Las listas de espera son un auténtico termómetro para evaluar la respuesta de la Sanidad regional a las necesidades de la población en materia de salud. Actúan como tapón, retrasando el acceso de los ciudadanos a los servicios y prestaciones sanitarias y de esa manera, enmascaran el déficit del sistema sanitario regional en cuanto a la gestión y recursos, tanto humanos como materiales. No es casual la coincidencia del insostenible incremento de las listas de espera con los recortes en Sanidad. Algo muy grave por estar en juego la salud de las personas.

El Gobierno regional aprobó en 2006 un decreto que establece los tiempos máximos de espera para poder acceder a una intervención quirúrgica, consulta de especialista o pruebas diagnósticas. Esos tiempos máximos los fija en 150 días, 50 días y 20 días, respectivamente.

El Servicio Murciano de Salud (SMS) viene incumpliendo de manera reiterada dicho decreto y, como prueba, los últimos datos publicados de fecha 31 de junio de 2013, que reflejan que el número de personas que superan los tiempos máximos de espera para una intervención quirúrgica se había multiplicado por tres en un año, por veinte en el Área de Salud de Cartagena y más de 27.000 personas superaban los tiempos máximos para primera consulta de especialista. Inadmisible.

Al incumplimiento de los plazos máximos se suma la demora del SMS en publicar las listas de espera que semestralmente está obligado a realizar. Estamos finalizando marzo de 2014 y todavía no se han publicado los datos correspondientes al 31 de diciembre de 2013. Opacidad total.

Existe una falta de transparencia y de cauces que permitan tener conocimiento real de este importante problema sanitario en nuestra Comunidad autónoma y hay que cambiarlo. Los datos que aporta el SMS hay que tomarlos como un acto de fe, ya que no existen mecanismos que sirvan para contrastarlos, ni para que los ciudadanos puedan acceder a la información a la que tienen derecho respecto a su situación y demora en las listas de espera.

De hecho, los datos publicados semestralmente por el SMS no se ajustan a los plazos establecidos en el decreto 25/2006, sino que los amplía. Por citar un ejemplo, no podemos saber cuántos ciudadanos superan los 150 días de tiempo máximo de espera para una intervención quirúrgica, porque uno de los tramos que publican lo fijan entre los 90 y los 180 días.

Mejorar los mecanismos de transparencia en la información de la que dispone el Gobierno en relación con las listas de espera y garantizar los derechos de los ciudadanos a recibir la información y la mejor atención sanitaria posible es imprescindible. Es un derecho democrático conocer los datos reales sobre la espera de cada intervención, prueba o consulta, así como las razones que puedan motivar los retrasos que percibe y sufre el paciente.

Dos cauces deben servir para conseguir este objetivo: por un lado, el control parlamentario, con la remisión cada mes a la Asamblea Regional de la documentación detallada sobre los tiempos de espera de cada centro de asistencia sanitaria, así como de los correspondientes a intervenciones quirúrgicas, consultas de especialistas y pruebas diagnósticas, por especialidades, además de toda la información complementaria que se considere necesaria aportar para explicar su evolución.

Por otro lado, con la puesta en marcha de un sistema de información automática, por el que cualquier ciudadano en lista de espera pueda consultar su situación en dicha lista, detallando número de orden en el que se encuentra, número de pacientes que comparten la lista específica y tiempo de espera de cada uno, con las garantías de reserva de datos establecidas por la ley.

En definitiva, no es una petición imposible, tan solo la necesaria transparencia, control y acceso ciudadano a la información a la que tienen derecho.