Guía para no perderse en la vista del Tribunal de Cuentas que juzga a Puigdemont y Junqueras

Pese al registro de una ley de amnistía que perdonará la responsabilidad penal, administrativa y contable de todos los actos cometidos para ayudar a la independencia de Catalunya desde 2013 hasta al pasado día 13, el Tribunal de Cuentas mantiene la vista que tenía previsto realizar este viernes para juzgar la responsabilidad contable a la que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y otras 33 personas se enfrentan por el 1-O y la acción exterior del Govern. Así se espera que trascurra la vista:

Amnistía

Como no podía ser de otra forma la amnistía sobrevolará toda la vista, pero difícilmente impedirá su celebración, porque la presentación de proposiciones de ley no está incluida en la ley de enjuiciamiento civil como causa, señalaron fuentes del Tribunal de Cuentas a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. En cualquier caso, la decisión está en manos de la consejera Elena Hernáez, encargada de juzgar el presunto perjuicio que se causó a las arcas de la Generalitat con el 1-O y la acción exterior del Govern.

El Tribunal de Cuentas rechaza que Puigdemont declare por videoconferencia y ERC pide suspender la vista

Esquerra ya solicitó la suspensión de la vista el martes, porque "puede acarrear cargas procesales innecesarias", teniendo en cuenta de la ley cuenta con la mayoría para salir adelante antes de que la sentencia que se pueda dictar sea firme. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha informado en contra de la petición al entender que la presentación no figura entre las causas previstas para suspender una vista ya señalada. No obstante, lo previsible es que la necesidad de suspender el juicio sea esgrimida al comenzar la vista por prácticamente todas las defensas, dada la inminencia de la promulgación del perdón anunciado.

Interrogatorio de parte y testifical

Si la consejera opta, como se espera, por seguir adelante con la celebración de la vista, al no existir formalmente una ley de amnistía, porque aún no ha sido promulgada, las partes presentarán la prueba documental que entiendan conveniente para la defensa de sus respectivos intereses. A continuación se procederá a escuchar a los dos testigos admitidos en la vista que se celebró hace casi un año, uno de ellos, la que era interventora general del Estado cuando se produjo el 'procés', María Luisa Lamela.

El Tribunal de Cuentas rechaza suspender el juicio contable contra Puigdemont por el 'procés'

El expresidente de la Generalitat está citado como demandado en lo que en esta jurisdicción se conoce como interrogatorio de parte. El exconseller Lluís Puig y los exaltos cargos de la Generalitat Josep Manuel Suárez Iborra y Martí Anglada Birulés solicitaron el pasado lunes que declarara por videoconferencia, pero al no haber solicitado hasta ahora la celebración de la prueba telemáticamente, la consejera ha rechazado su petición. Nadie espera que Puigdemont acuda a declarar, porque está huido de la justicia española desde el otoño de 2017. Venir ahora a España, pese a la inminencia de la amnistía, no le evitaría un arresto que lleva años evitando en cuanto pise territorio nacional. La orden de arresto dictada en su contra por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del 'procés', sigue en vigor y no decaerá hasta que aplique la ley de amnistía, lo que ocurrirá cuando entre en vigor.

Conclusiones por escrito

A diferencia de en un proceso penal, en la jurisdicción contable, la fiscalía y la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana no tienen que por qué elevar sus conclusiones verbalmente al final de la vista. La consejera Hernáez dará este viernes, tras realizar todas las pruebas, un plazo para que las dos acusaciones presenten por escrito sus conclusiones y, cuando las conozcan, presentarán las suyas las defensas. Hasta ahora Sociedad Civil Catalana calculaba el descalabro hecho a la Generalitat en más de cinco millones, mientras que el ministerio público lo calculaba en 3,4 millones.

Sentencia

Presentadas las conclusiones por las partes, la consejera dispone de 20 días para dictar sentencia, que en caso de condena supondrá la restitución a la Generalitat del dinero público distraído del fin que le correspondía, aunque el Govern siempre ha defendido que no hubo ninguno, lo que motivó en su día que la Abogacía del Estado abandonara el procedimiento. La cantidad solicitada por las acusaciones fue afianzada en su día con avales del Institut Català de Finances.

Recursos y firmeza

La sentencia que dicte Hernáez puede ser recurrida ante los otros tres consejeros que componen la sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas: Rosario García, Diego Íñiguez y su presidenta, Rebeca Laliga. La resolución que dicten puede ser aún recurrida ante el Tribunal Supremo. De ahí que sea muy complicado que haya una resolución firme sobre la responsabilidad contable del 1-O y la acción exterior del Govern antes de la promulgación de la amnistía, lo que significará que los condenados, si los hubiera, acabarán siendo amnistiados y la cantidad impuesta en ese caso no será cobrada. La proposición de ley presentada señala que en el procedimiento contable "la amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del proceso".