Las declaraciones de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, en torno a la educación concertada denotan un desconocimiento manifiesto en la materia. La ministra ha afirmado que «la educación concertada puede estar o no estar, la que tiene que estar es la pública». Si se trata de una declaración de principios, nada que objetar; pero más bien parece que la ministra creía hablar dentro del marco legislativo actual. Incurre, por tanto, en un desconocimiento poco disculpable en alguien de su rango. La educación concertada, junto a la pública, tiene que estar; así lo decreta el ordenamiento legal (muy anterior a la LOMCE) y la jurisprudencia.
Los tribunales han determinado que la libertad de elección de centro escolar constituye un factor de la «libertad de enseñanza», reconocida en el célebre artículo 27 de la Constitución. Esta libertad, establece la jurisprudencia, debe sustanciarse nutriendo a centros privados de fondos públicos. Este, afirman los tribunales, es el mecanismo para que las familias puedan optar no solo entre los distintos centros públicos, sino también entre centros de iniciativa social distintos de los promovidos por los poderes públicos. De hecho, el mencionado artículo del texto constitucional exige explícitamente ayuda para los centros docentes por parte del Estado.
Obviamente, la política de conciertos educativos debe acometerse, como toda política, procurando una utilización racional de los recursos públicos y en consonancia con las disponibilidades presupuestarias de cada momento. La controversia en torno a «demanda social o planificación» resulta bizantina; la demanda debe atenderse en un marco de optimización del gasto.
El artículo publicado el pasado martes en las páginas de este diario por Raimundo Benzal sirve también para añadir confusión. Afirma el dirigente socialista que «el PSOE creó la enseñanza concertada como complementaria de la pública, pero no como supletoria». El hecho es que la Ley reguladora del Derecho a la Educación, obra socialista, consagra el sistema mixto actual, con educación pública y concertada, como «el espacio normativo integrador en el que pueden convivir las diversas opciones educativas». La LOE, de 2006, se articula en torno a esta misma idea e incluye también el ahora tan denostado principio de la demanda social.
Oponerse a los conciertos educativos, o a que estos ocupen una parte sustancial de la educación, supone una opción ideológica legítima, con argumentos dignos de debate. Pero la ley dice lo que dice, incluso para aquellos que encuentran incómodas leyes que ellos mismos aprobaron.
