Los cargos públicos que falseen cuentas y oculten datos contables podrán ser inhabilitados durante diez años cuando entre en vigor la ley de transparencia que ayer anunció el Gobierno de Mariano Rajoy. Las infracciones más graves en materia económica y presupuestaria serán consideradas delictivas y conllevarán multas y destituciones. La iniciativa es tan positiva como necesaria para combatir el déficit y desvanecer la opacidad de no pocas Administraciones públicas que han ocultado el gasto para multiplicar su capacidad de endeudamiento en una diabólica espiral que les ha llevado casi a la quiebra. Su aplicación homologará a España con las grandes democracias occidentales que ya cuentan con reglamentos similares. Lo extraño es que hayan pasado 35 años desde que se promulgó la Constitución para desarrollarla.

Igualmente saludable será el código del buen Gobierno que deberán asumir los políticos y las prácticas de transparencia que pretenden imponerse. El acceso a la información institucional va a ser regulado. Es un avance que contrasta con la resistencia que han mostrado hasta ahora algunos gestores autonómicos y locales, incluso a la hora de responder a peticiones de los distintos grupos de oposición. Lo público es de todos y, por tanto, todos tenemos derecho a conocer con completo detalle en qué se gasta nuestro dinero y como se administra.

Bienvenido sea, pues, el anteproyecto de ley y esperemos que resulte de largo alcance.