En Génova creen que Miguel Ángel Rodríguez dejó que Casado y Egea se cebaran con información falsa
La sensación en buena parte del PP es que la cúpula nacional luchaba con desesperación para encontrar algo contra Ayuso y Rodríguez nunca quiso sacarles del error sobre el famoso contrato a su hermano
El combate público que Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso han mantenido esta semana tuvo la mañana del viernes su último asalto. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el propio presidente del partido habían acusado directa e indirectamente a la dirigente madrileña de prácticas cercanas a la corrupción, por la implicación de su hermano en un contrato de suministro de mascarillas. Se lo puso cifra incluso a la comisión recibida: 286.000 euros. Así lo recoge El Periódico de España.
Al principio Génova se limitó sólo a filtrar el dato, pero la mañana del viernes Casado, en su entrevista en Cope, pronunció ese mismo este dígito. Unas horas después la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo público un comunicado en el que explicaba que Tomás Díaz Ayuso había hecho gestiones a favor de la empresa Priviet Sportive para comprar mascarillas en China y trasladarlas a Madrid y precisó por primera que por ese trabajo percibió 55.850 euros.
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"MAR los ha tumbado"
Para la inmensa mayoría del PP, ahí se acabó la pelea. Fin de la partida política y derrota absoluta de Génova. Tan estrepitosa que el presidente popular se avino por la tarde a mantener un encuentro con Ayuso para buscar un acercamiento. Génova intenta vender ahora que por fin tienen la información que llevan meses requiriendo a la presidenta madrileña. La teoría que recorre el PP en las últimas horas es que Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso "los ha tumbado", que durante todo este tiempo dejó que manejaran datos erróneos sobre el contrato que la dirección nacional había puesto en el disparadero para forzar a la dirigente autonómica a no presentarse al congreso del PP. "Les cebó para que pensaran que tenían algo contra ella", aseguran fuentes de la organización. "Y mordieron el anzuelo".
El viernes había una pregunta recurrente en el PP: ¿Y por qué Ayuso no desveló antes el dinero que había cobrado Tomás Díaz Ayuso? A la luz de esta hipótesis la respuesta parece obvia. Evidentemente, reflexionan otras fuentes del partido, la Comunidad de Madrid disponía de toda la documentación. La oposición había levantado la libre de los contratos del hermano de Ayuso, gracias a una información que les llegó de manera anónima. Se solicitó una comisión de investigación que finalmente, el apoyo de Vox, reconvirtió en un pleno monográfico. Por supuesto, insisten, "qué conocían que había".
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Una ratonera
Y no sólo eso, razonan. Sabían que datos manejaba Génova porque "cada vez el círculo al que se lo contaban era más amplio". No les sacaron de su error y ellos, a pesar de todas las indagaciones que hicieron, no se molestaron en comprobar bien que eran correctos.
Que la estrategia de Rodríguez estaba diseñada de antemano lo corroborarían también otros datos: el momento en que el espionaje a Ayuso sale a luz, justo después de las elecciones autonómicas de Castilla y León, o la buena factura del pronunciamiento que la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo el jueves tras las informaciones de El Confidencial y de El Mundo. "Un discurso así no se improvisa. Ni su contenido ni el modo en que ella lo enunció".
Miguel Ángel Rodríguez, reiteran las fuentes consultadas, "les ha conducido a una ratonera" y durante todo este tiempo Casado y Egea "no han sido conscientes de nada". "Es una humillación para el hombre que aspira a gobernar España y lidera la oposición", sostienen, al margen del tremendo malestar que existe en el PP por "acusar de corrupta a una compañera de partido".
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En manos de la Justicia
Esta es la sensación de las filas populares pero lo cierto es que la oposición ha puesto en manos de la justicia discernir si la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue correcta, si ese contrato, del que su hermano resultó finalmente beneficiado, fue escrupuloso con la legalidad y con la ley autonómica del alto cargo y también los contratos menores que han recaído en una firma de Tomás Díaz Ayuso.
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