la Región de Murcia, en el que los padres y madres tienen libertad para elegir el modelo educativo y el centro de sus hijos. En nuestra Comunidad autónoma, más del 90% de las familias han podido elegir sin ningún tipo de condicionante a qué colegio llevan a sus hijos, pero con la LOMLOE el centro educativo dependerá, no de nuestra libre elección, sino del código postal o incluso del político de turno. Con la eliminación del distrito único, esa libertad que tuvo Celaá para elegir la educación de sus hijas se la niega despóticamente al resto de padres y madres.
Solo desde una perspectiva radical y sectaria es concebible esa confrontación que siempre busca la izquierda entre educación pública y concertada, ya que la experiencia demuestra que ambas se pueden complementar, y que apostando por las dos se favorece un sistema educativo de mayor calidad. Pues bien, la Ley Celaá, además, conlleva un ataque a la educación concertada, ya que suprime la cláusula de demanda social, lo que puede llevar a la supresión masiva de centros concertados. Desde el PP no lo vamos a permitir.
Asimismo, la LOMLOE, imponiendo un concepto de ´inclusión´ absolutamente erróneo y contraproducente, pone en peligro el modelo de educación especial, del que nuestra Región es también el mejor ejemplo a seguir. Los centros de educación especial en nuestra Comunidad autónoma han demostrado que brindan una atención educativa altamente cualificada y, al contrario de lo que se nos quiere hacer ver, trabajan muy satisfactoriamente por la inserción de los alumnos en la sociedad.
También tendrá efectos perniciosos los ´aprobados generales´, que se permita pasar de curso con suspensos, lo que, en efecto, fomentará la igualdad, pero en la mediocridad. En el PP queremos una educación basada en el mérito y la excelencia, en una sociedad en que los jóvenes hayan aprendido el valor del esfuerzo, en que los títulos no sean un regalo del Gobierno de turno. Queremos jóvenes que puedan competir en el mercado de trabajo con los del resto de naciones de Europa.
En una nueva vuelta de tuerca, la Ley Celaá elimina el carácter vehicular del español, para más inri como contraprestación a partidos que no creen en el interés general, como los secesionistas catalanes y los herederos políticos de ETA. Es significativo que hasta la mismísima Real Academia Española de la Lengua haya tenido que salir en defensa del artículo 3 de la Constitución. Y es que si por algo se caracteriza este Gobierno es por traspasar constantemente límites que se daban por sentados en nuestra democracia: los pactos con Bildu, las modificaciones legislativas para reducir la pena de sedición, las Mesas Bilaterales con la Generalitat de Cataluña como si de dos naciones distintas se tratara? Y ahora, con esta ley, dos líneas rojas más: por primera vez, se excluye el español como lengua vehicular en las escuelas, el idioma que hablan más de 500 millones de personas en el mundo. Y por primera vez, se aprueba una ley de este calado sin la participación de la comunidad educativa y sin buscar el consenso político.
Pero no nos quedaremos de brazos cruzados. Desde el Partido Popular vamos a dar la batalla jurídica y legal para que no se les arrebate a las familias su libertad. Emprendemos una ofensiva parlamentaria en los Ayuntamientos y en la Asamblea Regional contra esta nefasta Ley. Recurriremos al Tribunal Constitucional, a las instituciones europeas, y a donde haga falta para defender la libertad educativa. Además, hemos puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para que los españoles puedan respaldar la libertad, la enseñanza concertada, los centros de educación especial y la enseñanza vehicular del español.
Lo primero que hará Pablo Casado cuando llegue a La Moncloa será derogar esta Ley Celaá. Somos el partido de la libertad, que trabaja por resolver los problemas de los ciudadanos, y no por decirle a nadie qué tiene que pensar o cómo ha de actuar. Defenderemos con uñas y dientes la libertad de elección de familias y alumnos, a la educación pública y concertada y a sus profesores, y a los niños de la educación especial y a sus padres y educadores. En suma, nuestros derechos y libertades fundamentales.
