El Gobierno ultima la ponencia para activar el traspaso de Cercanías a Euskadi

Los técnicos de diferentes ministerios, bajo la batuta de Política Territorial, trabajan contrarreloj para activar los primeros traspasos de competencias de la legislatura. El mes de marzo es la primera fecha marcada en el calendario, según los compromisos adquiridos con el gobierno vasco. El departamento dirigido por Ángel Víctor Torres está ultimando los detalles para convocar la ponencia técnica la próxima semana. La antesala de la Comisión Mixta de Transferencias para materializar el traspaso de Cercanías a Euskadi. Se trata de la principal competencia de un primer paquete en el que se prevé incluir también la homologación de títulos universitarios y el sistema de acogida de inmigrantes.

Desde el ministerio de Política Territorial insisten en el ‘café para todos’ para poner “al mismo nivel” a todas las comunidades autónomas. La prioridad es “cerrar los acuerdos alcanzados con todos los territorios”, subrayan las mismas fuentes. El traspaso de Cercanías se ha abierto a los territorios que lo soliciten, pero más allá de Andalucía, cuyo presidente lo reclamó en público, son Euskadi y Cataluña quienes han abierto este proceso con el Ejecutivo al estar incluido en los acuerdos de investidura. En el caso de Cataluña, la histórica reivindicación del traspaso de Rodalies se plantea como “integral” y será gradual, a través de una nueva sociedad participada por el Estado y la Generalitat.

El traspaso de Cercanías a Euskadi ya se avanzó en la pasada legislatura al fijarse las líneas e infraestructuras incluidas, pero sin acuerdo sobre el descuento en el Cupo vasco del coste de los trenes. La nueva propuesta del Estado, que ultiman los números dos de Política Territorial y Transportes, estará esbozada la próxima semana con el objetivo de que el Gobierno central y vasco cierren un acuerdo para materializar la transferencia en marzo. Con las elecciones vascas previstas en el segundo trimestre del año, el calendario apremia para acudir a los comicios con estos acuerdos cerrados.

El PNV podrá erigir en campaña la bandera de los avances en el autogobierno, aunque el Ejecutivo está haciendo equilibrios con EH Bildu para corresponder su apoyo en la investidura. Los abertzales, en su pugna electoral con el PNV, están priorizando la agenda social. En la negociación del último decreto anticrisis arrancaron la prórroga para la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional durante todo el año 2024. Asimismo, pactaron con el Gobierno incluir la prohibición de los cortes de suministros básicos y el mantenimiento de la tarifa para calderas comunitarias.

Pese al acuerdo en Pamplona entre socialistas y abertzales para darles la Alcadía a estos a través de una moción de censura, tanto en Ferraz como en el PSE-EE aseguran que su pretensión pasa por mantener sus actuales pactos de Gobierno con el PNV. Circunscriben el pacto en la capital navarra a un asunto de política local, por la falta de presupuestos, y en la cúpula del PSOE tranquilizan a los jeltzales asegurando que su "asociación estratégica" con el PNV “es de presente y de futuro”.

Segundo paquete

El acuerdo de investidura con el PNV establece un plazo “improrrogable” de dos años para activar el resto de competencias de acuerdo con el Estatuto de Gernika. Sin embargo, en el ministerio de Política Territorial reconocen que algunas competencias entrañan “más dificultades” que otras. La principal es la relativa al Régimen Económico de la Seguridad Social. Si bien desde el PNV la alentaron como prioritaria, el Gobierno enfrió este traspaso desde el primer momento por no estar singularizado en el pacto e identificarlo como el más complejo.

La consejera de Gobernanza del País Vasco, Olatz Garamendi, subrayaba tras su primera reunión con el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que dicha transferencia "no es algo discutible". Eso sí, bajo una normativa “que siempre va a ser del Estado” y, por tanto, sin romper la denominada ‘caja única’. Las competencias que sí podrían integrar un segundo paquete, al haber estado sobre la mesa en la anterior legislatura, son las relativas a Gestión del Litoral, Meteorología, Fondo de Protección a la Cinematografía o Salvamento Marítimo. Sobre esta última, en el acuerdo de investidura se precisan modificaciones normativas para que la Ertzaintza asuma su protección.

Deuda y financiación

Frente a la estrategia del ‘café para todos’, con la que el Gobierno busca minimizar el coste de sus cesiones a los independentistas y al mismo tiempo dividir a los barones del PP, Génova empuja a los presidentes populares a rechazar la quita de deuda. Un compromiso de investidura con ERC para Cataluña que se extenderá al resto de comunidades autónomas. En la dirección del principal partido de la oposición tildan esta quita como "pan para hoy y hambre para mañana" e, incluso, una “trampa”, para llamar a los suyos a priorizar un nuevo sistema de financiación autonómica.

El valenciano Carlos Mazón apuesta por una condonación de la deuda, al igual que el andaluz Juanma Moreno, pero siempre que encajen las cifras. Hacienda todavía no ha publicado el cálculo con las cifras que corresponderían a cada comunidad. A falta de establecerse los criterios sobre la quita de la deuda en otras comunidades, desde el Gobierno defienden que “beneficiará a todos los territorios sin excepción”. Asimismo, el presidente de la Junta de Andalucía reclama el traspaso de los trenes de Cercanías "con las mismas condiciones" y “garantías" de las pactadas con la Generalitat.

Mientras Andalucía está a la espera de que se convoque la comisión mixta de transferencias o una comisión bilateral, en el ministerio de Política Territorial presumen de que hasta la fecha han llegado a un total de once acuerdos con distintas comunidades autónomas. Su objetivo pasa por contradecir por la vía de los hechos el discurso de que los acuerdos de investidura generarán desigualdades territoriales, incidiendo en que los traspasos se efectuarán según el interés de cada territorio y en función de sus respectivos estatutos de autonomía. Muestra de este ‘café para todos’ fue la aprobación en el último Consejo de Ministros de 2023 de la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las comunidades con régimen común que la soliciten.