Ya dije en ocasiones anteriores que la justicia no deja de ser una abstracción más. Igual que el concepto de cultura, o como el de moral, o como el de tantos? Como cualquier otra noción intangible, es algo inmedible e inaprehensible, y solo se puede obtener un reflejo aproximado a través de una normativa, una legislación? Cuando se habla de un determinado sentido de la justicia, o de un principio de justicia, olvidamos a menudo que los principios y los sentidos varían según los tiempos, las culturas y las personas. Y nuestra forma de captar la justicia, reconozcámoslo, no puede desprenderse de cierto sentimiento de retribución, de compensación, de satisfacción, o incluso, si se me permite, de venganza. O sea, aún solemos entender la justicia más desde un aspecto de egoísmo que de generosidad.
Por eso que la noción de justicia tampoco puede sustraerse a ser concebida, plasmada o manipulada por quienes tienen poder para hacerlo. A veces hasta puede darse el caso de que la justicia natural sea suplantada por la justicia oficial? O de que la justicia profesional sea secuestrada por la justicia política? o la justicia religiosa. Por ejemplo, que a una mujer supuestamente adúltera se le apedree hasta morir es una atrocidad, pero a todas vistas legal según el ordenamiento jurídico de ciertos países o sociedades. Un sentido de justicia deplorable para nosotros, pero deseable para ellos.
Aquí, en España, sufrimos una clara politización de la justicia. A veces hasta vergonzosa. Nos manipulan, por otro ejemplo, para poner el grito en el cielo por la derogación de la doctrina Parot a la vez que nos escamotean las auténticas razones de la cagada, culpando a quien no tiene la culpa de la misma? Y, sin embargo, no somos capaces de ver las verdaderas imposturas que translucen de nuestro propio sistema de justicia. Ahí tenemos una imposición de tasas judiciales que hace imposible acceder a la justicia a los económicamente débiles, basada en la mentira gallardoniana de «el importe de las tasas será destinado a mejorar la asistencia jurídica gratuita y los medios con que cuenta la administración de justicia», entre otros embustes, cuando de esos fondos se desconocen su cuantía y hasta su destino. O legislar la prohibición de insultar a un policía que nos ha agredido o escrachear a un político que nos ha jodido.
O, por ejemplo también, que el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano legislativo del Estado, se lo repartan entre PP y PSOE impune y escandalosamente. ¿Cómo van a prosperar las investigaciones sobres tramas de corrupción perpetradas por los mismos partidos? Aparte, por supuesto, de convertir en un auténtico cuento chino la tan cacareada como falsa independencia del poder judicial y de la administración de justicia.
Por eso, la dignidad de una justicia digna descansa sobre la dignidad de los jueces, sus dignos profesionales. Los legisladores no deben ser los políticos ni los gobiernos porque entonces los jueces se ven obligados a aplicar leyes con marcado interés político, en detrimento, a veces, del propio interés general y espíritu de justicia que debiera ser defendido. Nuestro país tiene jueces competentes, buenos profesionales de la justicia, pero si éstos no tienen buenas leyes para trabajar, la culpa no es suya.
Escribía Montiel en uno de sus artículos que «cuando el Derecho es inaccesible para la mayoría, o lo gestionan delegados del Gobierno y de los partidos, puede decirse que la justicia es una ficción». Yo diría que incluso podría decirse que la justicia es una injusticia. La anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a favor de los fiscales y en detrimento de los jueces es, por ejemplo, un secuestro de la justicia. De ahí que la justicia, se entienda como se entienda o lo que por ella se entienda, debe ser absolutamente independiente de cualquier buen o mal Gobierno. Una justicia que es tributaria del poder político deja de ser justicia para convertirse en otra cosa.
