Puigdemont cada vez más delirante, humillado y desprestigiado se halla en Bélgica tras su rocambolesca fuga, a la espera de ser extraditado para seguir el mismo camino que el resto de su destituido Govern, incluido el exvicepresidente Junqueras: el de la cárcel. Por su parte, Carme Forcadell, que casi se convierte ante el juez Llanera en 'Carmen de España', abjura de la sedición separatista y asegura que 'acata' el 155, esto es, la mismísima Constitución española que sistemáticamente ha conculcado, lo cual desde luego no le va a eximir de continuar respondiendo ante la Justicia de su responsabilidad penal y delictiva.
Aunque al constitucionalismo le quedan muchísimos retos que afrontar en Cataluña, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la derrota del desafío golpista del independentismo catalán es ya un hecho sin paliativos. Y en forma de rendición incondicional.
Decía Ortega y Gasset que «el problema catalán, como todos los parejos a él que han existido y existen en otras naciones, no se puede resolver, solo conllevar». No hay más que repasar la historia de España para darle la razón al célebre filósofo y autor de La rebelión de las masas, si bien es cierto que las sucesivas sublevaciones de carácter separatista que han tenido lugar en Cataluña, concretamente en 1640, 1873, 1931 y 1934 (1714, pese al relato del martirologio del nacionalismo catalán, formó parte de una guerra entre españoles e incluso europeos en general, no de Cataluña contra el resto de España) terminaron de la misma manera: con un fracaso rotundo. Afortunadamente, la que hemos vivido en 2017 no ha sido menos, aunque en esta ocasión sin que haya habido que adoptar medidas de fuerza excesiva al amparo del monopolio de la violencia legítima que ostenta un Estado de Derecho como el nuestro. De lo cual también debemos congratularnos todos.
Y muy a pesar de que, por primera vez en nuestra democracia, se ha tenido que activar el tan mentado 155, y a iniciativa de quien, según ciertos adalides de esencias eternas, jamás se iba a atrever. El mismo Rajoy al que algunos tachan de 'flojo' y 'claudicante' pese a haber sido el único presidente del Gobierno que se ha plantado ante la exigencia nacionalista catalana de turno, cual era adoptar para Cataluña un sistema fiscal de conciertos semejante al vasco. Otros que le precedieron, cierto es, se vieron obligados a ceder y 'engordar a la bestia' por el bien de la 'gobernabilidad', si bien ahora se permiten dar lecciones de dureza y firmeza graníticas frente al secesionismo.
Quizá si Rajoy hubiese hecho caso a quienes le demandaban con ínfulas la aplicación desde el primer momento del 155, se le hubiese regalado al secesionismo un valioso instrumento para intensificar su propaganda victimista (el agit-prop del ominoso 1-O se hubiese elevado a la enésima potencia) y contar así con una valiosa baza para mantenerse fuertes y unidos. Pero el presidente se mostraba tan incólume como ante aquellos muchos que, en lo peor de la crisis, le exigían que pidiera el rescate a Bruselas, aunque en este caso aguardó hasta el instante en que el enemigo empezaba a dar indicios de debilidad.
Porque, tras intervenir las cuentas de la Generalitat, esperó a la coyuntura más apropiada para anunciar esas medidas más drásticas que conllevarían la asunción de competencias del Gobierno autonómico catalán. Esto es, justo cuando el independentismo comenzaba a encontrarse desbordado por un baño de realidad que estaba resultando implacable en forma de huida masiva de empresas y particulares, que llevaban días aplicando su particular 155. Y tras la desmoralización y el desconcierto, a lo que también contribuyeron unas movilizaciones sin precedentes de la 'mayoría silenciada' en la mismísima Barcelona, vendrían unas grotescas 'declaraciones de independencia': primero, la 'yenka' de Puigdemont, y finalmente una proclamación en el Parlamento catalán cuyos 'heroicos' promotores no dudarían poco después en calificar de 'simbólica' en sede judicial.
En poco tiempo, pues, el separatismo había sufrido un rápido desgaste, derivado sin duda del carácter imposible de sus delirios. Era, pues, el momento, máxime una vez conseguido el acuerdo de los partidos constitucionalistas, labrado tras semanas de constancia y perseverancia. Y el 155 obtuvo el plácet de la amplísima mayoría del Senado, en virtud del cual el presidente Rajoy cesaba a Puigdemont, su vicepresidente Junqueras, sus consejeros y a todo el Gobierno autonómico catalán, cuyas competencias pasaban a ejercer los distintos ministerios; extinguía diferentes órganos de la Generalitat, como sus 'embajadas'; disolvía el Parlamento de Cataluña y convocaba elecciones catalanas para el 21 de diciembre, una decisión que también había pillado a los separatistas con el pie cambiado. Otra jugada maestra de quien una vez más demuestra que maneja los tiempos como nadie.
Y mientras el Ejecutivo está restableciendo la legalidad, la normalidad y la convivencia en Cataluña incluso con más tranquilidad y 'paz social' de la esperada, la Justicia investiga, acusa y, en su caso, ordena medidas contra los que han vulnerado y atropellado las leyes, la Constitución, la soberanía nacional española y los derechos y libertades de todos los catalanes. Reparto de papeles que es propio de un Estado de Derecho, de un sistema político en el que rige la división de poderes. En suma, de una democracia liberal como la española.
Por tanto, esta vez no ha sido necesario echar mano de ningún Espartero ni ningún Batet ni, en consecuencia, de abrir heridas que tardarían generaciones en cicatrizar. Ha bastado tomar las medidas extraordinarias al amparo del artículo 155 en el momento más oportuno, esto es, una vez logrado el consenso y cuando el separatismo se encontraba más dividido, desconcertado y desarbolado por los acontecimientos; y, por supuesto, como corresponde a un Estado de Derecho, dejar actuar a la Justicia, aunque sus tiempos puedan llegar a impacientarnos. Como los del presidente Rajoy, por cierto, cuyo proceder sereno pero firme e inteligente se verá generalmente reconocido cuando contemos con una mayor perspectiva histórica.
