Me siento ante el teclado del ordenador por si llega la inspiración me encuentre en posición de recibirla, cuando me salta la duda personal de escribir sobre un tema tan serio como es la defraudación que se produce a muchos acreedores cuando el deudor comerciante se declara en concurso de acreedores y se quedan a la sopa boba todos aquellos que han confiado vanamente en cobrar sus créditos. Mientras el concursado sigue usando su mercedes o el todoterreno, incluso aunque el concurso sea declarado judicialmente culpable, y no fortuito. Si encima es fraudulento, entre los leasing y la separación de bienes de su cónyuge, se van a comer ya las gambas solo de una en una y no a pares como hasta entonces.
Y es que se ha creado un registro público concursal obligatorio desde el 15 día de febrero del 2014, conforme al Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre. Su finalidad es que los bancos (aunque éstos seguro que ya lo sabían), los acreedores, los socios comerciales y los consumidores tengan una información oficial y fiable sobre los casos de insolvencia, garantizándose, por los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España „que serán los encargados de gestionar este Registro„, el principio de unidad de información concursal de todas las resoluciones de los juzgados de lo mercantil y de los distintos registros públicos. Asimismo se facilitará la máxima accesibilidad a la información de los deudores concursados, a través de Internet.
La otra cuestión en la que me debatía era abordar con fino humor y delicada ironía lo que está pasando con Hacienda y la Infanta (Hafanta). El tema es tan serio que lo entiendes de esta manera o acabas sintiéndote como ciudadano y contribuyente a las arcas públicas, recibido a puerta de gayola, capeado, lanceado, banderilleado, muleteado y finalmente, estocado. Flaco favor se le está haciendo al sexo femenino en general con todas estas mironas de los negocios de sus maridos, que no se enteran de nada aunque firmen contratos y, por supuesto, vivan a cuerpo de sultanas moras gracias a los chanchullo de sus maridos. O quizás son tan listas que se hacen las tontas cuando les conviene. Me inclino por esto último.
Y también flaco favor se está haciendo a la monarquía con tanto ocultamiento de la actividad de la esposa de Urdangarin. Al anticipo del fiscal antes que el juez decida sobre si imputa o no a la infanta (que, por cierto, es de libro) oponiéndose al mismo antes de que suceda (insólito), se unen ahora los ceses en la cúpula del ministerio de Hacienda. Y es que la Agencia Tributaria acepta como gastos de Aizoon tres supuestos pagos a Diego Torres (imputado) de casi 70.000 euros por ´asesorías´, cuando anteriormente habían afirmado que era una factura cruzada ficticia (curioso). De esta manera, la cuota defraudada por la infanta Cristina ya no es delito fiscal al no superar 120.000 euros (ahora lo entiendo). Menos mal que el sindicato mayoritario (después de lo de Andalucía falta les hace a los sindicatos reivindicarse) de técnicos de Hacienda, dice que la Agencia Tributaria ha calculado lo defraudado incluyendo como deducibles gastos improcedentes, engañando así a un juez (lo que va siendo ya habitual). ¿A que aún le sale a devolver?.
Por eso decía que más vale en estas fechas tomarse las cosas con calma y sentido de la defraudación. Pues de lo contrario podría entrarnos el gafe del viernes 13, y hoy no llevo puesto el lazo rojo contra el mal de ojo.
