Para circular en vehículo por determinadas zonas del municipio de Murcia los conductores tienen que armarse de paciencia. Acelerar, cambio de marcha, reducir y vuelta a empezar. Un ritual que se repite una y otra vez en carreteras o caminos en los que no hay semáforos y que cuentan con reductores de velocidad en la calzada para limitar la velocidad de coches y motos, pero que en cientos de casos incumplen la normativa y se convierten incluso en «peligrosos» para los ciudadanos.
Así lo considera un empresario murciano, J. G. , quien ha decidido llevar al Ayuntamiento de la capital ante los tribunales por estos badenes que se han convertido en su pesadilla diaria, al tener que transitar por vías en las que éstos no cumplen las dimensiones reglamentarias y que le ocasionan daños en el vehículo y a su salud, ya que afirma que agravan de forma importante sus problemas de espalda.
La lucha de J. G. comenzó en 2018, cuando cansado de tener que circular por zonas en las que los resaltos de la carretera son demasiado elevados decidió encargar y pagar de su bolsillo un informe a un arquitecto técnico para estudiar varios de estos badenes, demostrando que hasta 19 de ellos incumplían la normativa. Algunos de ellos se encuentran en la avenida Virgen del Rosario, el carril Huerto Alix, Senda de Los Garres, mota del Reguerón o carril Torre Caradoc, entre otros puntos, tal y como recoge el documento elaborado por el arquitecto técnico Juan Vicente Megina.
Pero ha sido ahora cuando el propio Ayuntamiento reconoce en un informe reclamado por el juzgado a la Administración local que en el municipio de Murcia hay hasta 431 reductores de velocidad «con alguna deficiencia».
Según la orden del Ministerio de Fomento de 2008 que regula estos badenes, los resaltos en la calzada deben tener menos de un metro de rampa, cuatro de longitud y no sobrepasar los diez centímetros de altura. Unas dimensiones que no cumplen muchos de los analizados en el informe encargado por este vecino de Murcia.
El empresario, asesorado por el abogado Manuel Chacón, decidió pasar a la acción y reclamar información sobre las condiciones de los badenes del municipio de Murcia al Consistorio, pero ante la falta de respuesta de la Administración optaron por presentar un recurso contencioso administrativo, por lo que ahora sí el Ayuntamiento ha tenido que presentar, aunque tarde, la documentación requerida por la juez.
«Tras encargar nuestro estudio comprobamos que la mayoría de los puntos analizados no se adaptaban a la normativa, lo que resulta peligroso para la circulación», indica el letrado, «pero nuestra sorpresa llegó hace unos días cuando comprobamos el elevado número de badenes que no cumplen las normas en el propio informe del Ayuntamiento».
El abogado Manuel Chacón presentó el recurso contencioso administrativo ante el juzgado y éste lo admitió a trámite, por lo que solicitó al Consistorio de Murcia que presentara el expediente en un plazo de 20 días. Esta petición se produjo el pasado mes de enero, según la documentación a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN, pero fue desoída por la Glorieta.
Tras el periodo de inactividad judicial por la pandemia del coronavirus y al haberse superado el plazo dado sin que se cumpliera este requerimiento, el juzgado remite las actuaciones a la UPAD del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Murcia en septiembre de 2020.
Por ello, el pasado 30 de septiembre la jueza vuelve a pedir al Ayuntamiento el expediente sobre los badenes y le da esta vez un plazo de 10 días, advirtiéndole de que de no presentarlo puede exponerse a la imposición de multas coercitivas contra el funcionario responsable.
Ahora sí el Consistorio ha presentado un informe del ingeniero jefe del Servicio de Tráfico en el que se reconoce y nombra hasta 431 resaltos «con alguna deficiencia» en Murcia, barrios y pedanías del municipio. Y la letrada lo ha entregado al recurrente para que en el plazo de 20 días formule la demanda que considere oportuna.
El abogado del denunciante, Manuel Chacón, está estos días terminando de elaborar la mencionada demanda contra el Ayuntamiento, en la que pedirán explicaciones sobre qué se ha hecho para solventar esta situación y después de que este responda será cuando se señalará el juicio.
Los servicios municipales se pasan el problema de uno a otro
En el informe que el Ayuntamiento presentaba hace unos días ante la petición del juzgado, firmado por el ingeniero jefe del Servicio de Tráfico y fechado en marzo de 2019, se mencionan 431 resaltos «con alguna deficiencia». En él el que suscribe llega a indicar que «se ha detectado que algunos no se ajustan a la orden de Fomento», pero «este servicio no dispone de medios para poder actuar en dichos ralentizadores» y remite el listado al secretario técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, para que se actúe desde otra concejalía. A esta petición, el secretario de infraestructuras le contesta unos meses después afirmando que «no es competencia de esta concejalía lo que nos solicitan. Independientemente de que tampoco tenemos medios técniso y económicos para acceder a lo solicitado». Por lo que unos y otros se pasan el problema.
