La mitad de la ciudad está de vacaciones, pero los vecinos de la Plataforma ProSoterramiento siguen en alerta y en las vías para asegurar la llegada del AVE soterrado. Y mientras eso ocurre, a muchos de estos vecinos les siguen llegando las notificaciones de sanciones por faltas presuntamente cometidas durante las manifestaciones registradas en los últimos meses de Francisco Bernabé como delegado del Gobierno en la Región de Murcia. Se les acusa de cometer delitos penados por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza'.

Concretamente, desde septiembre se han notificado más de 40 multas que suman 50.000 euros, según informó Antonio Hernández, portavoz de la Plataforma, que destaca que la mayoría de estas sanciones se impusieron durante el periodo en el que Bernabé fue delegado del Gobierno, es decir, desde noviembre de 2017.

Del total de multas, más de la mitad de las sanciones las está gestionando el propio abogado de la organización vecinal, ya que la plataforma cuenta con un gabinete para que todos los vecinos acudan a sus servicios.

De hecho, Manuel Chacón, el defensor judicial de los vecinos, explicó a LA OPINIÓN que las multas oscilan entre los 600 y los 1.000 euros y que la única que se ha archivado ha sido porque el policía que denunció al vecino no la ha ratificado. «El proceso judicial se ha archivado por la no notificación. No porque las multas se estén quitando con la llegada del nuevo delegado del Gobierno (el socialista Diego Conesa)», aclaró el abogado.

En la misma línea, Chacón quiso resaltar que «nada ha cambiado» con respecto a las sanciones a los vecinos y que desde el colectivo del 'No al Muro' siguen entendiendo «que son ilegales».

Al respecto, Hernández explicó que las multas de 1.000 euros han sido puestas a personas reincidentes, es decir, a quienes ya tienen alguna sanción por lo mismo.

Hernández reconoce que algunas personas han optado finalmente por abonar la multa, incluso después de que pasaran los primeros quince días de ser notificadas. Y es que durante las dos primeras semanas, la Administración ofrece una rebaja del 50% en la cuantía de la sanción por pronto pago.

Por ahora, no se ha celebrado ningún juicio y, todos los denunciados que no han querido pagar las multas han presentado recurso ante el juzgado.

De hecho, después de varios meses comienzan a resolverse estas reclamaciones y, como afirmó Hernández, «ya hay algunas a favor de los vecinos fallando que no hay acción que constituya delito alguno».

Por último, Antonio Hernández recuerda que la última estimación de la campaña de crowdfunding, que pusieron en marcha hace unos meses para ayudar al pago de las multas, ascendía a 15.000 euros. Además, todas las noches hay una hucha en las vías para quien quiera colaborar en el pago de las multas.