Lanzados están los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España. A primeros de este mes se reunieron en varias sesiones todos ellos en Albacete, y por lo interesante y claro de sus declaraciones, me animo a reflejarlas hoy.
Por lo pronto, han pedido al Consejo General del Poder Judicial que sean ellos los que se reúnan con el ministro de Justicia para organizar el futuro de ésta y no solo los consejeros del Poder Judicial (CGPJ).
De su declaración institucional destaco que en el preámbulo dicen algo tan duro como que «ante la gravedad de la situación generada por diversas iniciativas legislativas» se reunieron con el presidente del CGPJ para hacerle llegar sus opiniones. Sobre el futuro de la organización judicial realizaron diversas reflexiones, llamándome la atención esta frase: «La falta de voluntad política de hacer de la Justicia una prioridad, en un contexto de crisis económico-financiera, propicia un insoportable estado de opinión que cuestiona no sólo su efectividad sino su independencia. Ello ha conducido a una disminución de la confianza de la ciudadanía en sus tribunales que socava su legitimidad democrática. Urge poner fin a esta situación». Más claros, rotundos y hartos no pueden estar.
Respecto al Estatuto de la Carrera Judicial también son claros cuando afirman por escrito que la planta judicial es insuficiente y su distribución, obsoleta, obligando al juez a asumir una carga de trabajo superior a la racional. El juez español, manifiestan, ha trabajado siempre, y también ahora, en un contexto de enormes deficiencias estructurales y tecnológicas que lastran la eficacia y efectividad de su función, lo que le acarrea un continuo desprestigio.
Y en ese sentido, dos propuestas del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, fueron aprobadas por los demás: Una, referente a la planta y demarcación judicial, para lo que se propone un pacto de Estado entre el Consejo, el ministerio y la autonomías a fin de conseguir un modelo de Administración de la Justicia que sea homogéneo. Y otra, la necesidad urgente de diseñar y ejecutar un plan integral de modernización tecnológica de la Justicia.
Así están las cosas. Con reivindicaciones incluso sobre la independencia judicial. Con aviso de huelga y con referencias a la legitimidad democrática. Hacía tiempo que los jueces no hablaban tan alto y claro. Ni se mostraban tan cansados de que no se les haga caso por los otros poderes del Estado.
No basta, pues, con que te cueste 2.500 euros un pleito sólo en tasas (las minutas de los profesionales del Derecho aparte), para llegar al Tribunal Supremo (si tienes dinero, pues de lo contrario no se deberán cobrar) a tenor del nuevo Proyecto de Ley, para que la lentitud endémica de la Justicia se reduzca (solución paliativa, pero no curativa), sino que se precisa algo más, un Poder Judicial que pueda dar respuesta a las exigencias legítimas de los ciudadanos, con unas garantías, seguridad, y prontitud dignas de un Estado de Derecho.
