Constitución y especulación

Ignoro por qué la responsable del PSOE enfatizó precisamente esta cuestión, justo tres meses después de que el Congreso de los Diputados, con los votos de PP, PSOE y UPN, aprobara una tan fulminante como antidemocrática reforma constitucional que dejó de esta guisa el artículo 135: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta». Es decir, constitucionalmente, los banqueros y los fondos de inversión que negocian con la deuda soberana española tendrán total preferencia a la hora de cobrar del presupuesto público. Ignoro qué otro nombre tiene esto que no sea el de alentar la especulación contra aquélla.

Efectivamente, quienes manejan los mercados financieros conocen que, a partir de ahora, por mucho que especulen contra los bonos españoles y, consiguientemente, por muy alta que se sitúe nuestra prima de riesgo y muy elevados sean los intereses a pagar, su abono está garantizado constitucionalmente, aunque tras su devengo las arcas del Estado queden absolutamente exangües. Antes cobrará el especulador de un fondo de alto riesgo que haya atacado nuestra deuda que un jubilado español: el alimento a la avaricia está servido.

Este precepto no se contiene en ninguna otra Constitución del mundo, a pesar de que algunas de ellas ya han incluido, o están en trance de hacerlo, la sacralización del déficit 0 (o casi), lo que conlleva (sobre todo dada la prioridad en el caso español de pagar la deuda) una fuerte restricción del gasto social y de la inversión. Así que, bien la señora García Retegui ignora la reforma que su partido, acompañado del partido del señor Rajoy, ha imprimido sobre el texto constitucional; bien conociéndola desconoce su significado último; bien, finalmente, es consciente de su alcance pero desea convencerse a sí misma y a los demás de que su partido jamás, en comandita con la derecha, sacrificaría en el altar de los mercados nuestra ley de leyes, tal como ha hecho con el conjunto de la política económica desde mayo de 2010.

Pero la violación de los principios sociales de la Constitución no sólo se llevó a cabo el 6 de septiembre en el hemiciclo parlamentario. El mismo día 6 de diciembre último, en la conmemoración del aniversario de la Carta Magna, mientras Zapatero y Rajoy, hermanados en el discurso de Bono y tomando el segundo el testigo del primero, celebraban un texto que teóricamente defiende la democracia y la soberanía nacional, ambos mandatarios daban una nueva puñalada tanto a una como a la otra prestando un respaldo acrítico a la propuesta de nuevo tratado de la UE de Merkel y Sarkozy; apoyo sumiso hasta el punto de otorgarlo aun desconociendo sus detalles: bastaba que viniera de quien venía.

Detalles que días después hemos conocido: austeridad impuesta y vigilada a nuestras cuentas públicas; recortes sin atisbo alguno de crecimiento. Nada de eurobonos ni de Banco Central Europeo ejerciendo como prestamista de última instancia.

En definitiva, entrega del presupuesto de las naciones a los especuladores internacionales. Alemania y sus bancos enseñoreándose de Europa, fijando el tamaño de la tijera que hemos de aplicar a la sanidad, a la enseñanza y a las pensiones, mientras llenamos las arcas de los bancos una y otra vez, no para que den crédito a familias y empresas, sino para que se lucren con la deuda pública especulando contra ella. Porque ahora, en España, lo pueden hacer con la Constitución en la mano, aunque algunos no se hayan enterado.