Racismo institucional en España

iene razón el secretario general de la ONU cuando habla de actitudes privadas y políticas públicas. En estos tiempos de crisis económica, el racismo ha aumentado en nuestra sociedad: las últimas encuestas del CIS revelan que la percepción que la ciudadanía española tiene de la inmigración ha empeorado conforme avanzaba la crisis. Hay un porcentaje importante que piensa que hay demasiados inmigrantes y que, en nombre de la ´preferencia nacional´, apuesta por el endurecimiento de las políticas sobre inmigración, cuestionando la igualdad de trato; por no hablar de los grupos que promueven activamente la confrontación social y el desprecio a los valores democráticos.

A ello se suma el discurso público de muchos sectores políticos que insisten en presentar a los extranjeros como culpables de los males de la sociedad o fuente de delincuencia. Es evidente que estos discursos son posibles porque a los extranjeros se les sigue considerando personas de segunda categoría, que no alcanzan el nivel de ciudadanos. Y es que la igualdad de derechos no es posible con las actuales normativas de extranjería, y ello no puede sino fomentar las actitudes de racismo y de xenofobia. Por ello desde Convivir sin Racismo hemos insistido y seguimos insistiendo en su profunda modificación.

Pero si las actitudes discriminatorias menudean en las actitudes privadas y políticas, más peligroso es que asistamos a prácticas de racismo institucional, aquel que es promovido o alentado por las propias instituciones. Podríamos citar bastantes ejemplos en diversos ámbitos, pero es en las actuaciones del ministerio del Interior donde encontramos alguno de los ejemplos más graves y preocupantes. Consideramos, especialmente, que el aumento de las identificaciones y redadas indiscriminadas, por un lado, y la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), por otro, son dos buenas muestras de vulneración flagrante de los derechos humanos en España y en nuestra región.

Pese a que las identificaciones masivas con criterios étnicos (o perfil racial) están prohibidas en nuestro ordenamiento legal, su práctica ha sido constante en los Gobiernos anteriores, tanto populares como socialistas. Su existencia salta a la vista, a veces de forma hiperbólica: los varios centenares de inmigrantes detenidos en la redada masiva de Torre Pacheco en 2008 demostraron lo que en toda España era, y es, una evidencia. Desde entonces, los controles destinados a población de aspecto extranjero abundan por estaciones de transporte, barrios con alta concentración de población inmigrante, supermercados, centros de salud o locutorios. Por estas prácticas continuadas, España ya fue condenada en 2009 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y el Consejo de Europa, en su Informe sobre España de 2010, también exigía el cese de estas detenciones por perfil étnico. Pero, según el propio Anuario del ministerio de Interior, en 2010 hubo casi siete millones de identificaciones en la vía pública. El sindicato policial SUP denunció el mes pasado que en Madrid existen instrucciones y cupos para hacer estas detenciones, que llegan a suponer cerca de la mitad de las efectuadas, en detrimento de la legalidad vigente. En Murcia, los controles en las cercanías de estaciones de autobuses o centros de atención social, como Jesús Abandonado, son crecientes. Cualquier persona con una sensibilidad mínimamente democrática tendría que exigir el cese de estas prácticas policiales que atentan contra los derechos humanos de las personas afectadas.

Muchas de estas personas identificadas son detenidas por carecer de documentación y pueden acabar en un CIE. Los CIE españoles, incluido el de Murcia, están en el centro de atención informativa. La muerte en meses pasados de dos personas, Samba Martine e Idrissa Diallo, internadas en Aluche y Barcelona, han puesto de manifiesto, trágicamente una vez más, sus carencias y oscuridad. Sus muertes reabrieron de nuevo el debate sobre el cierre de estos centros.

Centenares de organizaciones sociales venimos, desde hace años, demandando que «el Derecho no se detenga en las puertas de los CIE», por considerarlos como una especie de pozo negro en nuestra democracia. Son lugares carcelarios para personas que no han cometido más delito que no tener la documentación en regla. Pese a que la propia Ley de Extranjería preveía la elaboración de un reglamento que los regule, estos centros siguen siendo lugares opacos, una especie de limbo legal, en el que no se garantiza la plena vigencia de los derechos de las personas allí detenidas. Son espacios hurtados a la supervisión de la sociedad civil o a la plena supervisión judicial. Y estas son afirmaciones compartidas desde múltiples asociaciones de derechos humanos como Migreurop o Amnistía Internacional, sino también por el propio SUP o los jueces de vigilancia del CIE de Madrid.

Es necesario aclarar las reglas y por ello exigimos que, en la necesaria y urgente elaboración de su reglamento se tenga en cuenta la opinión de la sociedad civil y de las instancias judiciales. Se trata de garantizar eficientemente la vigencia de todos los derechos que asisten a estas personas, su supervisión efectiva judicial y la debida atención sanitaria, legal y social.