El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado la ampliación de la plantilla fiscal en 66 plazas, con lo que el Ministerio Público contará con un total de 2.473 efectivos. Cuatro plazas se han destinado a la Fiscalía General del Estado --dos para trabajar en asuntos relacionados con la Criminalidad Informática y otras dos lo harán en temas de Cooperación Penal Internacional-- mientras que se crean cuatro nuevas plazas para la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada.
Según ha precisado el Ministerio en una nota de prensa, el objetivo es adecuar los medios en consonancia con la actividad del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Por ello, dedican mayor número de fiscales para afrontarla y adecúan la plantilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la de aquellas fiscalías provinciales en las que el fenómeno es más acusado.
"Se han diseñado unidades de investigación en las Fiscalías en las que la corrupción y las formas complejas de delincuencia económica están teniendo mayor incidencia", concreta la nota de prensa.
La ampliación de la plantilla orgánica de la Fiscalía llevaba paralizada tres años, mientras que en los ejercicios 2012 y 2014 han seguido incorporándose nuevos miembros a la carrera fiscal como consecuencia de la convocatoria de pruebas selectivas de acceso en 2011, 2013 y 2014. En junio de 2015 está prevista la incorporación de 50 nuevos abogados fiscales.
"Esta situación produce un desequilibrio entre los miembros de la carrera fiscal y el número de plazas de la plantilla, lo que genera que haya fiscales en situación de expectativa de destino sin que se les pueda asignar la titularidad de una plaza, cuya situación es preciso regularizar", indica Justicia.
Fiscalías provinciales
El Real Decreto de creación de nuevas plazas modifica, además, la denominación de la Fiscalía de Manresa-Igualada que pasa a llamarse Fiscalía de Área de Manresa-Igualada-Vic. De la misma manera las Fiscalías de las tres provincias del País Vasco adaptan su nombre a la denominación oficial de las mismas en dicha comunidad autónoma, por lo que pasan a ser Fiscalía de Bizkaia, Araba/Álava y Gipuzkoa.
Asimismo, se crea la Sección Territorial de Amposta perteneciente a la Fiscalía Provincial de Tarragona y la Sección Territorial de Inca en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
En cuanto a las Fiscalías provinciales, Justicia destina el mayor refuerzo, 11 fiscales, a Cataluña. Le siguen Madrid y Andalucía con 10 plazas nuevas y la Comunidad Valencia que contará con 8 nuevos representantes del Ministerio Público. Illes Balears se dotará con cuatro, Islas Canarias y Castilla La Mancha con tres y Murcia y País Vasco con dos. Por último Aragón, Extremadura y Galicia contarán con un fiscal más.
