Las centrales nucleares españolas se someterán a unas pruebas de estrés adicionales impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que van "más allá" de las acordadas por el conjunto de la Unión Europea, con el objetivo de establecer los requisitos para mitigar las consecuencias derivadas de un ataque externo, como por ejemplo, el impacto de un avión comercial o de una explosión, pero sobre todo, del incendio que esto pudiera provocar.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, quien ha explicado que esta segunda Instrucción Técnica Complementaria (ITC) adicional a la europea, es de obligado cumplimiento para las plantas atómicas españolas. "Cada país es soberano en el alcance de las pruebas. Las europeas son el mínimo denominador común. A partir de ahí, cada país tiene capacidad de ir más allá y ser más exigente", ha señalado.

"Se pretende comprobar los medios y recursos sea cual sea lo que inicia el suceso, un avión, un ataque terrorista o una explosión de gas", ha detallado.

A este respecto, ha manifestado que "es muy posible" que las centrales tengan que implantar nuevas medidas e invertir recursos y, en ese contexto, "puede haber plantas a las que no les resulte rentable", por lo que si no las adoptan, tendrán que cesar la operación.

Asimismo, Martínez Ten ha indicado que si incluso si con la implantación de nuevas medidas complementarias, se considerase que una central no podría responder a escenarios extremos, "tendría que dejar la operación".

Las pruebas consisten en someter a examen al parque nuclear español a situaciones que, aunque sean "improbables" podrían suceder y, en el caso de España, el director técnico de protección radiológica, Juan Carlos Lentijo, ha reconocido que el sistema de protección física en todos los Estados tiene en cuenta el "grado de posible amenaza de atentado", por lo que las centrales se examinarán también por si se produjera un atentado que "pudiera superar lo previsto".

En todo caso, los resultados de las pruebas, tanto las primeras y comunes para el conjunto de los Veintisiete, acordadas para reevaluar la seguridad del parque nuclear europeo, que cuenta con 148 reactores, a raíz del accidente de la central de Fukushima (Japón), no serán públicos, puesto que incluyen aspectos de seguridad de carácter confidencial.

Finalmente, la presidenta del CSN ha anunciado que comparecerá ante el Congreso de los diputados posiblemente en septiembre para informarles de los datos del accidente de Fukushima, de las reuniones europeas y los acuerdos adoptados, etcétera. De este modo, seis meses después del accidente, informará a la Cámara de la situación, al tiempo que ha dicho que "serán necesarias después más comparecencias porque el accidente todavía no ha terminado".