La semana pasada fui invitado a una de esas comidas que organizan importantes empresarios de la Región de Murcia, en la cual, además de llenar el estómago, tienes la oportunidad de compartir inquietudes y experiencias con algún personaje importante del mundo empresarial.

Muy interesante me pareció la intervención durante todo el meeting del invitado en cuestión, Humberto Carbajal, director general y vicepresidente de Operaciones de Jacobs, compañía de ingeniería de más de 70.000 personas y presente en más de treinta países. Inteligente, argumentativo en cada respuesta, estructurado en su discurso y aplicando en cada una de sus opiniones eso que tanto me gusta, el sentido común.

Además de las pertinentes loas realizadas a su propio trabajo y a la empresa en la que presta sus servicios, perfectamente justificadas y avaladas por la categoría de la empresa y de su cargo en cuestión, los allí asistentes nos interesamos mucho sobre la visión que se tiene de España en el extranjero.

Efectivamente, todos pudimos comprobar cómo la actuación de los Gobiernos en materias tales como las energías renovables unida a la cantidad de burocracia a superar por las empresas para acometer proyectos en nuestro país viene a significar que, por culpa del Gobierno, se nos vea como algo más parecido a una república bananera con aspiración a país democrático desarrollado, que como un país serio y de primer orden de la Unión Europea.

Lo que más me gustó de toda su intervención, teniendo en cuenta que soy el presidente de una asociación que difunde el pensamiento liberal, fue una frase que repitió hasta la saciedad y de la que se mostraba plenamente convencido: «Lo que por la ley nace, por la ley muere». Sobre el asunto catalanista, sobre el marco impositivo, sobre el mercado laboral y sobre la capacidad de los individuos y empresas españolas. Cada vez que intervenía sobre un asunto, en algún momento de la intervención insistía: «Lo que por la ley nace, por la ley muere».

Debemos invertir la tendencia ya. Resulta que los políticos legislan sobre todo lo que es posible legislar, ponen cientos de miles de trabas a la actividad empresarial de empresas y autónomos, y al inicio de actividad empresarial (emprendedores). Y después impulsan con planes y más planes el fomento del emprendedurismo, el comercio exterior, y otras cosas por el estilo.

Lo más preocupante es que los ciudadanos de a pie exigimos a los políticos la puesta en marcha de estos planes. Estamos tan acostumbrados a pedir que ya no sabemos lo que pedimos. Se nos olvida que cada vez que se presenta uno de esos planes implica un gasto por parte de la Administración, y ese gasto viene de lo que pagamos con nuestros impuestos. ¿No será más fácil, rápido y eficiente no quitar el dinero de nuestros bolsillos?

Es necesario en este nuestro país acometer con valentía una profunda y gran desregulación, suprimir obligaciones a los administrados: declaraciones de tal, impuesto de cual, registro de no sé qué, tasa de qué sé yo. En el mercado laboral por ejemplo, más de cuarenta tipos de contrato, cuando el parado lo único que quiere es trabajar, y así podríamos estar una semana poniendo ejemplos.

Aproveché mi intervención para solicitar de tan lúcido directivo una reflexión sobre la nueva burbuja que se está creando en este país: los emprendedores. Si bien es cierto que es bueno promover el autoempleo, no es menos cierto que no puede constituir la única alternativa de salida de la crisis. En el ámbito empresarial, desde las Administraciones públicas se está tendiendo a implantar planes (que por desgracia es equivalente a repartir subvenciones) para que cada vez haya más emprendedores. La problemática que se origina en este sentido es doble: por un lado, más que emprendedores animamos al personal a convertirse en autónomos subvencionados, ineficientes económicamente, que basan el inicio de su actividad en la subvención que reciben que, además de que sale de sus impuestos tal subvención, tendrán que devolver mediante el pago de tantos y tantos modelos de la agencia tributaria. Por otro lado, y este me parece más importante, si cabe, se están olvidando los Gobiernos de establecer un marco general interno tal que las empresas medianas y grandes, sin llegar a ser multinacionales, empresas de entre cien y quinientos trabajadores, sigan creciendo, innovando y generando riqueza, que estas empresas sean los verdaderos protagonistas de nuestro sistema productivo porque, entre otras cosas y a buen seguro, serán menos vulnerables a próximas crisis económicas que el emprendedor ineficiente que tiene el negocio abierto gracias a las subvenciones, que se irá al paro, que no será capaz de devolver la subvención y que se irá, ahora sí, a esa mediana empresa a pedir trabajo. Imagínense lo que contestó para gozo mío el invitado: «Lo que por la ley nace, por la ley muere y morirá».

En este sentido, por poner sobre la mesa una propuesta concreta, soy partidario de proponer la obligatoriedad por parte de las Administraciones públicas de que cada vez que presenten un plan o anuncien una medida, tanto desde la perspectiva de implementación burocrática cuanto en la nota de prensa que repartan a los periodistas expresen concretamente dos cosas: una, lo que se han gastado en preparar el plan, y dos, lo que se van a gastar de mis impuestos año a año en el plan. Atiéndase que digo gastar y no invertir, conste.

Espero tomaran buena nota de lo comentado en aquella comida los representantes que allí había de Croem (que pronto tienen elecciones), de los partidos políticos (que pronto habrá cambios) y de los sindicatos (que en la comida sí estaban pero no se sabe donde más están).