El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha decidido intervenir en la polémica actuación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional en la comisión de investigación parlamentaria sobre los atentados del 11-M y ha convocado a la fiscal Olga Sánchez, adscrita al sumario abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 6 por los atentados, para que le ponga corriente del estado de las investigaciones.
Desde que comenzó la investigación, la fiscal Sánchez remite de forma semanal un informe al fiscal general para tenerle al tanto de las líneas de investigación que se desarrollan, así como para informarle de las detenciones ordenadas y los distintos acuerdos adoptados por el juez instructor, Juan del Olmo.
En esta ocasión, sin embargo, Conde Pumpido ha requerido la presencia de la fiscal en las dependencias de la Fiscalía General para conocer de primera mano el estado de las investigaciones.
Esto se produce después de las sorprendentes afirmaciones de Fungairiño, sobre que no tenía conocimiento de la investigación judicial. Sin embargo, la fiscal le informa puntualmente de todas las líneas abiertas. Así lo aseguran fuentes judiciales, que añaden que el de la comparecencia de Fungairiño ante la comisión parlamentaria "no fue un día afortunado" para él. Fungairiño, mientras tanto, no añade nada a sus manifestaciones y se remite a lo ya declarado.
"No fue su mejor día"
Estas fuentes judiciales no comentaron con mucho entusiasmo las declaraciones de Fungairiño y se limitaron a decir que "no fue un día afortunado" para el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Fungairiño no ha dado muestras de que también lo crea. Cuando se le preguntó por su actuación en la comisión de investigación, el fiscal jefe dijo remitirse a lo que había dicho, al testimonio que quedó registrado en las actas del Congreso, ratificándose en todo lo que afirmó.
Entre otras cosas, Fungairiño aseguró que desconocía la existencia de la furgoneta de Alcalá de Henares que utilizaron los terroristas que perpetraron el 11-M, que no lee prensa por "higiene mental" y que pone la televisión sólo para ver los documentales de la BBC. Quizá por eso dijo que todavía hoy no ha descartado que ETA esté detrás de la matanza de Madrid.
Y mientras Fungairiño se reafirma en todo lo que dijo, algunos jueces de la Audiencia Nacional han protagonizado una curiosa anécdota. Según otras fuentes, algunos magistrados decidieron desplazarse hasta la quinta planta de la Audiencia Nacional, en la que se ubica la Fiscalía, para felicitar a Fungairiño por su intervención en la comisión.
Entre los fiscales hay malestar por las palabras de Fungairiño. El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, José Antonio García Jabaloy, aseguró que "no está dando una buen imagen de la Fiscalía". Según dijo, es difícil comprender que "el fiscal jefe de la Audiencia Nacional dijera que desconocía cuáles eran las líneas directrices de la instrucción" y dando a entender que "no tenía mucha idea de por dónde anda la instrucción".
Reclaman su destitución
No está prevista una reunión específica para analizar las declaraciones de Fungairiño ante la comisión de investigación parlamentaria, pero García Jabaloy aseguró que en el encuentro de la próxima semana del Consejo Fiscal "seguramente se hablará de este tema".
Los grupos de Izquierda Verde, PNV y ERC reclamaron ayer la destitución de Fungairiño. Estas formaciones coincidieron en que Fungairiño se mofó de los comisionados porque es un escándalo que desconozca elementos básicos del 11-M. Por ello, están estudiando enviar a la Fiscalía del Estado el acta parlamentaria con el testimonio de Fungairiño para que analice si ha incurrido en negligencia grave en el ejercicio de sus funciones y le abra expediente.
De opinión contraria es el europarlamentario del PP Jaime Mayor Oreja, quien defendió al fiscal y dijo que se trató de una broma. Por su parte, desde el Gobierno, la vicepresidenta Fernández de la Vega prefirió dejar al margen la polémica y se limitó a decir que "cuanta más información se tenga, menos errores se comente".
Quien también se ha pronunciado sobre esta polémica ha sido el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien recordó ayer que la ley que regula las comisiones parlamentarias de investigación obliga a los comparecientes a decir la verdad.
