El lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha leído la declaración en una comparecencia extraordinaria tras la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, arropado por la mayoría de los miembros de su Ejecutivo, en la que ha analizado el fallo del Tribunal Supremo contra Juan María Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, por su negativa a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak,
En su intervención el lehendakari ha denunciado que la sentencia es "muy grave y preocupante" y ha señalado que "ni la entendemos ni la aceptamos" porque, a su juicio, los condenados no han cometido ningún delito, sino que han defendido la autonomía del Parlamento Vasco.
Ibarretxe ha insistido en que "sólo el principio de respeto entre instituciones y pueblos, entre Euskadi y España, puede servir de modelo de convivencia para el futuro" y ha sostenido que ante la actual situación va a dar la "palabra al pueblo" para que sea posible una "respuesta democrática a todo este sinsentido".
A juicio del Gobierno Vasco, la sentencia del Tribunal Supremo "pone en absoluto entredicho la autonomía política del Parlamento Vasco" y el propio autogobierno que, "de forma legítima e histórica, le corresponde a este país".
Ha acusado al Estado de no respetar las reglas "que esta sociedad acordó" y de estar devaluando el autogobierno "hasta límites insospechados", ya que hay un porcentaje de la sociedad que "tiene impedida su capacidad de voto, en contra del derecho al sufragio universal".
También porque "las máximas instituciones y los representantes más cualificados de esta sociedad estamos perseguidos judicialmente".
El lehendakari, en nombre de su Gobierno, ha dicho que la sentencia del Supremo "es un acto más de la labor que inició el PP y el PSOE, por un lado, y Batasuna, por otro, cuando echaron a Atutxa de la Presidencia del Parlamento".
Ha recordado que "populares" y socialistas dijeron que Atutxa, Knorr y Bilbao eran los "abogados defensores de ETA y de Batasuna", mientras que la izquierda abertzale les señaló como los "opresores de este pueblo".
"La misma Justicia española que ha considerado que no es delito alguno que el presidente Zapatero dialogue con ETA -ha subrayado- considera un delito hablar con Batasuna, encausar penalmente al lehendakari y condenar al presidente del Parlamento y a la Mesa por respetar las decisiones soberanas del mismo".
El Gobierno de Vitoria ha argumentado que ante una "espiral sin fin de enfrentamiento y confrontación", la solución no pasa por "achicar la democracia con leyes excepcionales, ilegalizar ideas y condenar a la Mesa del Parlamento que representa a todo un pueblo".
Para el Gobierno Vasco, "hoy más que nunca es necesario tener y mantener la iniciativa política para ofrecer a la sociedad la oportunidad de participar y de expresar democráticamente lo que piensa de todo lo que está sucediendo".
Al terminar la lectura de esta declaración, el lehendakari y sus consejeros abandonaron la sala de la Presidencia del Gobierno Vasco, sin que los periodistas pudieran realizar preguntas.
