El PSOE espera cerrar "hoy o mañana" con el Gobierno el acuerdo contra el terrorismo yihadista que negocian desde hace varias semanas, aunque todavía quedan "cuestiones por resolver" referidas a la "línea roja" que los socialistas marcaron desde el principio con el rechazo a la prisión permanente revisable.
Según ha explicado la secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Meritxell Batet, tras la reunión de la comisión permanente de la ejecutiva federal, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder socialista, Pedro Sánchez, volverán a hablar antes de que se cierre el acuerdo.
"No sé si el pacto se podrá firmar hoy o mañana. Lo relevante es llegar a un acuerdo y, si no puede ser hoy y es mañana, no es de mayor trascendencia", ha apuntado la dirigente socialista.
Respecto a si la firma tendrá lugar en Moncloa o en el Congreso, ha señalado que los aspectos formales o la escenificación del acuerdo es algo sobre lo que los socialistas hablarán "después de haber llegado al acuerdo".
Principales escollos en la negociación
En la negociación que han mantenido en las últimas semanas, uno de los escollos principales entre PP y PSOE ha estado en la referencia en el texto a la prisión permanente revisable para los terroristas con asesinatos a sus espaldas, que finalmente se ha retirado del documento, en el que se sustituye el término por 'la mayor de las penas previstas'.
Así se remite a lo contemplado en el Código Penal que se tramita en el Parlamento, y que sí recoge esa prisión permanente revisable.
Los socialistas confían en que se ese precepto nunca será efectivo porque esperan derogar esa pena del Código Penal cuando lleguen al Gobierno.
PP y PSOE han acordado también que la consulta de páginas web de contenidos yihadistas no sea delito salvo que esa visita tenga como finalidad cometer un atentado.
La prisión permanente revisable y el control de las páginas yihadistas eran las dos "líneas rojas" que se había marcado el PSOE para cerrar un acuerdo con el Gobierno del PP.
Superadas esas dificultades, el Ejecutivo defiende que este acuerdo refuerza la unidad del Gobierno, el PP y el PSOE en la lucha contra el terrorismo yihadista.
Críticas del resto de partidos
No obstante, y a la espera de que esa proposición de ley orgánica llegue al Congreso, al margen del acuerdo PP-PSOE, el pacto sólo cuenta con el respaldo de formaciones minoritarias como Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias.
El resto de las fuerzas políticas han criticado la forma de negociar un pacto "precocinado" por los dos grandes partidos y, por ello, ya han anunciado que no lo firmarán.
Desde IU, Cayo Lara ha lamentado que su grupo haya sido excluido de las negociaciones y ha advertido de que a su formación no le gustan "las mesas puestas".
Lo "mínimamente democrático", ha dicho Lara, habría sido que el Gobierno hubiera reunido a todas las fuerzas parlamentarias para consensuar un acuerdo contra el terrorismo yihadista, porque así podría haber sido posible el entendimiento, ha asegurado.
Crítica que también llega de UPyD, que no está dispuesto a hacer el "paripé" y "aparentar" una pluralidad que nunca ha existido.
Carlos Martínez Gorriarán ha criticado el acuerdo entre PP y PSOE primero por haberlo "cocinado" solos y también porque incide en el endurecimiento de penas y no en la prevención de un terrorismo, que aún dará "muchos disgustos".
En CiU avanzan que no firmarán el pacto por no haber estado en las negociaciones desde el principio, aunque sí ven probable apoyar el texto en su tramitación parlamentaria, añadiendo las enmiendas que consideren oportunas.
Tampoco estampará su firma en el acuerdo el PNV, que también ve complicado apoyar la proposición de ley durante su paso por el Congreso.
De forma paralela a este acuerdo, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización, con el que pretende prevenir todo tipo de actitudes extremistas violentas, entre ellas, la captación de yihadistas.
Según ha explicado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con este plan se busca "cortar la cadena de transmisión de la radicalización" y creará las "estructuras necesarias" para detectar "a tiempo" los focos de extremismo.
Entre 1996 y 2012, siete de cada diez condenados por yihadismo se habían radicalizado parcial o totalmente en España, ocho de cada diez a través de internet.
