Justo cuando el número de abortos ha caído en 8,5% en la Región y un 5% en el conjunto de España, el gobierno de Mariano Rajoy se dispone a aprobar una contrarreforma de la ley del aborto que nos retrotrae al pasado. La presión de los obispos y de los sectores más conservadores sobre el ejecutivo es una realidad que está condicionando fuertemente la política del PP. Prueba de ello es la ya aprobada ley de educación de José Ignacio Wert, y esta última del aborto, capitaneada por Alberto Ruiz Gallardón.

Ambos proyectos, fuertemente contestados por gran parte de la ciudadanía, están siendo utilizados por el Gobierno para incitar a la confrontación ideológica, cuando lo que necesita este país para hacer frente a la brutal crisis económica que padecemos es precisamente todo lo contrario. El del aborto, además, sirve para solapar los escándalos permanentes que atenazan al PP.

Volver, como pretende Gallardón, en el caso de la nueva ley del aborto, a la ley de supuestos de 1985, restringiendo todavía más aquella norma con la eliminación del supuesto de malformación del feto y la introducción de nuevas medidas prohibitivas, supondrá un grave retroceso social con el que ni siquiera están de acuerdo todos los diputados de la derecha. Bastaría hacer un sencillo ejercicio de memoria para recordar que durante los ocho años que el PP gobernó el país, con Aznar a la cabeza, la ley de interrupción del embarazo aprobada por el anterior gobierno socialista no fue objeto ni de debate ni de modificación.

Y eso que en la segunda legislatura, de 2000 a 2004, el partido de Aznar disponía de una holgada mayoría absoluta. Ahora, sin embargo, un Rajoy dubitativo, acorralado y debilitado se alía con los sectores más reaccionarios para convertir a las mujeres en "personas tuteladas", haciendo prevalecer su ideología sobre el derecho de éstas a decidir sobre su cuerpo o maternidad.

Conviene recordar, por otro lado, que la ley que regula actualmente la interrupción del embarazo -una ley de plazos que ha supuesto un avance en seguridad jurídica respecto a la anterior norma- es equiparable a las que están vigentes en los países de nuestro entorno, como es el caso de Francia, Alemania o Gran Bretaña, donde existe un consenso sobre este derecho que no se ve alterado por la alternancia de la derecha y la izquierda en el poder. Un consenso que se sustenta en el principio de que en las democracias avanzadas la moral de una parte de la sociedad no debe ser impuesta al resto.

Con la eliminación de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva, queda claro que lo que pretenden los sectores más conservadores del PP y de la Iglesia es introducir en España la legislación más restrictiva en materia de aborto de Europa. Una vuelta a la hipocresía y a los años oscuros en que las mujeres que querían interrumpir su embarazo tenían que viajar al extranjero, si podían permitírselo económicamente, o someterse a operaciones clandestinas sin garantías sanitarias, jugándose la salud, la vida o la cárcel.