Lo que hay que leer y escuchar. Si no fuera porque las cosas están más claras que esa agua que en ocasiones se nos niega a nuestra Región, estaría preocupado con el caso independentista republicano catalán. Pero vistos los hechos y los fundamentos de derecho, el fallo es evidente, y si no, al tiempo. Todos conocen que la justicia española es lenta pero segura, todo llega y ya está en camino. Los hechos están tan claros que ya no saben por dónde salir de ese habitáculo con rejas y puerta cancelada con llave por fuera.

Pero el colmo es cuando un jurista se atreve a decir que España es una dictadura donde no existe Estado de Derecho, que los jueces están al dictado de los políticos y que ellos son presos políticos. Eso es tan falso como el polígrafo que como espectáculo está bien, pero cuando lo que se afirma son cosas tan graves como esas, ya no es espectáculo sino desfachatez. Por supuesto que no se lo cree ni el que lo dice, sea o no un abogado de prestigio, ni aunque hubiese ejercido como juez, tras pasar antes por la política en tribunales de Yugoslavia o Ruanda.

Le daré tres razones por las cuales España no es una dictadura. La primera porque los jueces no recibimos ni siquiera indicaciones del ejecutivo sobre lo que debemos hacer. La segunda es porque al ser precisamente un Estado de Derecho, es por lo que el poder judicial ha sido quien ha actuado en ese asunto. Quizás son ellos los que quieren que se actúe como una dictadura, sin separación de poderes, y por eso le piden a Rajoy que diga a los jueces que pongan en libertad a presos. Y tercera, porque si se repasa el ranking de los países más libres del mundo, España ocupa el puesto 30 de 159, con una puntuación de 8.14 sobre 10, por delante incluso de Italia y de Francia. Por encima están, entre otros, Suiza, con el número uno, y Alemania (ese país que también le critican que haya cumplido la ley), en el puesto 16. Todo ello, basados en los baremos de igualdad ante la ley, la seguridad, la libertad de movimientos, la libertad de religión, la libertad de expresión e información, la libertad económica, etc.

¿Sabe lo que pienso? Que si bien es cierto que el derecho de defensa es tan sagrado que incluso a algún juez llamado anteriormente mediático le costó el puesto, todo tiene unos límites, y esos los marca la ética profesional. No puede defenderse que una persona haya sido violada diciendo que le gustaba lo que le estaban haciendo. Y tampoco, cuando el Código Penal regula los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia a órdenes judiciales, se puede decir que quienes son juzgados por ello son presos políticos.

Lo único que podrá conseguir es ilusionar a ese cliente, más o menos iluminado, que quiere oir lo que se le cuenta y que aún crea que España es una dictadura para que, después, se lleve el chasco de que no es así, que ha sido engañado y que Europa no le apoya tampoco. Y encima, supongo, tendrá que pagar unos honorarios por nada.

En mi opinión, mejor sería explicar que no está en la cárcel por pensar o por tener ideas políticas diferentes, sino por cometer infracciones criminales perfectamente tipificadas en nuestra legislación pero que, a pesar de todo, lo va a defender con uñas y dientes porque es su deber y porque todos tienen derecho a la defensa en juicio. Y de esa manera, pase lo que pase, todo jurista, sea alemán, belga, suizo, ruandés, francés o español, sabe lo que va a pasar: le será más fácil dar la cara después.