Dice mi amigo Patxi que «el Estado vive de la imagen». Ello nos marca un objetivo claro de hacia dónde tiene que orientarse también nuestra crítica ciudadana, cuando ésta trata de desenmascarar las ficciones que intentan disfrazar las prácticas que nos están llevando a este lodazal social, y por tanto, político, que subyuga nuestro día a día, a unos más que a otros. En pleno siglo XXI, en Murcia sigue habiendo gente que vive en chabolas desde hace mucho tiempo y para las cuales la temperatura adquiere un significado muy específico. Y es que hay ocasiones en las que se mezclan los cuarenta y tantos grados de agosto con el frío húmedo del invierno murciano que simula ser leve. Se hace frontera en un mismo territorio: la lluvia que cayó el 25 de diciembre sobre los tejados llenos de agujeros de las chabolas de la ciudad, con los manjares degustados en el chalet cercano y cercado junto a la acogedora chimenea.

Una señora vecina de Murcia nos relata ante la grabadora cómo es su vida en la chabola. Nos muestra la ropa mojada de las estanterías donde la guarda, las camas mojadas, los charcos dentro y fuera del único habitáculo, y varios cubos llenos de agua recogidos de las goteras. Las chapas de 'uralita' malcubren el techo, y junto a tablones de madera hacen las veces de paredes. La 'hornilla' está rota, por lo que las últimas comidas las cocinan con leña en el suelo. La señora, (el marido no vive con la familia porque fue denunciado por violencia de género), su hija que acaba de alcanzar la mayoría de edad, sus dos hijos menores y un nieto que tiene en acogimiento, reside en el mismo lugar desde hace veinticuatro años, ¡quince años en la misma chabola! Nos muestra los aparatos que les proporcionan oxígeno asistido cada día a ella y a alguno de sus hijos, por los problemas respiratorios que sufren a causa de la humedad. Aparatos que utiliza cuando tiene acceso a la energía eléctrica, ya que el vecino que les proporciona la electricidad les cobra setenta euros al mes, y cuando no pueden pagar, les corta el suministro hasta obtener el dinero endeudado del último 'recibo'. (La esperanza de vida media de quienes viven en chabolas está estimada en veinte años menos que la media del país).

La hija de 18 años recién cumplidos va casi cada día empujando un carrito a llenar garrafas de agua en una fuente pública que está situada a más de treinta minutos de la vivienda. Los hijos van a la escuela de la zona, donde llevan limpio su único uniforme a diario, pese a las dificultades para acceder al agua. La vigilancia del Ayuntamiento sobre la familia obliga y se mide sobre todo en que los niños no falten a clase, y así no perder la ayuda pública de cuatrocientos y pico euros que les 'protege', entre otras cosas. Emuasa (empresa suministradora de agua) comenzó las obras para instalarle una acometida para poder acceder al agua en la chabola, única medida para 'mejorar' su situación de exclusión residencial extrema, con la mediación de entidades solidarias privadas. Sin embargo, la obra fue paralizada al mismo tiempo que el Ayuntamiento emitía una orden de derribo del antiguo solar industrial y de la chabola en ella situada.

La pasividad de la Administración es constatable cuando sabemos que la familia lleva más de quince años inscrita como demandante de vivienda social en el ayuntamiento de Murcia. La familia estuvo presente en la acampada realizada en La Glorieta, en el encierro en el Ayuntamiento y en las posteriores mesas de negociación, donde participaron familias chabolistas, promovida por la extinguida Plataforma de la Mendicidad, en 1998.

Esta situación fue presentada en la jornada denominada «Propuesta integral para la erradicación del chabolismo en Murcia», celebrada en la consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, a partir de la que se ha creado a finales del mes pasado una mesa de trabajo donde, por cierto, una vez más tampoco han participado familias afectadas. En esa jornada se presentó un pequeño diagnóstico realizado a través de una muestra de 58 sistemas habitacionales, de los que 51 pueden ser categorizados como hiperprecarios ni siquiera se les puede denominar infravivienda, y siete viviendas, de las que sólo en cinco casos se les puede calificar con reservas como vivienda digna, tras haber sido incluidos en procesos de realojo. La mayoría de familias, 237 personas de las que 53% son menores viven en chabolas, derribos, automóviles. Como resumen señalamos en esa jornada que el 94,8% de los sistemas habitacionales analizados no tiene un equipamiento adecuado, que el 88% tiene déficits estructurales, y sólo un 33% tiene agua potable. El 50% de los sistemas habitacionales están situados en entornos que no presentan los equipamientos básicos, y que casi el 70% de ellos sufre hacinamiento.

El primer efecto de esa exposición ante los poderes públicos (ayuntamientos de Murcia y Alcantarilla y la consejería) fue un artículo de opinión del consejero Antonio Sevilla, que tituló Erradicación del chabolismo. De la exclusión social a la vivienda digna (La Opinión, 8 de julio de 2013). El título, copiado de una diapositiva de la presentación del diagnóstico sobre el chabolismo, hacía referencia a una de las familias que había sido incluida en un proceso de realojo, familia que, gracias a que una de sus miembros cobraba un salario, podía pagar el alquiler de la vivienda que se le había facilitado. Este proceso fue considerado como un caso ejemplar de «buena práctica de realojo». En el artículo, el consejero Sevilla recoge algunas de las críticas y de las propuestas de la presentación haciendo un ejercicio de eufemización experta y las convierte en una mercancía para vender un capital simbólico en forma de imagen benevolente de lo que su consejería hace con la erradicación del chabolismo, «uno de nuestros compromisos», escribía. Pero este caso de marketing político llega más lejos cuando envían a periodistas a entrevistar a la familia y exponerla en el espacio público para volver a vender la «gran labor de los agentes involucrados».

Pero la realidad es otra. Los dos planes de vivienda estatales y regionales de los últimos ocho años recogen todo un articulado para la erradicación del chabolismo. El impacto de las políticas públicas en Murcia es mínimo, como hemos mostrado. El chabolismo de los intersticios de la ciudad no está incluido de esos 'mapas de infravivienda' de los que habla el consejero, y el aumento de los asentamientos informales de chabolas en los últimos años tras el estallido de la burbuja inmobiliaria ha sido ya evidenciado en los medios de comunicación regionales. La principal política ante esta situación ha sido el desalojo sistemático y sin alternativa habitacional, ejecutado por la Policía y con la violencia de las excavadoras a través de la Mesa de Trabajo de Asistencia y Vigilancia de Asentamientos del ayuntamiento de Murcia. ¿Qué podemos hacer? preguntaba una responsable de Vivienda del ayuntamiento de Murcia en la jornada citada. La Constitución, las últimas recomendaciones de la UE, e incluso hoy el consejero Sevilla, reconocen como único abordaje de este grave problema de exclusión residencial extrema la intervención del Estado con el objetivo de promover vivienda social; además, en la región hay 129.127 viviendas vacías, y el Defensor del Pueblo presentó un informe que observaba que la Regio?n de Murcia cuenta con «264 viviendas de promocio?n pu?blica desocupadas o vacías a fecha de septiembre de 2012». Creo que la respuesta y las propuestas (que tienen ya encima de su mesa) pueden elaborarse sin dificultad, y ponerse a trabajar con responsabilidad y honestidad. Por cierto, parece que hoy no va a hacer frío.