La oposición en el Ayuntamiento está investigando la gestión del PP en distintos departamentos que pueden abrir nuevos frentes judiciales. Al PP de La Glorieta le crecen los enanos. Los populares y el alcalde de la capital, José Ballesta, están pasando por uno de los peores momentos de su segundo mandato, en el que, como en el anterior, no disponen de mayoría absoluta, y actualmente se deben sustentar en los de Cs, un gobierno de coalición que se ha revelado como un dolor de muelas para el partido más votado en el municipio de Murcia.
A las trifulcas en el interno del Gobierno local con Mario Gómez y su equipo dispuesto a todo para que no les confundan con los de la gaviota, se suman ahora las investigaciones que ha iniciado el Ministerio Público en respuesta a las dos denuncias remitidas a este departamento de justicia. La Fiscalía de la Región de Murcia analiza desde hace semanas la información remitida por el PSOE regional para esclarecer si hubo financiación ilegal en la campaña que llevó a Ballesta a la alcaldía capitalina, una investigación que se suma a la iniciada para comprobar si casi doscientos contratos en el Ayuntamiento se hicieron conforme a ley, unas sospechas que ha llevado a la Ciudad de la Justicia el abogado Diego de Ramón. Eso hasta ahora. Sin embargo, el tablero se puede complicar, ya que la oposición municipal ha iniciado un minucioso chequeo de la gestión de los populares en distintos departamentos que podría derivar en nuevas denuncias judiciales, que complicarían tanto el pacto con los naranjas como el trabajo del gobierno local.
La oposición y, en concreto, los socialistas, llevan lustros intentando demostrar las supuestas corrupciones de los populares en la capital. Unas veces en los tribunales y otras en declaraciones públicas de sus dirigentes. De momento, han errado el tiro porque la pieza mayor que se cobraron, en este caso el exalcalde Miguel Ángel Cámara, que fue máximo mandatario municipal durante veinte años, salió indemne del juicio por supuesta prevaricación administrativa en el caso Nueva Condomina, presunta trama en torno a los convenios urbanísticos de la zona norte.
Fue absuelto hace casi dos años en la vista que tuvo su germen en una denuncia interpuesta ante la Fiscalía por el entonces portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, José Manuel Abellán, un militante socialista que, pese a abandonar la primera fila de la política local, aún tiene su peso en las decisiones que toma su partido en el municipio. Al primer edil, la investigación de esa denuncia le valió la expulsión de su partido y que tuviera que apearse del escenario público.
La siguiente candidata del PSOE a la alcaldía de Murcia y luego portavoz del grupo municipal en la oposición, María José Alarcón, lo dejó claro tras los resultados electorales. Afirmó que los ciudadanos creen que la corrupción genera dinero y que probablemente en la capital existía una red clientelar en torno al gobierno local que se hubiera acabado con la llegada de los socialistas; algo que, a su juicio, habría asustado al electorado. Pese a sus sospechas, la periodista no acudió a la fiscalía ni a los tribunales, una estrategia que sí utilizó su sustituto en el despacho de la Glorieta: Pedro López, ahora diputado en la Asamblea Regional.
López llevó dos casos a la Fiscalía de manera individual sin identificar esas denuncias con el sello del PSOE. Por un lado, la denuncia posteriormente archivada por un juzgado contra el que fuera concejal de Limpieza Viaria, José Ros, en distintos mandatos; y, otra, contra el exedil de Descentralización Cristóbal Herrero, que acompañó a Cámara en cuatro gobiernos. Herrero declarará como imputado este mes en el caso Pedanías, que trata de dilucidar si hubo irregularidades en los contratos de obra pública entre 2009 y 2013 y si hubo fraccionamientos de estas adjudicaciones para que no superaran los 3.000 euros que establecía la ley para sacar a concurso público los proyectos. Las acusaciones son graves: prevaricación continuada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Durante los cuatro años del ahora diputado regional en el Ayuntamiento de Murcia, también se denunció en 2013 la construcción de la sede de la peña Contraparada en un jardín que, años después, ha arrastrado al banquillo a otros tres exconcejales de la era Cámara: Fernando Berberena (tiene también pendiente otra causa del Umbra), Francisco Porto y José Arce por un presunto delito urbanístico y prevaricación.
Toda esta amalgama de denuncias y sospechas han animado a los socialistas a recurrir de nuevo a la Fiscalía, que ya conoce por los antecedentes mencionados cómo se las gastan los populares a la hora de gestionar lo público. El drama de todo esto es que al final da la sensación de que atender a los ciudadanos es lo último para los que tienen la responsabilidad de servir desde un cargo político o desde su despacho de funcionario municipal.
Además de exconcejales, también hay un buen ramillete de empleados públicos embarrados en estos casos aún por juzgar. Dos de ellos, relacionados con Cristóbal Herrero, fueron a declarar la semana pasada. El equipo de Ballesta no lleva ni dos años coaligado con Cs y ya suma sus dos primeras investigaciones. Sin lugar a dudas, ha batido el récord de Cámara, que aguantó con el tapón puesto casi dos mandatos gracias a sus mayorías absolutas. Por nadie pase.
