Los miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Cieza tienen motivos para sentirse satisfechos por el trabajado realizado. Con su lucha, apoyada por numerosos vecinos, han conseguido impedir en repetidas ocasiones que personas sin recursos fueran desalojadas brutalmente de sus casas. Sólo con eso ya estaría justificada su labor. Imprescindible e inaplazable. Pero no han querido que quedara ahí la cosa. Se propusieron, además, siguiendo el ejemplo de otras ciudades, que Cieza fuera declarada municipio ´libre de desahucios´.

Tras mucho batallar, ese objetivo ya está cumplido. Por unanimidad de todos los grupos municipales, fue aprobada la pasada semana una moción presentada por IU por la que el Ayuntamiento se compromete a emprender medidas que garanticen el derecho a la vivienda de la población, así como a atender lo que se conoce como ´emergencia habitacional´. Como bien señala uno de los concejales ponentes, que el Consistorio se posicione abiertamente contra la injusticia de los desahucios, y que lo haga por unanimidad, es un gesto que entraña un gran valor simbólico y del que todos debemos sentirnos satisfechos.

Dicen los miembros de la PAH ciezana que este paso adelante los reconforta y anima, porque de algún modo se han visto recompensados sus esfuerzos. Los anima a seguir haciendo algo tan humano como lo que ellos y todas las plataformas de España vienen haciendo desde que, con la crisis, empezó este drama que no cesa: impedir que se eche a la calle a familias sin recursos, sin reparar si en ellas hay niños, ancianos o enfermos. Impedir que se condene a la exclusión social a miles de españoles, vulnerando el artículo 47 de nuestra Constitución. El que insta a los poderes públicos a garantizar y promover las condiciones necesarias para que todos los españoles puedan disfrutar de una vivienda digna.

Sería un error, sin embargo, pensar que con esta proclama ya está todo hecho. Aunque sus promotores han querido ´blindarla´ acompañándola de quince medidas complementarias, nadie puede garantizar que en un momento u otro, por los vaivenes de la política, se pueda convertir en papel mojado. Hemos entrado en un periodo preelectoral, donde cada uno juega sus cartas, y no sería la primera vez que acuerdos de este tipo, de gran impacto social, terminan quedándose en meras declaraciones de intenciones.

Es lo que quieren evitar quienes están detrás de esta iniciativa. De ahí que se propongan llevar a cabo un seguimiento que dé cuenta de su cumplimiento. Ocasión, lamentablemente, van a tener los poderes municipales de demostrar que no estamos ante una simple campaña propagandística. Siguen siendo tan frecuentes los desahucios que en muy poco tiempo la realidad los pondrá a prueba. El último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por cierto, es de todo, menos tranquilizador: España es el país desarrollado donde más aumenta la desigualdad.

Mal parado queda el optimismo que el Gobierno intenta vender apoyándose en una supuesta recuperación económica. La crisis se está cebando especialmente en los sectores más débiles de la sociedad. Lo dice el informe de la OIT y lo puede comprobar cualquier hijo de vecino. Con la política económica puesta en marcha por Rajoy los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres. Son datos irrefutables. Nos han querido hacer creer que las privatizaciones, los recortes, las ayudas multimillonarias a la banca, la pérdida de derechos sociales y laborales eran la única política posible, el precio que había que pagar para salir de la crisis. Lo que comprobamos es que lo único que han traído es desigualdad y empobrecimiento.

En este contexto dramático para muchas familias es necesario hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas afectadas por ejecuciones y desahucios. De momento, Cieza ha dado un primer paso para que así sea. Lo demás también es cuestión de voluntad política.