El consejero Bernal sigue ´erre que erre´ con su idea de recortar un año sí y otro también, el presupuesto de las Universidades públicas de la Región, mientras, los equipos rectorales, impotentes ante la situación, parecen conformarse con el recorte si, a cambio, recuperan parte de la deuda que todavía mantiene la Comunidad.

El principio de acuerdo parece estar en un ´plan de pagos´ a seis años que permitiría a las Universidades compensar el recorte anual y que, en el caso de la Politécnica de Cartagena, UPCT, no está muy claro que fuese suficiente para cubrir sus necesidades, por lo que continúa el tira y afloja entre las partes con, al parecer, una fecha límite para el acuerdo, el 27 de noviembre.

Este día coincide con la fecha fijada por la Universidad de Murcia, UMU, para reunir al Claustro, por lo que la idea del rector Cobacho es poder presentar el hipotético acuerdo y someterlo a la opinión de los representantes de la comunidad universitaria al mismo tiempo que, según nos aseguran, sometería su gestión a la confianza del máximo órgano de dirección universitaria.

Mientras tanto, sigue coleando el asunto de la No-Apertura de Curso en la UMU. Quienes aseguraban que había sido un error del Comité de Resistencia organizar una protesta ese día, cuando precisamente en el discurso de apertura el consejero Ballesta «iba a anunciar que había un acuerdo para el pago de la deuda»; ahora, un mes más tarde, tienen que reconocer que todavía no hay nada concreto.

Es decir, que alguien mintió, alguien intentó criminalizar la protesta dando a entender que era inoportuna y perjudicial para los intereses que se querían defender, los de las Universidades públicas. ¿Mintió el trío BBV (Bernal, Ballesta, Valcárcel) a la UMU generándole falsas expectativas? ¿Mintió el equipo rectoral para dejar en evidencia a los manifestantes? ¿Mintió la prensa? ¿Mintieron todos? ¿Mienten ahora al decir que hay un principio de acuerdo? ¿Mentirán los días previos al claustro para apaciguar los ánimos de la comunidad universitaria?

Para colmo, y siguiendo con la criminalización de los actos de protesta del Comité de Resistencia, la UMU informa que se está investigando lo sucedido en el solemne acto de apertura de curso, (no sabemos si por iniciativa propia o por ´presiones políticas´), que la Inspección de Servicios ha revisado los vídeos y fotografías y que se citará a declarar a los profesores/as, personal de administración y servicios y alumnos/as que aparecen en las imágenes para, en su caso, tomar medidas disciplinarias.

Una forma como otra cualquiera de ´motivar´ a la comunidad universitaria y al Comité de Resistencia en el ejercicio del derecho a manifestar su protesta contra los recortes que sufrimos y en defensa de una universidad pública, de calidad y accesible económicamente para todos/as.

Para concluir, y dejando aparte la ironía, que no está la cosa para bromas, confiemos en que las aguas vuelvan a su cauce, que la clase política se dé cuenta de lo importante que es la Universidad pública en esta sociedad, que cesen los recortes, porque ya no hay de dónde recortar más, que de una puñetera vez paguen lo que deben, que ya está bien, y que el equipo rectoral se posicione y se deje de zalamerías con quien no las merece.