El fiscal general ha explicado en una rueda de prensa que las solicitudes de ilegalización, que se presentarán por el trámite de demanda ordinaria, irán acompañadas, de la petición de suspensión cautelar de las actividades de ambas formaciones tanto ante el Tribunal Supremo como, al día siguiente, ante la Audiencia Nacional.
Ambas demandas se presentarán por la vía del artículo 9 de la Ley de Partidos y alegarán como causa principal la contemplada en el apartado F de dicha disposición como es la "colaboración habitual con organización que de forma sistemática apoya el terrorismo", en referencia a Batasuna.
En el caso del PCTV se alegará también el abono de las retribuciones de hasta 49 personas vinculadas a Batasuna, entre ellas destacados miembros de la Mesa Nacional, lo que -ha dicho el fiscal general- supone una cooperación habitual, además de la cesión del local de este partido en un polígono de San Sebastián para reuniones clandestinas de los miembros de esta formación ilegalizada, entre otras.
En cuanto a ANV, además de la cooperación "efectiva y reiterada", se aportará como causa la contemplada en el apartado A del citado artículo, como es el minimizar las acciones de terrorismo y no condenarlas y, en concreto, se citará la intervención de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, a la que la Fiscalía denunció por enaltecimiento del terrorismo por homenajear a los dos presuntos etarras acusados del atentado de la T-4, y que hoy ha quedado en libertad sin cargos tras declarar ante el juez.
