En la mañana del pasado jueves acudí a Puente Tocinos, en respuesta a la llamada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en solidaridad con una nueva familia que iba a ser desahuciada. No es mi intención entrar en los datos concretos del suceso, del que la opiniÓn ha informado suficientemente. Sin embargo como testigo directo de los hechos, no puedo dejar de hacer patente mi queja y denuncia pública de una actuación policial excesivamente violenta y desproporcionada ante un grupo de personas, que en una actitud pacífica y moderada tratábamos de conseguir que el desalojo se evitara o se pospusiera con el precedente de una gestión previa, en curso, con la entidad bancaria demandante, el Banco de Valencia.

De nada sirvieron las explicaciones de los miembros de la Plataforma de Afectados ante el representante judicial y los mandos de la Policía. E implacablemente los agentes se emplearon tan a fondo, como si actuaran ante una banda de malhechores o terroristas, haciendo uso de un grado de violencia inadmisible en aquel escenario; jóvenes, mujeres y hombres, españoles e inmigrantes, fueron arrastrados cual bestias inmundas €ni siquiera se salvó de esto el cura Joaquín Sánchez (portavoz de la Plataforma) con sus más de cien kilos de humanidad€, llegándose al despropósito de la exhibición y empuñamiento de armas de fuego. La cordura de los sufridos agredidos evitó que los hechos llegaran a mayores y el desahucio se cumplió inexorablemente.

De lo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca protagonizara en otros ámbitos aquel mismo día no puedo dar testimonio, pero sí de cuanto sucedió en el contexto de los accesos a vivienda desahuciada en Puente Tocinos: un verdadero despropósito y una desmesura por parte de las ´fuerzas de orden público´, inconcebible en un Estado democrático y de Derecho.

Asaltan mi mente severos interrogantes, a los que yo mismo no encuentro respuesta: ¿A qué órdenes obedecía el comportamiento y la reacción tan desmesurada y tan desconsiderada de la Policía Nacional? ¿Qué ´orden público´ estaba en juego o qué grave conflicto estábamos creando para tan violento castigo? ¿Era el interés general el que trataban de salvaguardar o los meros intereses especulativos del Banco de Valencia, que semanas atrás había sido rescatado con recursos públicos? ¿Puede un representante judicial o policial amenazar con quitar la tutela sobre los hijos si no se accede al abandono de la vivienda que se pretende desahuciar? Si la decisión estaba tomada de forma tan implacable ¿no pudo la Policía evitar el encuentro anticipándose a los miembros de la Plataforma? ¿No pudo haber planteado una estrategia más sutil e inteligente con una ´operación sorpresa´, como en otras ocasiones? ¿Con tan injusta €dudo si legal€ acción, el Banco de Valencia mejorará su situación financiera? ¿Tras el desahucio, las cuentas del Banco de Valencia habrán mejorado notablemente, para comprender que rechace el pago de un alquiler transitorio por parte de la familia desahuciada? ¿No sería el objetivo último aumentar el nivel de angustia de quienes se encuentran en tan dramática situación, para su sometimiento incuestionable a los intereses de quienes en su día concedieron un préstamo a todas luces inviable? ¿Y cómo comprender que el delegado del Gobierno, responsable último de los hechos como máximo mandatario en la Región de la Policía Nacional, se despida de su función con esta carga sobre sus espaldas, cuando a muchos nos consta su sensatez y hombría de bien?