Con la toma en consideración en la Asamblea del Proyecto de Ley de Servicios Sociales del Gobierno regional, damos un paso de gigante en la consolidación y el fortalecimiento de nuestro Estado del Bienestar. Muy pronto los ciudadanos de la Región de Murcia contarán con una ley que blinde su derecho al acceso a los servicios sociales.

La elaboración de este proyecto de ley, producto de cuatro años de intenso trabajo, se ha caracterizado por un amplio proceso de participación y consenso social basado en el principio de transparencia. En realidad, se ha hecho partícipe a toda la sociedad, a través del Portal de la Transparencia, de diversos órganos de participación (Consejos, Foros, Mesa de Apoyo al Tercer sector?) y de otras audiencias, como todas las consejerías, ayuntamientos y mancomunidades.

Cabe agradecerle a la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, su plena implicación en el impulso final que ha llevado a la tramitación parlamentaria de esta ley, pero es de justicia hacer mención a la anterior consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, y a todo su equipo. Gracias a su iniciativa nació y se elaboró esta norma, con el fin de dar respuesta a una realidad social caracterizada por las nuevas necesidades y demandas de atención y prevención, sin olvidarnos de situaciones de emergencia social como la que estamos viviendo debido a la crisis social, sanitaria y económica derivadas de la covid-19.

Y es que este proyecto de ley consolida el sistema de Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar, con el objetivo de garantizar la atención a las necesidades básicas de los ciudadanos. Así, esta norma del Gobierno regional reconoce y asegura el derecho subjetivo a las prestaciones garantizadas, asegurando la universalidad y poniendo a disposición de los ciudadanos de esta Región un catálogo de servicios garantizados por ley.

Cabe destacar la Renta Básica de Inserción, las ayudas destinadas a cubrir situaciones de urgencia y emergencia social, las prestaciones económicas a mujeres víctimas de violencia de género, la mediación familiar, la atención temprana a niños de 0 a 6 años con discapacidad o en riesgo de padecerla, las prestaciones del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia o la Teleasistencia para mayores de 80 años.

Además, la nueva organización territorial y funcional de los Servicios Sociales da cumplimiento al principio de igualdad, con independencia del lugar de residencia, gracias a lo cual se corrigen las desigualdades entre los municipios en la atención social. Asimismo, esta ley apuesta por el refuerzo de la atención primaria, modificando ratios.

La ley garantiza la financiación necesaria fijando porcentajes entre la administración regional y la local y promoviendo la coordinación entre todas las administraciones mediante la creación del Consejo de Coordinación Territorial. También procura la coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y los sistemas y servicios de protección social (salud, educación, empleo, vivienda?), propiciando de esta forma mecanismos de atención integral de carácter social y sanitario tan necesarios en muchas de las intervenciones.

Este proyecto de ley consolida además el derecho de la iniciativa privada, cuyo importantísimo papel es de justicia reconocer y resaltar, a participar en la prestación de Servicios Sociales. Porque la realidad de la valiosa y fructífera aportación del sector privado al sistema y servicios de protección social desmiente, una vez más, determinados prejuicios ideológicos instalados en cierta izquierda que sigue sin ver más allá de sus fanatizados dogmas.

En ese sentido, esta Ley de Servicios Sociales también demuestra que la justicia social no es precisamente patrimonio de una izquierda que, además de generar paro y pobreza como cada vez que gobierna, solo vende humo con un Ingreso Mínimo Vital que presenta como 'medida social estrella' pero que, a la hora de la verdad, no llega ni al 1% de quienes lo han solicitado y deja abandonadas a miles de familias necesitadas en la Región de Murcia.

Una vez más, el Gobierno de López Miras sí cumple con la Región de Murcia con una ley histórica que corrige desigualdades y aportará mayor bienestar a los ciudadanos de esta tierra. Una ley que hará más justa la vida en la Región, sobre todo para las personas más vulnerables, para las que su aprobación será un avance sin precedentes en la garantía de la prestación de los Servicios Sociales.