La Junta de Gobierno aprobó ayer el pliego de las cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para contratar el servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas municipales de las pedanías de La Albatalía, de San Ginés, La Raya y Sangonera la Verde con un coste de 806.000 euros más IVA. Se incluye en este contrato, mediante cuatro lotes, el pabellón y las pistas de pádel de la Albatalía, el pabellón de San Ginés, los campos de fútbol de Sangonera la Verde-El Mayayo y el campo de rugby de La Raya.

El plazo de duración de los contratos será de dos años contados desde el 1 de enero de 2018 o desde su formalización si ésta fuera posterior, pudiendo ser prorrogados por un período máximo de dos más.

Los lotes en que se divide el contrato son los siguientes: pabellón y pistas de pádel de la Albatalía y Pabellón de San Ginés. El importe máximo por el período inicial del contrato para este lote asciende a la cuantía de 285.231euros, más el 21% de IVA (Lote 1); campo de Rugby de La Raya. El importe máximo por el período inicial del contrato para este lote asciende a la cuantía de 147.399 euros, más el 21% de IVA (Lote 2); campo de fútbol de césped natural y campo de fútbol de césped artificial en Sangonera la Verde-El Mayayo. El importe máximo por el período inicial del contrato para este lote asciende a la cuantía de 217.042 euros, más el 21% de IVA (Lote 3); y Polideportivo El Palmar II (Pistas de pádel y futbol 8). El importe máximo por el período inicial del contrato para este lote asciende a la cuantía de 156.393 euros, más el 21% de IVA (Lote 4).

La Concejalía de Deportes y Salud, dirigida por Felipe Coello, para prestar un buen servicio público, teniendo en cuenta que en la actualidad las instalaciones deportivas objeto de este informe son utilizadas por escuelas de deporte escolar, centros docentes, así como las reservas y el libre uso por los vecinos de las mismas, es necesario su mantenimiento, conservación y limpieza en condiciones. Esto permite el uso al que han sido destinadas, fomentando a su vez la práctica del deporte como forma de vida saludable y garantizando, a los usuarios de las instalaciones deportivas, la continuidad en los servicios públicos prestados.