El pasado 9 de junio, día de la Región de Murcia, se celebró un acto oficial, como cada año. Y, como cada año, asistió al mismo el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y también, como cada año, el protocolo lo colocó más allá de lo razonablemente admisible. Ya he reivindicado en más de una ocasión que el tercer poder del Estado debe figurar tras el Ejecutivo y el legislativo. El resultado siempre ha sido el mismo: ni caso. Pero como buen opositor que fui, no me rindo. Y vuelvo a plantear la cuestión de manera respetuosa, pero clara. ¿De verdad el poder judicial debe estar representado en un córner, por detrás de muchas, muchas, autoridades que no representan un poder del Estado, bien porque no lo son, o bien porque ya estaba representado ese poder por otras personas colocadas en puestos preferentes?
Hasta tal punto fue la cosa, que incluso alguno de los que estaban por delante del citado presidente en el protocolo trataron de cederle el puesto por vergüenza torera. Cosa que, como es natural, no fue aceptada por el representante del poder judicial, por educación, modestia y prudencia.
El Consejo General del Poder Judicial ha permanecido a veces en funciones durante muchos meses por falta de acuerdo de aquellos que deberían renovarlo. Más recientemente, tras seis meses también en funciones por haber finalizado su mandato, tres magistrados del Tribunal Constitucional renuncian a su puesto, ya que los poderes políticos no se ponen de acuerdo tampoco en nuevos nombramientos (renuncia que no fue aceptada por el presidente de dicho Tribunal). Es evidente que no debe ser importante que cada uno esté en el puesto que le corresponde.
Es cierto que todo esto no tiene mucha trascendencia y es lo que menos le interesa al ciudadano, pero es un detalle más de lo que significa para los otros poderes del Estado el poder judicial. Mal podemos esperar que se invierta en que funcione adecuadamente la Justicia cuando ni en los pequeños detalles se le da su lugar. Siempre estamos callados y eso es bueno en tanto actuemos como jueces, pero la libertad constitucional de expresión unida a la crítica constructiva, para que todo funcione mejor, es lo que me ha llevado a quejarme educadamente, no como juez sino como un ciudadano más que ama la Justicia, para que vayamos trabajando todos en esa mejoría.
Aquí mismo, en nuestra Región, tenemos un ejemplo de falta de inversiones económicas: las transferencias de Justicia a la Región de Murcia, que después de ser anunciadas a bombo y platillo y crearse incluso una consejería ad hoc resulta que una semana antes se suspenden sine die. Y encima ahora ya se ha suprimido hasta dicha consejería.
Las normas de protocolo fueron bien aplicadas ese Día de la Región; lo que están mal son las reglas, que probablemente procedan de cuando aún no había Tribunal Superior de Justicia en nuestra Comunidad y dependíamos orgánicamente de la Audiencia Territorial de Albacete. Y digo yo: ¿es más fácil cambiar la Constitución que esas normas?
Mucho me temo que al año que viene, si Dios quiere, volveré a escribir sobre lo mismo.
