Hace casi un año, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Andrés Guerrero, calculó que en el municipio de Murcia existían cerca de 1.000 solares, entre públicos y privados, en un completo estado de abandono, la mayoría de ellos en barrios y pedanías. El entonces edil del principal partido de la oposición recopiló toda la información disponible de estos espacios mugrientos para armar una moción con el fin de exigir al equipo de Gobierno un cambio en la ordenanza para agilizar, en el caso de los terrenos privados, la ejecución subsidiaria.
Tres años antes, el Grupo Socialista llevó a Pleno una moción en el mismo sentido, pero en aquella ocasión pusieron el acento en la creación de campañas de concienciación cívica, en pedir la colaboración de las juntas municipales y en aumentar el personal municipal que participa en la tramitación de las denuncias al respecto. La moción fue aprobada por unanimidad, pero Murcia sigue siendo el municipio de los 1.000 solares.
En realidad, este asunto de los solares es uno de esos problemas endémicos que arrastran las grandes ciudades de España desde hace décadas y que siempre, cuando llegan los meses más calurosos del año, adquieren cierta actualidad porque además de funcionar como foco de infecciones o parque temático para culebras y ratas, se le suma el riesgo de incendios.
A grandes rasgos, el procedimiento que se sigue cuando el Ayuntamiento recibe una denunciada o actúa de oficio ante una de estas parcelas consiste en enviar a los inspectores del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística a la zona, elaborar un informe técnico en el que se identifica al titular del terreno (en ocasiones esta titularidad se ramifica hasta empresas que ya no existen, o es compartida entre varios familiares que se disputan la herencia), y se hace una valoración del coste de la limpieza y adecuación. El protocolo continúa entonces en el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística que redacta un decreto de requerimiento de la limpieza, que firma el propio concejal de Urbanismo; este documento es notificado por el Servicio de Estadística a los propietarios o bien se publica en el BORM si no se localizan. El paso siguiente es la apertura del plazo para posibles recursos o alegaciones y si ese intervalo vence sin respuesta se inician los trámites para la ejecución subsidiaria a costa del interesado. Es entonces cuando entra en escena la empresa adjudicataria del servicio de limpieza (que en Murcia se ha dado recientemente a Pavasal por tres millones de euros), que procede a su limpieza; eso sí, siempre tras la aprobación del presupuesto que presente. El último capítulo de este trasiego burocrático se reduce a emitir al infractor el cobro de los trabajos a través del Servicio de Contabilidad. En definitiva, un protocolo tan garantista y riguroso como ineficaz, que sólo ha logrado acumular en los despachos municipales montañas de expedientes, algunos con denuncias que se extienden durante años.
Hoy Andrés Guerrero no es un concejal de la oposición sino el responsable de la Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica y está dispuesto, haciendo honor a su apellido, a plantar cara a la dejadez irresponsable de los propietarios de esos terrenos desatendidos. Desde su departamento informan que la estimación de solares abandonados en el municipio sigue siendo el millar a pesar de que en el año 2020 se dictaron 212 órdenes de ejecución para la limpieza de estos espacios y que en lo que va de año, desde enero hasta el pasado 7 de mayo, se han alcanzado las 101 órdenes.
Guerrero también señala que el alcalde de Murcia emitirá, con máxima difusión y de manera inminente, «un Bando recordando la necesidad de mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público». También anuncia que en este momento, hay un proyecto de ordenanza en fase de estudio cuya finalidad «será establecer un procedimiento más ágil para lograr la debida adecuación de los solares».
Su departamento trabajará en otra línea paralela: promover la cesión de esos espacios para su aprovechamiento temporal por parte del Ayuntamiento o de colectivos del tejido social, contando antes con la opinión de los vecinos afectados.
