Quién le iba a decir a los vecinos de los núcleos urbanos del Mar de Cristal, Los Nietos, Villas Caravaning, Playa Honda o Islas Menores que la decisión que un día tomaron de adquirir una vivienda o establecer un comercio en estas espléndidas zonas de nuestro Mar Menor les iba a dar tantos quebraderos de cabeza.

Cómo podrían prever que grandes empresas agrarias depredadoras fuesen a instalarse tan cerca de ellos, transformaran los cultivos tradicionales en cultivos de regadío intensivo y modificaran el suelo a su antojo, sin importarles las consecuencias que pudiesen causar.

Cuántas veces habrán tenido que retirar el agua que anegaba sus viviendas y sus establecimientos y arruinaba sus enseres como resultado de las graves inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales típicas de esta zona en la que vivimos, que ahora no encuentran ningún obstáculo en su camino.

Pero lo más curioso es que ninguna autoridad de esta Comunidad Autónoma gobernada por el Partido Popular durante tanto tiempo, que ha cerrado los ojos y ha mirado para otro lado durante años, ha pedido explicaciones y les ha dicho a estas grandes empresas que en la Región de Murcia no vale todo. Que también en esta parte del sureste del territorio español los ciudadanos tienen derechos y que, por encima de todo, aquí también deben respetarse.

Y es que, en los últimos años, la proliferación descontrolada de cultivos de regadío en esta zona del Mar Menor, entre el litoral y la vía rápida de La Manga, está causando no pocos problemas.

Por una parte, un gran aumento de los vertidos a la laguna cuando se producen lluvias torrenciales que lavan el suelo y arrastran las sustancias altamente contaminantes, propias de este tipo de cultivos. Por otra, la modificación de la orografía del terreno, la inadecuada orientación de la roturación de tierras, la destrucción de las canalizaciones del agua de escorrentía o la construcción de embalses, obras realizados por los propietarios o arrendatarios de estas fincas que conducen directamente las aguas pluviales a las zonas residenciales, provocando inundaciones que causan un grave perjuicio a las personas.

Es tal la indignación de los vecinos de esta zona que llevan años dando a conocer esta situación a todas las administraciones, que han hecho caso omiso del problema y los han estado remitiendo de unas a otras.

Cansados, se dirigieron al Defensor del Pueblo, que tuvo que arrojar la toalla ante la falta de colaboración de la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y el ayuntamiento de Cartagena, gobernado entonces por el Partido Popular. Hasta el punto de que, en el caso de este último, el Defensor del Pueblo les comunicó que su falta de colaboración podría dar lugar a una declaración de actitud hostil y entorpecedora. Qué alto honor para una administración pública.

Finalmente, la desesperación de los vecinos les llevó a trasladar el asunto a la Fiscalía de Medio Ambiente que sí parece haberse tomado en serio el problema y que, observando que la situación podía ser constitutiva de hasta cuatro delitos, lo ha dirigido al juzgado número 2 de Cartagena, que lo ha admitido a trámite.

Los responsables políticos del Partido Popular, ante la intervención de la Fiscalía, no parecen o no quieren darse cuenta de que la solución que proponen de construcción de más tanques de tormenta, embalses de laminación, nuevas conducciones y toda clase de infraestructuras, no es la adecuada.

Los socialistas pensamos que se ha de intervenir en origen; es decir, retornar a las condiciones iniciales antes de la llegada de estas grandes empresas agrarias que están esquilmando nuestros recursos, algunas de forma ilegal, y provocando graves perjuicios al Mar Menor y a las personas.

Pero, lejos de esto, el Gobierno regional pretende darles condiciones de legalidad, aliándose con los grandes y olvidándose de los más débiles que han de continuar padeciendo las consecuencias. Detrás de estas grandes empresas hay nombres muy conocidos y, al parecer, este Gobierno no es capaz de poner las cosas en su sitio.

Ahora se están realizando obras que pretenden paliar las inundaciones. Al menos este año. Ojalá se consiga. Pero mucho nos tememos que se hacen tarde y no llegan a tiempo, a no ser que nos acompañe la suerte y las lluvias no se produzcan este otoño.

Los socialistas pensamos que todo esto no es sino una parte de ese complejo problema que atenaza al Mar Menor. Creemos que, ante estas situaciones, cobra sentido nuestra afirmación de que estamos en un momento en el que es necesario decidir qué clase de sociedad queremos para el futuro, si apostamos por el modelo que nos ha traído hasta aquí o lo hacemos por un modelo sostenible que haga compatible cualquier tipo de actividad que se genere en las proximidades del Mar Menor con su conservación. Nosotros apostamos por esto último.