El Partido Popular ha construido en los últimos 25 años una Región centralista y centralizada, condicionada por intereses concretos de algunos lobbies y poderes que pesan demasiado en las decisiones de los sucesivos gobiernos regionales que han mantenido durante estos años, y que han despreciado de manera sistemática a Cartagena y su comarca.
Hemos asistido en estas últimas semanas a un nuevo episodio de decisiones y anuncios, que dejan al descubierto crudamente esta realidad y a los artífices reales de las decisiones.
Los intereses económicos suelen ser centralistas y el gobierno del Partido Popular es deudor de demasiados intereses y no ha ejercido nunca el papel de equilibrar. Las excusas de fomentar rentabilidades centralizando, así como la creación de sinergias económicas de algunos agentes empresariales, han servido como marco perfecto durante años para ir adoptando decisiones que, desde el punto de vista político y social, no eran razonables.
Existía en nuestra Región un aeropuerto, el de San Javier. El mejor aeropuerto, de tamaño pequeño, de España. Premiado y reconocido sucesivamente, que tenía y favorecía importantes sinergias en las zonas turísticas de la Región y cumplía una función complementaria con Alicante. Pero el Gobierno regional decidió trasladarlo a otro municipio y hacer una gran obra, cuya rentabilidad es evidente que no veremos ni nosotros ni quizás la próxima generación.
Quizás la llegada del AVE a la Región, por cuyo retraso todavía algunos protestan, hubiera sido antes, si la decisión del Gobierno regional hubiera sido distinta en 2016 y se hubiera priorizado el bypass de Beniel. Pero la prioridad establecida fue otra.
Mientras se sigue invirtiendo en nuevas instalaciones hospitalarias en Murcia, existen múltiples demandas insatisfechas en las diferentes comarcas de la Región y hay una ley regional que obliga a abrir y utilizar el hospital del Rosell al 100% que es sistemáticamente incumplida, incluso en esta época de coronavirus.
El impulso a la ZAL de Los Camachos lleva esperando desde 2007 y el Gobierno regional tiene un convenio encima de la mesa desde 2018. Es incomprensible que una inversión inicial de 470.000 euros y un coste final de menos de 2.500.000 euros esté paralizada por el Gobierno de López Miras. Solo se comprende mejor si lo ligamos a que mientras, por parte del Ejecutivo autonómico, se están priorizando otros dos desarrollos logísticos más cercanos a la capital de la Región y más interesantes para determinados grupos de presión empresariales.
Si la reivindicación de la instalación de un juzgado de lo mercantil en Cartagena era una cuestión de equilibrio territorial y de satisfacer una demanda más que justificada, la decisión de impulsar o no la ZAL de Los Camachos estamos hablando de una cuestión mucho más importante. No solo es ya equilibrio territorial o de una demanda histórica. Nos estamos jugando parte del futuro económico y desarrollo industrial y comercial de Cartagena y su comarca.
Esta región está desequilibrada. El centralismo que el Gobierno regional del PP ha impuesto en el desarrollo económico y social lastra a nuestra región. La sensación de agravio en muchos lugares de la Región se fomenta con las decisiones que toma el Ejecutivo de López Miras. Necesitamos reequilibrar la Región de Murcia. Necesitamos construir una región cohesionada y solidaria, tejida de manera que nadie sienta que se merman sus posibilidades de desarrollo.
En Cartagena, especialmente, las decisiones que nos atañen son analizadas con emociones que afloran de inmediato, con un fuerte sentimiento de agravio de quien padece durante años la construcción de un poder territorial descompensado y que ha desequilibrado esta región y perjudicado ostensiblemente a esta comarca.
Es necesario descender a nivel de la calle, a nivel de lo que se opina en muchos sitios de la Región y también en Cartagena, para entender cómo se viven las decisiones que una y otra vez toma este gobierno. No entenderlo es parte del problema. Existe un poder centralista y centralizado que no ve más allá de sus círculos de relación o de intereses económicos a los que se miman.
Desde los extremos se empeñan en llevar estos sentimientos al enfrentamiento y los agravios territoriales, pero que conviene centrar el debate para no quedarnos solo en el debate de las banderas. Aunque no me molestan y no reniego de ninguna de ellas, no soy partidaria de banderas que se utilicen para separar o para identificar a unos contra otros. Yo soy partidaria de banderas que unan y que aglutinen sin excluir ni enfrentar.
Por eso soy mucho más partidaria de identificar el proyecto socialista, también en Cartagena, ligándolo a valores como el ecologismo, el feminismo o la lucha por los derechos sociales y la solidaridad. Y, por supuesto, exigiendo que cese el centralismo al que este Gobierno regional del Partido Popular somete permanentemente sus decisiones más importantes.
En el PSRM-PSOE creemos en el equilibrio y la compensación, pero sobre todo creemos en ideas y valores que les dan sentido. Detrás de una bandera, la de España, la de la Región o la de Cartagena deben existir algo más que una reivindicación territorial o un sentimiento. Debe existir un proyecto y unas ideas que nos unan para hacernos más justos, más libres, más iguales y con un futuro más esperanzador.
