Hablar de transparencia está de moda. Los unos (los políticos) por intentar dar un giro copernicano a la generalizada impresión que se tiene sobre ellos. Los otros, (plataformas ciudadanas, movimientos y lobistas varios) porque gracias a la transparencia y a eso que llaman open government, a buen seguro, y precisamente por estar más que bregados en navegar sobre el filo de la navaja, buscando cuantos recovecos la normativa, y la picaresca, les ofrece, cual vulpeja, van a liderar, encabezar y rentabilizar, el negocio que se avecina ante las prácticas que la economía planificada les va a ofrecer, una vez más, en una nueva muestra de ineficiencia, sin detenerme en aquellos que quieren, por vía indirecta conseguir lo que las urnas le vienen negando y todo ello con el pretexto de la transparencia.
Por el contrario, los más (los ciudadanos de a pie) no desde ahora, sino desde siempre y por mero sentido común, amparados por el artículo 1 de la Constitución Española que indica que «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», creemos necesario que en determinadas cuestiones, como es la gestión de nuestros recursos, cuanta más información disponible, más capaces y preparados estaremos para evaluar y guiar adecuadamente el devenir de nuestro futuro colectivo, realizando de manera adecuada una correcta relación y escala de las prioridades sociales dados los recursos escasos de que se dispone.
Ni una cosa ni otra ni la de más allá. Al final, cuando se constituye una comisión en la que todos opinan y todos acuerdan, ya se sabe, sin lugar a dudas, que no se avanza hacia ningún lado (Albert Einstein). Ante esta afirmación tan políticamente incorrecta como rigurosamente cierta, no serán pocos los que engrandecerán la necesidad de formalizar pactos, a través de la negociación en comisión como mecanismo más eficiente posible para la resolución de todos los problemas existentes. Será cuestión de azar, pero los que defienden los consensos y comisiones, coinciden escrupulosamente con aquellos que siempre son llamados a participar en el ´sarao comisional o consensual´ o como quieran llamarlo.
Si la soberanía nacional reside en el pueblo español, es decir, si la autoridad suprema somos los españoles, no está de más que seamos los españoles los que ejerzamos esa autoridad o poder sobre nuestro territorio. Bien es cierto que es a través de nuestros representantes públicos como se ejerce, pero habrá que sacar a colación la reflexión de «quién controla al controlador».
Ese poder soberano que tenemos los ciudadanos y que con la demanda de transparencia estamos reclamando, no está siendo adecuadamente enfocado en aras a satisfacer dicha demanda. La base del poder está en la libertad, libertad para someterse voluntariamente a normas de recta conducta, con vistas a un mayor beneficio, tanto individual como colectivo. Por lo tanto, para satisfacer adecuadamente nuestras demandas de transparencia en la gestión de lo público, no es necesario que publique la renta no sé quien, o que, bien a través de una web, o de encuestas más o menos masivas, se le vaya diciendo al político lo que tiene que hacer en cada momento. Si atendemos a esta definición que hace Foucault sobre el poder, para ejercerlo como tal, debemos dejar al político que actúe como estime oportuno, eso sí, con la posibilidad de poder ver en cada momento lo que hace y cómo lo hace. Esa es la verdadera soberanía.
Aún existen ayuntamientos en nuestro país que no permiten el libre acceso y máxima difusión de lo que acontece en los plenos municipales. En un país que aspira a cambiar su modelo productivo, y créanme que para ello es básico el establecimiento de una red eficiente y universal de banda ancha de internet dado que las nuevas tecnologías son básicas, no se entiende cómo aún no han sido capaces de conectar una pequeña cámara en lo alto de una esquina del salón de plenos para retransmitir por Internet lo que nuestros dirigentes argumentan en defensa de nuestro bienestar.
Como no estaría mal que cada vez que se reuniera la máxima trinidad (gobierno, patronal y sindicatos) lo hicieran con luz y taquígrafos, o como ahora puede hacerse, con cámara y micrófono, para que todos los consumidores, usuarios, ciudadanos, individuos y colectivos en general no presentes en esas comisiones, podamos aprender de estos dirigentes cómo negocian libremente, cuáles son los argumentos básicos sobre los que fundamentan sus posicionamientos y, además, pensando en ahorro de costes, hasta nos podemos permitir ahorrar un secretario que levante acta.
Lejos de esto, y como está de moda eso de la transparencia, se creará una comisión para determinar el marco de actuación sobre el que basar eso que se llama transparencia en concordancia con el proceso legislativo que esté abierto sobre el asunto de referencia, que, a buen seguro, determinará la necesidad de creación de otro comité de expertos que, a su vez, determinará los parámetros que debe seguir una lista de cerrados e inútiles indicadores que determinarán el establecimiento de un índice general que se llamará índice de transparencia. En resumen, mala praxis por el enfoque coercitivo y tan exhaustivo al que se dice someter, sin someterse, el control de la ciudadanía sobre el político, praxis, que concluye, como todo lo que suele ser planificado desde ese gigante llamado Estado, en fracaso: duplicidad normativa y completa ineficiencia, dejando por el camino, con suerte, sólo unos cientos de miles de euros.
Y lo que no veremos, a buen seguro, será un conjunto de medidas (y también de incentivos) de carácter económico, que establezca un marco que permita tocar los bolsillos de todos aquellos que, actuando libremente como representantes del pueblo, no sepan como emplear el dinero que nos quitan a través de tanto impuesto, teniendo en cuenta, nuestras verdaderas necesidades básicas.
Parafraseando a Francisco de Quevedo, la hipocresía exterior, por muy grande virtud política que sea, siempre será pecado, en lo moral.
