Probablemente el confinamiento nos ha servido a muchos para reflexionar, valorando qué cosas son las más importantes y procurar, a continuación, poner nuestra atención en ellas. Las organizaciones de infancia (entre ellas UNICEF) han comparecido recientemente en el Congreso de los Diputados para formular aquellos aspectos en los que, a su criterio y basados en su experiencia, era necesario poner el foco: un compromiso de estabilidad en las políticas de infancia, que se traduzca en un aumento progresivo de la inversión real, en unos presupuestos en clave de infancia, en la creación de un fondo social de reserva que garantice esta inversión y en la adopción por todas las Administraciones de medidas específicas (en el ámbito educativo y en el ámbito del sistema de protección) que permitan reducir las desigualdades y garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia.

Ya teníamos grandes retos pendientes para asegurar el bienestar de los niños y niñas. Retos que se han vuelto aún más urgentes por los efectos de esta crisis que ha aumentado las desigualdades ya existentes. Resulta imprescindible tomar medidas a corto, medio y largo plazo que permitan evitar el crecimiento de la pobreza infantil, que antes de la Covid-19 situaba a nuestra Región entre las de mayor tasa de España, con un 32,7% de la población menor de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión (Tasa AROPE 2018 INE).

Medidas que eliminen la brecha educativa: en Murcia, solo un 24,1% de jóvenes ha completado como máximo la primera etapa de Secundaria y no sigue ningún estudio o formación posterior, solo seis de cada diez jóvenes de 15 años no han repetido ningún curso y la tasa de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil es de solo un 19% (frente al 36% de la media nacional).

Medidas que permitan detectar y corregir el aumento de la violencia contra la infancia, reseñada por las organizaciones especializadas y cuyas consecuencias aún no somos capaces de medir, o los efectos de la ausencia de escolarización que han sufrido los menores con discapacidad y sus familias. La reconstrucción en nuestra Región, como en España, debe asegurar políticas de infancia fuertes que protejan los derechos de las niñas y niños, especialmente de los más vulnerables.

Todos estos niños y niñas, de modo específico, deben ser el centro de las políticas públicas. Desde el punto de vista de UNICEF, es necesario atender a algunos puntos clave, tales como:

Garantizar el impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en las familias con hijos en situación de pobreza, eliminando cualquier barrera administrativa que impida llegar a los más vulnerables.

Establecer medidas que garanticen una conciliación real, como la regulación del teletrabajo como medida correctora temporal así como la adaptación de la jornada, o las ayudas para las familias que por razones de trabajo necesiten apoyo en el cuidado de sus hijos e hijas.

Atajar el fracaso y el abandono escolar temprano, mediante un programa de apoyo escolar a lo largo del curso para el seguimiento educativo de los estudiantes, especialmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, los que mayor riesgo corren de salir del sistema. Refuerzo y acompañamiento que ahora se hacen aún más necesarios, después de más de tres meses de ausencia de las aulas.

Desarrollo de plataformas digitales de enseñanza que garanticen la homogeneidad, la calidad del acceso, la detección del absentismo y la ciberseguridad del alumnado, incluyendo la formación para la mejora de capacidades digitales de estudiantes y profesores. Con esta crisis se han puesto de manifiesto los retos pendientes en relación a la brecha digital, que obstaculiza enormemente la educación a distancia y que no hace sino incrementar las desigualdades.

Reforzar y difundir las líneas y recursos de ayuda a la infancia, para detectar los casos de violencia y poder responder a las necesidades de protección de los niños y niñas tras el confinamiento.

Fortalecer la capacidad del sistema de protección, aumentando los recursos para hacer frente a sus necesidades específicas y mejorando la coordinación con otros sistemas (educativo, sanitario, inserción laboral, etc.).

El gasto público en infancia debe ser considerado a largo plazo, no puede sufrir las estrecheces presupuestarias. Debemos garantizar que en esta crisis la inversión en infancia sea estable y prioritaria. Es una inversión crucial para que esta crisis de salud no se convierta en una crisis de los derechos de los niños y niñas. Ellos son el futuro, se dice continuamente, pero también son el presente.