La violencia no es gratuita, es política

Por supuesto no asistimos a nada parecido en España. La escenas de violencia observadas en la pasada huelga general revelan sin embargo el grado de excitación en el que se encuentran los huelguistas y las fuerzas del orden, en especial la Policía Nacional. Ante estos hechos, cabe preguntarnos si la violencia dirigida contra los manifestantes respondió únicamente al mantenimiento del orden público o presenta en cambio un sesgo ideológico. Tal y como afirman numerosos testigos y vídeos en Internet, los acontecimientos que tuvieron lugar en Murcia en la avenida Libertad en la tarde del 14N fueron una encerrona deliberada sin otro objetivo que apalear a los manifestantes que diversos medios se empeñan en calificar interesadamente como piquetes violentos. En concreto, un miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, conocido por su carácter dialogante, sufrió golpes que requirieron su hospitalización y posterior intervención quirúrgica. La supuesta caída al origen de tal lesión alegada por la Policía para explicar este incidente es, por tanto, difícil de creer como probablemente se demostrará en los tribunales.

Desde hace años corren rumores sobre la presencia de militantes y simpatizantes de organizaciones de extrema derecha en la filas de la Policía. Pese a los esfuerzos de periodistas y sociólogos, esto nunca ha podido ser demostrado dado que dichos terrenos de investigación son difícilmente accesibles a un observador externo. No obstante, en el siglo XX europeo, la ascensión de partidos/milicias de inspiración fascista ha estado acompañada de estrategias de crispación y de infiltración en las fuerzas del orden, desplegadas frente a la incrédula mirada de los ciudadanos, que consideraban la democracia y el Estado de Derecho como dados por supuesto. El axioma según el cual un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla es en realidad un tópico que nunca ha sido demostrado, resultado tal vez de un bienintencionado optimismo antropológico. Esto no impide que el razonamiento sociohistórico nos proporcione elementos de explicación de la actual situación política que pide a gritos un poco de inteligibilidad.

De este modo, a la hora de justificar los desmanes de la Policía frente a supuestas hordas de sanguinarios piquetes, el discurso sobre la equidistancia de las responsabilidades y sufrimientos entre dos bandos „que durante tanto tiempo dominó la interpretación oficial de la guerra civil„ es a menudo empleado. Sin pretender desacreditarlos, creemos que estos argumentos, como los árboles esconden el bosque, tienden a encerrar la realidad en un análisis simplista y autocomplaciente. Todos recordamos el «algo habrán hecho» que entonaron los vecinos de los desaparecidos chilenos y argentinos a la hora de mirar hacia otro lado y que hoy día avergüenza a sus ciudadanos. Y, tal y como recordaron las tribunales franceses en 1987 y 1998 en los procesos contra Papon y Bardie (altos funcionarios cómplices de la Shoah durante la Segunda Guerra Mundial), una orden legal pero ilegítima debe de ser desobedecida a riesgo de convertir a su destinatario en autor o coautor de un crimen. Estos ejemplos tan alejados de nuestra situación pretenden ilustrar la necesidad del ejercicio de la responsabilidad ciudadana, que yendo mucho más allá del derecho a voto, especialmente en situaciones de crisis, es el plebiscito de cada día.

Por todas estas razones, la violencia policial que, repetimos, no es gratuita sino ideológica, no puede ser ignorada o subestimada. El delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, haría bien, por tanto, en rendir cuentas a la ciudadanía y explicar públicamente los hechos protagonizados en Murcia por la Policía Nacional de la que es responsable. Sabemos que no lo hará, no tanto por la incultura democrática que caracteriza al PPSOE, sino porque nos encontramos, en definitiva, ante una prebenda, es decir, otro cargo público vacío de contenido político real más allá de su salario y su coche oficial.