"Queremos acabar con 24 años de Gobiernos del PP en la Región de Murcia", declaró en la reciente campaña electoral la candidata de Ciudadanos, Isabel Franco. Ahora lo tiene al alcance de su mano. En efecto, son demasiados años de Gobierno del mismo partido en los que hemos asistido a la peor ola de corrupción política en democracia, con decenas de cargos públicos imputados y en muchos casos condenados, casi todos pertenecientes al partido conservador.
Como un recordatorio de dónde estamos esta misma semana han aparecido diversas noticias judiciales sobre el más notorio de sus numerosos imputados en la región, el expresidente PAS, mentor de López Miras, de su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras: la apertura de juicio oral por prevaricación y fraude por el caso Auditorio, por el que se le piden cuatro años y medio de prisión, diecinueve años de inhabilitación especial para ocupar cualquier cargo o empleo público y una multa de seis millones de euros; también la 'absolución' en el llamado caso Pasarelas, donde ha quedado exonerado por haber expirado el plazo legal al haberse reducido por el Gobierno del PP el tiempo máximo de instrucción ; y después la citación por la querella de la Fiscalía por prevaricación en el llamado caso Guardería.
A los múltiples casos de corrupción hay que sumar una ocupación de las instituciones por un exuberante clientelismo y sectarismo partidista, con una opacidad y oscurantismo generalizado en la gestión que se resiste a desaparecer, como ponen de manifiesto las tensiones constantes con el Consejo de la Transparencia de la región y la escandalosa limitación de medios para el trabajo de este órgano. En suma, se ha degradado la vida institucional por un Gobierno que carece de voluntad para introducir mecanismos de control eficientes y que permite y favorece el abuso y la degeneración de los procedimientos, mientras ha creado en su entorno una tupida red de intereses que parasitan las instituciones públicas.
La ciudadanía ha dicho en las urnas que hay que ponerle fin a todo esto dando la victoria al PSOE y poniendo en Ciudadanos la posibilidad de materializar el cambio hacia un Gobierno que tenga uno de sus ejes de actuación en la regeneración democrática, en la transparencia y el buen gobierno, en la participación ciudadana y el gobierno abierto.
¿Es posible esta regeneración manteniendo al frente del Gobierno al mismo partido responsable de la lacra de la corrupción y del grave deterioro de la calidad democrática de nuestras instituciones? El PP en esto es negacionista: intenta eludir sistemáticamente sus responsabilidades, y hay que obligarle a asumirlas, como sabe bien Ciudadanos, que tuvo que forzar la dimisión de PAS. La continuidad del PP en el Gobierno es incompatible con una agenda regeneradora.
Lo siguiente que debemos saber es si esto se va a decidir aquí o fuera, si se tendrá en cuenta lo que piensan nuestros representantes políticos electos, o lo van a sustanciar en Madrid delegaciones de las cúpulas de los partidos por razones ajenas a los intereses de la región. ¿Tiene que hacerse cargo la política regional y municipal murciana de la política respecto del secesionismo en Cataluña? O también, ¿podemos aceptar que la decisión de los pactos en Murcia dependa de un cambalache entre partidos que se reparten Gobiernos autonómicos y municipales que están en el aire?
Cuando Ciudadanos participó del acuerdo que puso fin al Gobierno socialista en Andalucía, lo justificó precisamente en la prioridad de la regeneración democrática, tras los múltiples casos de corrupción y otros vicios adquiridos durante las largas décadas de poder de un solo partido. El argumento andaluz de la regeneración es igualmente aplicable a nuestra Comunidad, donde es una necesidad de la ética pública y una exigencia democrática desalojar al partido que ha encarnado la corrupción y levantar las alfombras para conocer todo lo ocurrido en esta larga noche oscura.
La colaboración de Ciudadanos con el Gobierno de López Miras estos últimos cuatro años no les ha dado frutos electorales: en las elecciones del domingo, aún cuando han pasado de cuatro a seis diputados regionales por el cambio de la Ley Electoral, y de 54 a 56 concejales, su porcentaje de voto en las regionales ha caído del 12,57% de 2015 al 12,00% de ahora (de 80.459 votos han bajado a 78.139, pese a aumentar ligeramente el número total de votantes).
En estas condiciones no parece razonable insistir en esta vía, incluso si se pasa a asumir responsabilidades de gobierno, pues sería prolongar la vida de un Gobierno agotado cuyo pilar fundamental lo constituye un partido derrotado y comprometido con la corrupción, teniendo que hacerse cargo del desgaste añadido que supondría que la estabilidad dependiera finalmente de los diputados de la extrema derecha, la misma a la que combaten y aíslan los liberales en Europa.
Sólo un acuerdo con el PSOE permitiría un gobierno estable y una verdadera agenda regeneradora, y una vez acordados aquellos aspectos en los que no coinciden ambos partidos, aprovechar la sintonía con el gobierno del Estado para mejorar aquellas políticas que más dependen de éste (la nueva financiación autonómica, las inversiones en infraestructuras o la política de agua), cambiando confrontación por colaboración, lo que sin duda beneficiaría a la ciudadanía murciana.
Todos ellos son argumentos poderosos para abrir definitivamente el nuevo ciclo político que necesita y conviene a la región. Este es el dilema naranja en Murcia: permitir que se prolongue el Gobierno del partido responsable de la corrupción o cambiar a otro que pueda acometer con credibilidad la regeneración democrática de nuestras instituciones.
